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| 9/1/2018 6:00:00 PM

España dividida frente al mausoleo de Franco. ¿Se deben exhumar sus restos?

La propuesta de exhumar los restos de Francisco Franco renueva la discusión sobre la memoria histórica en España. Con ella, el gobierno de Pedro Sánchez abrió las heridas de la guerra civil y de la dictadura.

Propuesta de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco divide a España El Valle del Caídos es un monumento construido entre 1940 y 1958 y está ubicado a 60 kilómetros de Madrid.

“¡Viva Franco!”, gritó un grupo de franquistas ante la basílica del Valle de los Caídos, el monumento donde está la tumba del dictador que durante 40 años gobernó España con mano de hierro, con un régimen de terror y represión que, según varios historiadores, solo entre 1936 y 1943 cobró la vida de cerca de 150.000 personas. Los restos del generalísimo, como se hacía llamar, ahora motivan la discusión más reciente sobre la memoria histórica en España.

“Vinimos a rendir nuestros honores, exhumar los restos ahora es de cobardes”, dijo uno de los simpatizantes franquistas, refiriéndose al decreto que el 24 de agosto aprobó el gobierno de Pedro Sánchez. Mediante el mismo, Sánchez modificará la ley existente y quiere que la primera acción sea exhumar los restos del dictador que permanecen en el Valle de los Caídos, el enorme monumento que el propio Franco mandó construir a 50 kilómetros al norte de Madrid como símbolo de la victoria del bando nacionalista sobre la república.

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La resolución aboga por la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales del dictador, argumentando “la utilidad pública y el interés social” de la iniciativa. Pedro Sánchez prometió hacerlo porque sabía que así podía eliminar la exaltación de un régimen autoritario e ilegítimo.

El decreto fijó para el viernes la fecha para comenzar los trámites del proceso de exhumación y da un plazo de 15 días (hasta mediados de septiembre) para que la familia Franco comunique a dónde quiere llevar los restos. Si no lo hace, el Ejecutivo español decidirá el lugar de la nueva tumba.

Durante la dictadura de Francisco Franco funcionaron en España 104 campos de concentración por los que pasaron cerca de 400.000 personas.

Abordar un asunto tan complejo como el impacto político y social de la guerra civil y el franquismo lleva a España, cada cierto tiempo, a la incertidumbre. El gobierno quiere que el Valle de los Caídos sirva para recordar y honrar a todas las víctimas de la guerra, donde “solo podrán yacer los restos mortales de los fallecidos en esa contienda”. Sectores de izquierda vieron en esa medida un sueño hecho realidad, mientras que algunos representantes de la Fundación Francisco Franco –la mayoría descendientes– pusieron el grito en el cielo e incluso acusaron al gobierno de prevaricar y de profanar la sepultura. La familia de Franco advirtió que agotaría los recursos legales a su alcance para impedir la medida y también llegó a pedirle a la Iglesia que intercediera.

Sin embargo, la presión ejercida por varios sectores como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) instó al gobierno a acelerar la marcha. La ARMH registró ante el Ministerio de la Presidencia un documento en el que pide actuar lo más pronto posible, ante la vejez de muchos familiares de los desaparecidos.

Analistas advierten que la Ley de Memoria Histórica del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) no responsabilizó al Estado de la búsqueda de los desaparecidos y se conformó con subvencionar la exhumación de algunas fosas. La administración de Mariano Rajoy eliminó esos subsidios y hasta hoy las acciones no han pasado de actos simbólicos, aun con la presión ejercida por relatores de la ONU, que han recomendado al Ejecutivo poner en marcha un plan nacional de búsqueda de los desaparecidos durante el franquismo.

Con la exhumación de los restos de Franco algunos sectores en España creen que se avanza hacia remediar las carencias que dejó esa ley de Rodríguez Zapatero. De hecho, el punto dos de los ocho presentados por la ARMH parece ir en sintonía con la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez (ver recuadro). Si el Valle de los Caídos se convierte en un museo “que cuente su propia historia”, como reza el documento, dejará de ser un lugar de culto religioso coronado por una cruz de 150 metros, al que muchos franquistas tienen como destino turístico predilecto. Como dijo a SEMANA Juana Marín Leoz, historiadora de la Universidad de Navarra, “transformar el Valle de los Caídos en museo es más complicado, habría que pensar en un centro de memoria que relate, analice y contextualice. Hay que resignificarlo para que deje de ser un escenario de homenaje y exaltación de Franco y convertirlo en un espacio de reflexión y discusión sobre la historia reciente de España”.

Esta semana, mientras el debate crecía en España, Sánchez estuvo de visita en varios países suramericanos. En Bolivia le preguntaron por la controversia y dijo que “ninguna democracia puede rendir homenaje a un dictador”. En Chile, el presidente del gobierno español visitó el Museo de la Memoria de Santiago. Sánchez ha contado en varias ocasiones que la caída de Salvador Allende influyó en sus ideas socialistas. De hecho, anunciando otra de las iniciativas que impulsará, dijo que Chile “nos lleva ventaja porque ya hubo una comisión de la verdad. En España debe haber una”, afirmó.

Algunos creen que estos anuncios de Sánchez solo sirven para hacer valer su tiempo en la presidencia del gobierno. Quienes apoyan esta tesis indican que el anuncio de la exhumación apenas logró levantar una polvareda mediática. “¿Qué pretende el señor Sánchez llevándonos 43 años atrás?”, se preguntaban algunos opositores de la iniciativa. Más allá de las posibles querellas y demandas, ahora a Sánchez y su gabinete les preocupan las reacciones de minorías extremistas de la ultraderecha.

Pedro Sánchez ha repetido que ninguna democracia puede tener un mausoleo que rinda tributo a un dictador. Hace clara referencia al Valle de los Caídos, lugar donde reposan los restos del generalísimo. 

“Hacen mucho más ruido aquellos que, con diferentes argumentos y excusas, consideran que no hay que remover el pasado, que no hay que abrir las heridas”, advierte Marín Leoz. Entre ellos se destacan los miembros de la fundación que lleva el nombre del dictador. En pleno debate sobre los restos de su líder, salió a la luz que la Fundación Francisco Franco capta cada vez más socios, ya que pertenecer a ella implica exenciones fiscales de hasta el 75 por ciento.

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Organizaciones de memoria histórica reclaman que deje de ser una fundación porque no se dedica al bien general, sino a socavar los principios básicos de la democracia. Ser benefactor del franquismo en España paga: al acogerse al mismo régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, reciben los mismos beneficios que obtienen quienes hacen donaciones a una ONG. Según datos de la fundación, este año el número de afiliados ha crecido en un 18 por ciento y suma una recaudación anual de 120.000 euros.

El debate sobre la memoria histórica está en auge en diversas partes del mundo, y el caso de Franco logró darle relevancia a una reivindicación histórica de una parte de la sociedad española. Con el anuncio de exhumación, se abrieron las heridas mal cicatrizadas de una guerra y su posterior dictadura. Por eso, el actual gobierno podría poner atención a las palabras de la escritora Almudena Grandes, quien hace poco recibió el Premio de Memoria Histórica de la Región de Murcia. En su discurso de aceptación dijo que España “no puede seguir siendo un país anormal, con muertos en las cunetas, sin una política pública de la memoria. Eso no puede pasar por mucho más tiempo”.

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