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| 10/15/1984 12:00:00 AM

LA CARTA DE CONTADORA

Saltando matones, los cancilleres de Contadora buscan respaldo para firmar un Acta de Paz.

LA CARTA DE CONTADORA LA CARTA DE CONTADORA
Aunque las últimas reuniones del Grupo Contadora parecieron darle nueva fuerza a la iniciativa de negociar un tratado general de paz para la región centroamericana, sus gestiones aún están lejos de ayudar a aliviar los complejos conflictos que forman parte de la realidad de cada uno de los países del área. Esta vez, Contadora avanzó al lograrse un comunicado conjunto que firmaron los nueve cancilleres asistentes, y que se considera a un paso de la adopción final del Acta para la Paz y la Cooperación en Centroamérica.
Además de los cuatro integrantes del Grupo Contadora -Colombia, Venezuela, México, y Panamá-, adhirieron su firma al documento los representantes de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Los gobiernos de estos cinco países centroamericanos deberán contestar, antes del 15 de octubre próximo, al nuevo texto del acta que les fue remitido junto con una carta de los cuatro cancilleres de Contadora en la cual, con un sentido de "urgencia", se les pide respaldar los compromisos jurídicos contenidos allí en consideración a la persistente amenaza de empeoramiento de la situación actual.
Sin embargo, antes de lograr la firma de los nueve participantes, hubo que superar obstáculos originados dentro del Grupo. Gracias a la intervención de los cancilleres de Panamá y México quienes amenazaron con denunciar ante la comunidad internacional a cualquier país que sin argumentos quisiera abandonar la negociación, se desechó la idea de pasar a manos de la Organización de Estados Americanos (OEA) las gestiones que desde Enero de 1983 viene adelantando Contadora. El hondureño José Hernández fue quien recomendó la propuesta que posteriormente acogió el Presidente de Costa Rica, Luis Alberto Monge, quien había señalado por esos días que "Contadora es un fracaso", después de la reunión de su grupo técnico en Panamá.
Contadora planea llevar sus acuerdos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que los países miembros de la ONU los respalden. Igualmente presentará su tratado al grupo de no-alineados, al grupo de los 77, y expresamente a Cuba y a los Estados Unidos. A pesar del reconocimiento a los avances dentro de la cuestión diplomática, los nueve cancilleres expresaron su preocupación por la continuación de la militarización en el área, las recurrentes agresiones armadas, los incidentes fronterizos, las acciones de desestabilización, y la presencia militar foránea. La política contraproducente de Estados Unidos hacia la región presenta complicaciones a los avances reales de Contadora por la paz regional, y las peculiaridades de cada uno de estos países requieren recomendaciones diferentes para la solución de sus conflictos internos. La guerra en Centroamérica no existe entre países sino dentro de ellos donde, como en El Salvador y Nicaragua, grupos armados de oposición se enfrentan diariamente a las fuerzas del gobierno. Contadora busca adelantar negociaciones para lograr la paz interna en cada una de esas naciones.
Mientras tanto, el grupo sigue dependiendo de eventos externos que contradicen los objetivos de paz para la región. Esta semana se desató una gran controversia en los Estados Unidos después de la caída de un helicóptero norteamericano en territorio nicaraguense que, según informes del New York Times y del Washington Post, pertenecía a un grupo mercenario denominado Acción Cívico Militar (CMA). Sus dos ocupantes, que resultaron muertos, fueron identificados como Dana Parker y James Powell, integrantes del CMA, quienes participaron en varias misiones aéreas de combate en Vietnam en los años sesentas. El debate sobre la posición hacia Centroamérica del gobierno que encabeza el Presidente Ronald Reagan empezó cuando dirigentes del CMA, basados en el sur de Estados Unidos, declararon al New York Times que habían enviado numerosas misiones de entrenamiento, abastecimiento de armas y otras provisiones a los antisandinistas en Honduras, con la ayuda de altos oficiales hondureños y de oficiales estadounidenses en el mismo país.
El incidente hizo que volviera a emerger la controversia sobre la legalidad del apoyo, directo o indirecto, que el gobierno estadounidense le ha venido dando a los grupos armados antisandinistas. La ley de neutralidad aprobada hace casi dos siglos por el Congreso en ese país y otras disposiciones legales norteamericanas, prohiben cualquier tipo de apoyo a ataques contra gobiernos con los cuales los Estados Unidos está en paz, y manteniendo relaciones diplomáticas. Recientemente se ha descubierto que grupos privados norteamericanos han venido suministrando ayuda, incluído armamento, no sólo a los grupos antisandinistas, sino al gobierno salvadoreño, según declaró para el Washington Post el Mayor Charles McAnerey, principal oficial de logística en la embajada de los Estados Unidos en El Salvador.
Por otra parte, fuentes militares hondureñas han declarado que Chile y Colombia suministran asistencia militar a la "contra" nicaraguense (según informaciones de la revista TIME) y que Venezuela -que junto con Colombia participa de las iniciativas de paz del Grupo Contadora- también asiste militarmente a los antisandinistas, según aseguró Enrique Bermúdez, comandante militar del FDN.
En cuanto a los conflictos de Nicaragua y El Salvador, los dirigentes opositores en ambos países exigen un diálogo con representantes de sus respectivos gobiernos. En Nicaragua la Coordinadora democrática, que aglutina a tres partidos políticos de oposición, sostuvo que el diálogo sería el inicio de negociaciones "para encontrar la paz de Nicaragua" en las que "participarían los grupos alzados en armas". Y el grupo de oposición en El Salvador a su vez, declara que "no habrá una paz duradera en Centroamérica sin que se resuelva el conflicto armado" en este país, y éste no podrá resolverse políticamente si no se da un proceso de diálogo-negociación entre el gobierno y el FML-FDR.
Todo lo anterior es parte de la atmósfera en que se desarrollan las gestiones de Contadora. Cuando los cinco gobiernos centroamericanos contesten el documento resultante de las últimas reuniones de los cancilleres -el nuevo texto del Acta para la Paz y la Cooperación en Centroamérica-, cada país adjuntará sus propias observaciones hacia la elaboración del documento final. En ese momento, probablemente, las diferencias entre las necesidades de cada país van a ser muy claras, y de la habilidad de Contadora para acertar con unas soluciones satisfactorias para todos depende el éxito de sus gestiones para lograr la paz en la región, o por lo menos para encaminarse hacia ella.

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