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VENEZUELA

Las verdaderas intenciones de Maduro al proponer una Constituyente

El presidente de Venezuela intentará modificar la Constitución de Venezuela para reestructurar el Estado y aferrarse al poder, mientras niega escenarios electorales futuros.

Víctor Amaya*
2 de mayo de 2017

Las elecciones para gobernadores en Venezuela debieron ocurrir entre noviembre y diciembre de 2016, y las municipales están proyectadas para que se lleven a cabo en 2017. Así lo establece la que según Hugo Chávez Frías es la mejor “Constitución del planeta".

Pero Nicolás Maduro ha convocado una Asamblea Nacional Constituyente "ciudadana y popular" que podría cancelar ambas votaciones y cambiar la estructura del Estado para asegurar más tiempo en la Presidencia.

"Lo único que Maduro quiere con el llamado a Constituyente es evitar un proceso electoral", dice el líder opositor Henrique Capriles quien califica como "fraude" la propuesta de Maduro.

También la palabra ha sido usada por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, al denunciar que el Presidente busca "destruir el sufragio en Venezuela".

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Se había advertido y se cumplió. El Gobierno convocó una constituyente para “secuestrar por completo” el ordenamiento jurídico, los escenarios electorales pendientes y futuros y cerrar los caminos para la sustitución del gobierno. Lo hacen amparados en el artículo 348 de la Carta Magna que le da al Mandatario la "iniciativa de convocatoria".

Pero Vicente Díaz, exrector del Consejo Nacional Electoral, asegura que es el pueblo es el que la ratifica, ejerciendo la soberanía a través del voto con el cual debe decidir si se quiere una constituyente y si se aprueban las bases propuestas para su realización, como ocurrió en 1999, con votación universal como lo establecen los artículos 5 y 63 constitucionales.

Pero Maduro incluso instauró una comisión conformada por ministros y personalidades del oficialismo que presentará las bases del proceso.

El temor de que no habrá elecciones regionales pendientes o municipales futuras lo ratificó el ministro Elías Jaua, quien preside tal comisión, al anunciar que uno de los objetivos es "crear condiciones de estabilidad para poder ir a los procesos electorales en marcha y los que vienen. Necesitamos un mínimo de estabilidad política".

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El abogado constitucionalista Juan Rafalli califica como "cínicas" esas palabras pues "ni siquiera en estados de excepción se puede suspender el derecho al voto, según la propia Constitución. Es decir, siempre hay condiciones para llamar a elecciones". Dice el jurista que si no hay estabilidad suficiente para votaciones regionales "entonces tampoco la hay para ir a una constituyente".

La mutación del sufragio

El chavismo insiste en que la constituyente es una opción democrática. De hecho, Maduro habló de elecciones "directas y secretas", como lo ratificó Jaua, para escoger los integrantes de la Asamblea que redactará una nueva Carta Magna. Pero ambos obviaron el término "universal" ratificando que la escogencia será "territorial y sectorizada".

El primer tipo se concretará con 250 personas electas en todo el país, aunque Venezuela tiene 330 municipios. El diputado Henry Ramos Allup cuestiona que el igualitarismo conduzca a una desproporción pues "pretenden que un municipio chiquito tenga un constituyente y uno grande también".

El segundo método es consultando directamente a los "sectores sociales": obreros, campesinos, indígenas, juventudes, discapacitados, sexodiversos, etc. "Es un concepto muy fascista de democracia corporativa, al estilo de Benito Mussolini en 1932 cuando suprimió la democracia directa del pueblo a través de elecciones por la consulta a sectores interesados y organismos que controla el propio gobierno", explica el también expresidente del Legislativo venezolano. "Yo no soy Mussolini", repitió Maduro el lunes en la noche en al menos tres oportunidades al decretar la constituyente.

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Especialistas advierten en cómo el gobierno controla los ámbitos de participación popular que seleccionarían a quienes participarán en la redacción de una nueva Constitución. La abogada y diputada Delsa Solórzano aclara que las comunas no están establecidas en la actual Carta Magna, "pero tendrán voto para modificarla". Además, esas instancias, así como los consejos comunales, deben estar registradas y reconocidas por el Ministerio respectivo.

Por otra parte, las federaciones sindicales y gremiales reconocidas por el Estado son fundamentalmente de carácter chavista, la mayoría de las cuales tampoco ha acudido a procesos electorales internos. Lo mismo pasa con los movimientos sociales, universidades y demás asociaciones de la sociedad civil.

"Lo que se anunció no es una Constituyente, no se dejen engañar. Es una estafa que agrava el golpe de Estado en Venezuela y busca destruir la democracia. Nicolás Maduro está disolviendo la democracia y la República, por eso llamamos al pueblo a rebelarse", dice Julio Borges, presidente del Legislativo quien hizo un llamado a la Fuerza Armada: "tienen que ser parte de la solución y no del problema y no pueden permanecer callados". 

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Este martes, el Parlamento votó por unanimidad -sin el chavismo- un acuerdo en rechazo a los anuncios de Maduro, incluyendo un llamado a los cuarteles "a todo nivel" para defender la Constitución y reactivar su vigencia. Pero ya el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, dijo que "no puede haber nada más democrático y constitucional que el llamado al poder constituyente", al apoyar la iniciativa del Presidente. "Le damos todo el apoyo a esa propuesta que va a ser un diálogo obligado", añadió el General en Jefe.

Alcances de la constituyente

Hasta ahora, entre las ideas esbozadas por voceros del oficialismo, está darle rango constitucional a las comunas, como también a las misiones sociales y redactar políticas específicas para la población joven del país. Pero Elías Jaua asomó un objetivo adicional al asegurar que "aquí se instaló una concepción del debido proceso que favorece al delincuente".

La semana anterior, la fiscal general luisa Ortega Díaz denunció que en las más de 1.500 detenciones registradas durante un mes en medio de intensas protestas opositoras, se habían registrado violaciones al debido proceso por parte de cuerpos de seguridad, constituyéndose en vulneración de derechos fundamentales. "Cuidado con esa amenaza", advierte Juan Rafallí. "La tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa son casi conceptos universales en el constitucionalismo moderno, y todo reposa sobre las mismas bases: derecho de petición, derecho a la defensa, libertad de pruebas, el juez natural. ¿Pretenden cambiar esos preceptos?".

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Hermann Escarrá, integrante de la Comisión Presidencial, afirmó que la constituyente buscará resolver una supuesta indefensión de la Carta Magna ante quienes quieran agredirla. Jaua completó la idea asegurando que "la Constitución no pudo evitar el golpe de Estado porque no había manera de ejercer autoridad para evitar lo que pasó en 2002". Pero Rafalli recuerda que los artículos 333 y 350 vigentes "dictan la obligación de restaurar el orden constitucional y de desconocer toda autoridad que sea producto de usurpación. Es lo que se está viendo en las calles del país pues la protección de la Carta Magna la hace la sociedad organizada. Ninguno de los canales institucionales previstos están funcionando porque están secuestrados por el Ejecutivo y por eso la gente sale a protestar".

La ruleta rusa

"Lo que está planteado es la refundación del Estado para eliminar todo vestigio de democracia burguesa previa. Es la etapa postpersonalista del régimen, con representación por sectores allegados al Estado. Es una anulación de la participación política del individuo. Así funcionaron los regímenes de elecciones en los sistemas de socialismo real: por cooptación y selección de cuadros desde la estructura del Estado-partido", argumenta el politólogo Guillermo Aveledo.

El también director de la Escuela de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana alerta, sin embargo, que aún no ve fisuras en los grupos de poder. "Al contrario, parece que la convocatoria busca repartir la participación entre ellos, porque a Maduro no le importa la votación popular".

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La profesora de Filosofía Política de la Universidad Simón Bolívar Colette Capriles cree que la motivación para este nuevo paso de Maduro es su cercana expiración como Presidente el año que viene. "2018 está encima y unas elecciones implican el fin inevitable de su mandato. Entonces buscan transformar la lógica del Estado para garantizar el ejercicio del poder. No es solo una respuesta ante una oposición que sienten amenazante, sino una manera radical de resolver el conflicto de sucesión en el chavismo".

Julio Borges cree que el escenario está dado para que la oposición organizada en la Mesa de la Unidad se encuentre definitivamente con sectores del chavismo disidente y mencionó al grupo Marea Socialista, una escición del Partido Socialista. El exministro Héctor Navarro calificó el llamado a constituyente del Gobierno como "la gran traición a Hugo Chávez" pues sepulta su gran legado legal.

*Corresponsal de SEMANA en Venezuela