El Rusiagate no se detiene

Nueva York está de luto desde el martes en la tarde, cuando un hombre de 29 años mató con una camioneta alquilada a 8 personas y dejó heridas a otras 6. La mayoría eran ciclistas que paseaban por el borde del río Hudson al sur de Manhattan. Desde los atentados del 11 de Septiembre, la Gran Manzana no era víctima de un ataque terrorista con tantos muertos.

Sayfullo Saipov, un uzbeko fanático seguidor de Isis, planeó el ataque durante meses y escogió el 31 de octubre porque ese día hay muchas más personas en las calles que de costumbre. Algunos días antes, se ‘entrenó’ con una furgoneta similar a la que usó en el atentado. Su intención era llegar hasta el puente de Brooklyn, uno de los sitios emblemáticos de la ciudad, y allí seguir atropellando durante kilómetros a ciclistas y peatones indefensos.

Sin embargo, impactó contra un bus escolar y Nueva York se salvó de una matanza como la que enlutó a Niza el 14 de julio del año pasado, cuando otro yihadista les pasó por encima a más de 80 personas en el malecón de esa ciudad. Aunque se trata de un ataque inédito en Estados Unidos, la tragedia del miércoles se sumó a la larga lista de atentados en los que se emplean vehículos como arma, entre ellos los cometidos en La Rambla de Barcelona, el centro histórico de Estocolmo, el mercado navideño de Berlín o el puente de Westminster de Londres.

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Como es usual en estos casos, el evento concentró la atención mediática. Pero también le vino como anillo al dedo al presidente Donald Trump, quien hasta entonces había estado a la defensiva por cuenta de las últimas revelaciones sobre el Rusiagate. De hecho, justo después de la masacre, este acusó a los demócratas de haberla propiciado con el programa Visa para la Diversidad, una especie de lotería anual de green cards adoptada en realidad por consenso bipartidista en los años noventa. Pero con mala fe, en su mensaje ignoró que desde entonces ha habido varias propuestas para desmontarlo.

“Tenemos que deshacernos de la inmigración en cadena”, agregó desde la Casa Blanca en una serie de declaraciones deshilvanadas. En estas, prometió mano dura contra los yihadistas, explicó las virtudes de su plan de recorte de impuestos y dio incluso algunas pistas sobre sobre su candidato para dirigir la Reserva Federal (ver artículo en Economía). Antes de reunirse con su gabinete, dijo que evaluará mandar a Saipov a Guantánamo, la prisión que no responde a las leyes de ningún país y que el expresidente Barack Obama trató infructuosamente de cerrar (el viernes desechó esa idea porque esto haría más difícil aplicarle la pena de muerte).

Cortina de humo

El atentado le permitió a Trump retomar la iniciativa, apoderarse de la agenda mediática y pasar al ataque. Pues desde el viernes pasado se sabía que el fiscal especial para el Rusiagate, Robert Mueller, había acusado formalmente a algunos de los sospechosos de la trama. La noticia resultó explosiva, pues se trataba nada menos que del exdirector de campaña del magnate, Paul Manafort, y de su exasesor electoral Rick Gates, a quienes se les imputaron 12 cargos penales. Entre ellos, conspiración contra Estados Unidos, lavado de dinero, declaraciones falsas, trabajos no registrados como agentes en el exterior y ocultamiento de cuentas en el extranjero.

Según la acusación, “Manafort usó la fortuna que tenía oculta en el extranjero para costearse un estilo de vida fastuoso en Estados Unidos, sin pagar impuestos por esos ingresos”. En concreto, lavó 18 millones de dólares, con los que compró carros de alta gama, alfombras persas, trajes de diseñador así como casas y edificios en los sectores más exclusivos de Nueva York y sus alrededores. A su vez, se supo que manejaba tres pasaportes estadounidenses con números de identificación distintos y un teléfono celular registrado a nombre de un testaferro. Gates, por su parte, usó 3 millones de dólares con fines similares. Ambos, dice el texto preparado de Mueller, trabajaron como agentes no declarados del gobierno de Ucrania cuando lo controlaba Víctor Yanukovich, un aliado del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Manafort se enfrenta a una condena de 80 años y Gates, a una de 70.

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Son acusaciones graves, pues desde los tiempos de Richard Nixon nadie tan cercano al Ejecutivo había estado en la mira de la Justicia de esa manera. Trump, sin embargo, reivindicó con un trino esa situación como señal de su inocencia: “Lo siento, pero esto trata sobre un asunto que sucedió hace varios años, antes de que Paul Manafort hiciera parte de la campaña”. Algunos instantes más tarde, agregó: “Y además, ahí NO HAY COLUSIÓN”. Pero estaba cantando victoria antes de tiempo. Primero, porque los delitos de Manafort y Gates se extienden hasta 2017. Segundo, porque al tenerlos contra las cuerdas, Mueller tiene una excelente herramienta para obligarlos a hablar sobre las relaciones de Trump con Rusia.

Y tercero, porque poco después de publicar ese mensaje, los medios anunciaron que otro de sus asesores, George Papadopoulos, no solo está acusado de mentirle al FBI sobre el Rusiagate, sino que desde julio “se ha reunido en varias ocasiones con las autoridades para suministrarles información”. En efecto, su declaración es potencialmente explosiva y permite inferir que sí hubo colusión entre el Kremlin y la campaña republicana.

Según declaró Papadopoulos, poco después de adherir a la campaña de Trump a principios de marzo de 2016, se reunió en varias ocasiones con Joseph Misfud, un profesor con fuertes vínculos con el Kremlin. A finales de mes, este le presentó en Londres a una supuesta ‘sobrina’ de Putin (quien no tiene hermanos, y por lo tanto tampoco sobrinos). Cuando Papadopoulos le informó a su “supervisor de campaña” este lo felicitó por su “gran trabajo”.

El 31 de marzo, en una reunión con Trump y su equipo de seguridad nacional Papadopoulos dijo que podía organizar una cita entre el magnate y Putin. Con esa idea, se reunió con Misfud en Londres el 26 de abril. En ese encuentro, este le ofreció información comprometedora sobre Hillary Clinton. Los rusos “tienen datos sucios sobre ella... tienen miles de correos electrónicos”, dijo Misfud.

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A principios de junio, Manafort, Donald Trump Jr. y Jared Kushner se reunieron en la Trump Tower con una abogada rusa y otras personas cercanas a Putin, que les habían prometido “información muy sensible y de alto nivel” como “parte del apoyo de Rusia y de su gobierno” a la campaña del magnate. “Me encantaría tenerla”, dijo Trump junior en uno de los correos que precedieron el encuentro. A mediados de ese mes, el Comité Nacional Demócrata (CND) denunció que alguien había ‘hackeado’ sus servidores. El 22 de julio, WikiLeaks publicó 20.000 correos electrónicos del CND.

Hasta el miércoles de esta semana, Trump trató de desviar la atención de esos hechos con una historia sobre una venta de uranio a Rusia cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, que habría vulnerado la seguridad nacional. Pero cuando quedó claro que esa hipótesis no tuvo ninguna acogida, Trump optó por denigrar a Papadopoulos e insistir en que Manafort y Gates actuaron por su cuenta. “Papadopoulos es un voluntario de bajo nivel y un mentiroso”, escribió en su cuenta de Twitter, obviando que en 2016 lo había descrito como “un tipo excelente”.

Sin embargo, las acusaciones de esta semana significan un cambio importante para el gobierno. Como dijo a SEMANA Graham G. Dodds, autor de Unilateral Presidential Directives in American Politics, “la acusación hace más difícil para la Casa Blanca hablar de una caza de brujas. También tiene al gobierno de Trump a la defensiva en vez de concentrarse en concretar en el Congreso sus proyectos de política pública”. Entre ellas, una reducción de impuestos en beneficio de los millonarios y sus intereses corporativos, en detrimento de las clases bajas y media.

La dinámica de esta semana puede ofrecer un buen indicio de lo que será el resto de la Presidencia de Trump. Por un lado, la investigación de Mueller está avanzando a pasos agigantados, y todo apunta a que seguirá encontrando grandes boquetes en la defensa de Trump. Por el otro, también resulta claro que el mandatario va a recurrir a todas las estrategias políticas y a las maniobras de distracción imaginables para quitarle peso mediático. Entre ellas, politizar una tragedia como la que el jueves enlutó a Nueva York.