Alto funcionario de Joe Biden habló con SEMANA de lo que está en riesgo tras posible descertificación por parte de Estados Unidos

Uno de los colombianos que más sabe sobre cooperación y relaciones diplomáticas con Estados Unidos es Juan González, quien no solo le hablaba al oído a Joe Biden como asesor y exdirector para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional, sino también fue creador de la Alianza para la Prosperidad Económica en la región.

Nacido en Cartagena, Juan González llevó parte importante de la política estadounidense al mayor nivel de cooperación entre el gobierno de Biden con líderes de las principales naciones de América Latina, un trabajo que llevó a cabo con el fin de afianzar las relaciones en el hemisferio y conocer las principales problemáticas de Colombia durante varios años.

El asesor de la Casa Blanca viajó varias veces a nuestro país para coordinar esfuerzos con Colombia en materia de seguridad, incluso en pleno cambio de gobierno tras la llegada al poder del actual presidente Gustavo Petro.

Tras la posibilidad de que Colombia sea descertificada por Estados Unidos en la lucha antidrogas, González habló de las consecuencias que esta decisión traería y de su opinión sobre la política de Paz Total del gobierno de Petro, en un momento álgido en las relaciones entre Colombia y el país norteamericano.

SEMANA: ¿Cómo evalúa la posibilidad de que Estados Unidos declare a Colombia como país no cooperante en la lucha antidrogas? ¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas de una decisión de ese tipo?

Juan González (J. G.): La posibilidad existe, más que en años recientes, por el aumento récord de coca y fricciones políticas con Washington.

La ley estadounidense permite al presidente declarar que un país “falló de manera demostrable”, lo que activaría restricciones aparte de la asistencia bilateral y un voto en contra de ciertos préstamos en bancos multilaterales, salvo que la Casa Blanca emita una exención por “interés nacional”, algo que suele ocurrir con socios estratégicos.

En lo inmediato, el riesgo es la suspensión o redirección de programas policiales/antinarcóticos y mayor escrutinio del Congreso sobre fondos de seguridad.

SEMANA: ¿De qué manera afectaría esa descertificación la cooperación en materia de seguridad y defensa entre Bogotá y Washington, teniendo en cuenta los lazos históricos de ambos países en esta agenda?

J. G.: Una descertificación tensaría la cooperación operativa —intercambio de inteligencia, apoyo logístico, capacitación, equipos y mantenimiento— y encarecería los “costos de coordinación” en operaciones contra el crimen organizado.

Parte de esa cooperación podría mantenerse vía exenciones presidenciales, pero políticamente quedaría bajo presión y con más condicionamientos de desempeño.

El mensaje simbólico también pesaría: pasamos de “socio preferente” a “socio cuestionado”, lo que retrae a otros donantes y a los MDB si EE. UU. vota en contra del financiamiento.

SEMANA: ¿Cómo percibe la estrategia antidrogas del presidente Gustavo Petro, que propone sustituir la erradicación forzosa por programas de desarrollo alternativo y regulación?

J. G.: El anuncio reciente de retomar la aspersión aérea es importante, porque reconoce la magnitud de la crisis: Colombia enfrenta una expansión récord de cultivos, y sin una acción inmediata, las demás estrategias pierden eficacia. Sin embargo, llega quizás demasiado tarde y con un alcance limitado frente al tamaño del desafío.

Es cierto que la aspersión no es una solución sostenible de largo plazo —no resuelve las causas estructurales ni garantiza alternativas económicas— pero hoy resulta necesaria para contener la explosión de cultivos y reducirlos a un nivel manejable.

Solo así podrán tener impacto real la interdicción, los programas de desarrollo alternativo y los enfoques regulatorios que el gobierno defiende. En ese sentido, la decisión corrige parcialmente el rumbo, pero no sustituye la necesidad de un marco integral y sostenido.

SEMANA: En su opinión, ¿qué aspectos de la política de drogas de Colombia pueden considerarse avances y cuáles generan más preocupación en Washington?

J. G.: Avances: más incautaciones y un marco narrativo que integra desarrollo rural y salud pública —líneas que muchos expertos respaldan. Preocupaciones: picos en área sembrada y producción potencial; señales de flexibilidad en extradiciones ligadas a procesos de paz; y percepción de menor énfasis en erradicación/operaciones ofensivas en ciertos focos.

Todo ello alimenta voces en EE. UU., que piden condicionar ayuda o incluso descertificar.

SEMANA: El presidente Petro vincula su política antidrogas con su proyecto de “paz total”. ¿Cree que esta integración fortalece o debilita la lucha contra las economías ilegales?

J. G.: Puede fortalecerla si logra desactivar actores armados y reinsertar economías locales en cadenas legales; reduce incentivos a la coca si hay seguridad, vías, crédito y compra pública. Pero mientras la gobernanza territorial sea incompleta y algunos beneficios (p. ej., alivios judiciales o pausas en extradición) no se traduzcan en resultados verificables, se percibe como “premio sin contrapartida”, lo que debilita la disuasión.

El balance depende de resultados medibles en reducción de rentas ilícitas y violencia en municipios cocaleros.

SEMANA: Si Colombia se distancia del enfoque tradicional antidrogas, ¿qué impacto podría tener eso en la política de Estados Unidos hacia América Latina y en la cooperación regional contra el narcotráfico?

J. G.: EE. UU. podría realinear recursos hacia países “más cooperantes” y endurecer métricas de desempeño, afectando ejercicios regionales como la interdicción marítima/aérea, fuerzas de tarea y cooperación judicial.

También veríamos mayor uso de palancas unilaterales (sanciones focalizadas, condicionalidades) y votos críticos en MDB; a la vez, think tanks y Congreso empujarían por una revisión del régimen de “certificación” para evitar castigar reformas basadas en evidencia.

En el corto plazo, sin embargo, el péndulo político favorece señales duras más que ajustes graduales.

SEMANA: ¿Cree que de alguna forma esta decisión afectaría en algo al gobierno norteamericano?

J. G.: Sí, en tres planos: primero, operativo, porque perdería eficacia sin un socio clave en la fuente de oferta; segundo, estratégico, porque una descertificación enviaría una señal de confrontación en plena reconfiguración de la política hemisférica antidrogas y uso de fuerza; y tercero, político-diplomático, porque endurece la narrativa de “castigo” justo cuando Washington busca coaliciones para contener crimen trasnacional.

En la práctica, la Casa Blanca suele recurrir a exenciones por interés nacional para evitar “dispararse en el pie” y preservar cooperación crítica, aun en escenarios de desacuerdo.