Estados Unidos
Trump enfrenta demanda por bloquear asistencia a migrantes indocumentados en Estados Unidos
Una coalición de estados presentó una demanda federal contra Donald Trump, acusándolo de restringir ilegalmente el acceso de indocumentados a fondos de ayuda financiados por el Congreso.
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Una coalición de estados encabezada por Rhode Island presentó este miércoles una demanda federal contra el gobierno de Donald Trump, alegando que su administración llevó a cabo una política ilegal al impedir que personas indocumentadas accedieran a fondos de ayuda destinados a víctimas y programas públicos.
El texto legal afirma que dicha exclusión viola la Cláusula de Gastos de la Constitución de Estados Unidos, al condicionar la asignación de recursos federales con criterios migratorios.
Los demandantes sostienen que esta política de condicionamiento, implementada a través de órdenes ejecutivas recientes, obliga a los estados y entidades locales que reciben subsidios federales a negar ciertos servicios a personas indocumentadas, o de lo contrario perderían la elegibilidad para recibir dichos fondos.
Entre los afectados estarían programas de asistencia a víctimas de violencia doméstica, recursos para atención en desastres y apoyo comunitario. En el caso específico de los beneficiarios indocumentados, la demanda busca que se elimine cualquier cláusula que impida su acceso.
También alega que imponer condiciones migratorias para el uso de fondos federales implica una extralimitación del poder ejecutivo, al alterar de manera discriminada las reglas presupuestarias que deberían responder al Congreso.
Los abogados de los estados demandantes argumentan que la medida genera un efecto “chilling” sobre servicios cruciales, ya que muchos gobiernos locales temerían sanciones fiscales por prestar asistencia bajo riesgo de perder recursos.
Este litigio llega en un momento de tensión entre alcaldías y gobernaciones, muchas de ellas lideradas por demócratas, que afirman estar atrapadas entre las necesidades de sus comunidades y las imposiciones del gobierno federal.
Ciudades como Los Ángeles, San Francisco y condados en Washington también sostienen casos similares donde denuncian que la administración Trump pretende condicionar más de 350 millones de dólares en subsidios de seguridad nacional para que los receptores colaboren con políticas migratorias.
En su defensa, el gobierno federal ha indicado que busca asegurar que los fondos públicos no apoyen actividades que benefician a personas sin estatus legal, y que los criterios migratorios responden a políticas de prioridad nacional. Sin embargo, los demandantes cuestionan la legalidad de imponer estándares migratorios como requisito para recibir financiamiento ya aprobado por el Congreso.
Este tipo de controversias no es nueva en el panorama migratorio estadounidense. En años recientes se han interpuesto demandas por decisiones similares, como cuando se intentó restringir ayuda a niños indocumentados inscritos en programas de educación preescolar (Head Start), y jueces intervinieron para frenar esas exclusiones.
La nueva demanda busca que el tribunal ordene que cualquier persona, sin importar su estatus migratorio, pueda acceder a dichos fondos cuando cumpla con los criterios del programa en cuestión.
Si el fallo es favorable a los demandantes, se fortalecería la obligación del gobierno federal de respetar la igualdad de acceso en programas financiados por los contribuyentes, sin discriminación por un estatus migratorio.
