Importante revés legal para la visa H-1B de 100.000 dólares propuesta por Donald Trump

Una demanda que se opone a la medida de la administración Trump de imponer una tarifa de cien mil dólares a las nuevas visas H-1B para los trabajadores extranjeros está en curso en Estados Unidos.

De acuerdo con esta acción legal, el presidente Donald Trump no tiene la autoridad constitucional para hacer efectiva esta medida, lo cual podría beneficiar a miles de personas que quieren proyectarse laboralmente en Estados Unidos.

¿Por qué no sería válida la norma impuesta sobre las visas H-1B?

Grupos como el sindicato United Auto Workers, la Asociación Americana de Profesores Universitarios y una agencia de reclutamiento de enfermeras, son algunas de las organizaciones que han entablado una demanda presentada ante el Tribunal de Distrito en San Francisco, contra la tarifa de cien mil dólares establecida por el Gobierno para las visas H1-B.

Esta acción se llevó a cabo como respuesta a la medida tomada por Trump el pasado 19 de septiembre, para restringir la entrada de ciertos inmigrantes.

Los demandantes argumentan que la medida busca restringir injustamente el acceso de profesionales extranjeros altamente calificados, afectando principalmente a trabajadores de sectores tecnológicos y científicos.

Además, se alega que la propuesta fue impulsada sin el debido proceso de consulta pública requerido por la ley.

Conforme a lo que dice la demanda, bajo la constitución de Estados Unidos, el Presidente no puede imponer unilateramente tasas por impuestos para generar ingresos para los Estados Unidos, ya que este es un poder del Congreso.

La demanda llamada Global Nurse Force v. Trump fue interpuesta por sindicatos, universidades, grupos religiosos y agencias de reclutamiento, que alegan que la medida es ilegal y perjudica gravemente a sectores que dependen de trabajadores extranjeros altamente calificados, como el tecnológico, educativo y de salud.

Los demandantes sostienen que la proclamación viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), al modificar sin autoridad legislativa un programa regulado por el Congreso, y también infringe la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), por no seguir el debido proceso de consulta pública (Bloomberg Law, 2025).

Además, piden una orden judicial preliminar para frenar la entrada en vigor de la tarifa, argumentando que convertiría el sistema H-1B en un modelo de “pagar para jugar”, limitando el acceso solo a empleadores adinerados y dejando a muchas instituciones sin el personal que necesitan

Mientras tanto, la administración Trump defiende la medida como un esfuerzo para proteger empleos estadounidenses y frenar abusos en el sistema migratorio.

¿Qué implica esta acción legal?

La demanda busca frenar la implementación de la tarifa de 100.000 dólares para nuevas solicitudes de visa H-1B, argumentando que es ilegal y perjudicial.

Si el tribunal falla a favor de los demandantes, la medida podría quedar suspendida o anulada, lo que mantendría el acceso actual al programa H-1B para empleadores que dependen de talento extranjero, como hospitales, universidades y empresas tecnológicas.

Además, el caso podría limitar el poder del presidente para imponer cambios migratorios sin pasar por el Congreso ni cumplir con los procesos de consulta pública establecidos por ley.