¿A María del Pilar la asesinaron por un pedazo de tierra?

En Puerto Tejada, Cauca, la recuerdan vendiendo lotería con sus dos mellizos cargados en cada brazo cuando estaban recién nacidos. En su lucha anónima por sobrevivir en ese mismo pueblo también hizo algunas denuncias alrededor de las pandillas que azotaban al barrio. Eso contó Rossy Pérez, integrante de la Mesa Departamental de Víctimas del Cauca.

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Y por eso fue que arrancó hace algunos años con sus cuatro hijos para Tierralta, Córdoba, allá mismo donde el pasado viernes 21 de junio fue asesinada en frente de Brayan, uno de los mellizos que ahora tiene 12 años.

Eran las 6:30 de la mañana cuando un hombre se bajó de una moto y le disparó. María del Pilar quedó tendida sobre la calle destapada del barrio La Invasión. El niño lo vio todo y no pudo más que llorar de impotencia, golpear las paredes y gritar de desespero en una escena cruda y dolorosa que estremeció al país.

¿Qué había detrás? ¿Quién quería callar a esta mujer que trabajaba en un aserrío armando guacales para cargar papayas? Horas después del crimen, Manuel Berrío, compañero sentimental de María del Pilar, le dijo a la Personería del municipio que su mujer no tenía amenazas y que descartaba que su nombre estuviese en una lista negra que días atrás había aparecido en el barrio. Se trataba de un papel amenazante firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un grupo paramilitar conocido por las autoridades como el Clan del Golfo.

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El panfleto declaraba como objetivo militar a un puñado de personas a las que llamaban invasores de lotes. Entre ellas mencionaban a una líder con el apelativo de “la hp gorda mujer del chatarrero”. Andrés Chica, director de la ONG Cordobexia, dijo que por versiones de la comunidad se sabía que esa frase hacía referencia a María del Pilar, dado que su pareja se dedicaba al reciclaje.

Sin embargo, tras la declaración de Berrío, la alcaldía de Tierralta emitió un comunicado diciendo que, por el contrario, María del Pilar no era una líder social y que ella no había recibido amenazas.

Ese precipitado boletín de prensa hizo que el foco se centrara en si María del Pilar tenía o no un liderazgo entre los de su barrio, y alejó de los reflectores por unas horas el tema de fondo: los asesinatos selectivos, las amenazas a miembros de la comunidad, los intereses políticos por tierras y el control territorial de un grupo armado ilegal que no permite en Córdoba que se mueva una hoja sin su autorización. Ese fue precisamente el escenario en medio del cual fue asesinada María del Pilar.

Congresistas de la Comisión de Paz del Senado adelantaron una visita humanitaria al municipio para encontrar elementos que permitieran esclarecer el asesinato de María del Pilar.

Andrés Chica se sostuvo entonces en que el crimen de esta mujer de 34 años posiblemente tenía que ver con la invasión a unas tierras de propiedad del papá de Fabio Leonardo Otero Avilez, alcalde del municipio. Se trata del dirigente conservador Fabio Otero Paternina.

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Aquello coincidía con una parte de la declaración que dio Berrío ante la Fiscalía. El hombre justamente aseguró que ella sí había marcado un pedazo de lote que estaba en disputa. Esto se lo corroboró a SEMANA un funcionario de la Defensoría del Pueblo que tuvo acceso al relato que hizo Berrío sobre su mujer.

El alcalde de Tierralta tuvo que salir a dar explicaciones al respecto. Según él, en la zona hay cinco lotes que fueron invadidos y uno de ellos es de su papá. “Como alcalde me dirigí a todas esas personas que estaban invadiendo, llegamos pacíficamente a un acuerdo y esas personas salieron voluntariamente del predio, y esto lamentablemente se está relacionando con estos temas que no tiene nada que ver, pero estamos dejando que la Fiscalía diga quiénes son los autores materiales de todo esto”.

Con el pasar de los días han aparecido más testimonios que indican que María del Pilar sí era una persona activa en su comunidad. Su vida estuvo ligada a una historia de resistencia. Tras las denuncias, miembros de Cordobexia tuvieron que salir de la región. De otro lado, la Procuraduría abrió una investigación al alcalde para determinar si fallas de su administración en el manejo del orden público habrían desembocado en el crimen de esta mujer.

Tierralta es un territorio paradigmático que puede considerarse como la cuna de la parapolítica. Allí se recuerda el pacto denominado ‘El Granadazo’ porque fue adelantado en la vereda Nueva Granada. El jefe paramilitar Salvatore Mancuso se reunió con líderes de la región y aspirantes a la alcaldía, y el 20 de marzo de 2000 habría definido los periodos en los que cada cual aspiraría a la alcaldía.

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Según la propia versión que Mancuso entregó a los tribunales de Justicia y Paz, él personalmente suscribió compromisos con los políticos de Tierralta. A cambio del apoyo efectivo de las AUC, ellos se comprometían a sanear el municipio, que para ese entonces debía 14.000 millones de pesos. Ellos explicaron que, para poder sanearlo, no bastaba una sola candidatura, que se necesitaban dos.

De ese acuerdo formaron parte Sigifredo Senior, alcalde entre 2001-2004, médico apodado el Chichi. Le siguieron en el mandato Humberto Santos Negrete (2004-2007) y Aníbal Ortiz (2007-2011). Senior fue acusado por la Fiscalía en 2008 y se acogió a sentencia anticipada; recibió una condena de seis años y tres meses de prisión por parapolítica.

Su sucesor, Santos Negrete, también corrió la misma suerte. Fue capturado en noviembre de 2009 por miembros del CTI de la Fiscalía para que respondiera ante la justicia por el delito de concierto para delinquir agravado.

De Aníbal Ortiz habló el desmovilizado Edwin Manuel Tirado, del Bloque Córdoba, quien le describió a la Fiscalía 13 de Justicia y Paz las supuestas relaciones del burgomaestre con los miembros de las AUC cuando estaban activas en Córdoba. Por cuenta de sus relatos, la Fiscalía 1 Especializada de Montería ordenó la captura de Ortiz como coautor del delito de concierto para delinquir agravado.

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Pero a pesar de la desmovilización de los grupos paramilitares, en Tierralta y el sur de Córdoba parece que la parapolítica no ha desaparecido. El jueves pasado, congresistas de la Comisión de Paz del Senado adelantaron una visita humanitaria al municipio para reunirse con autoridades y líderes sociales con el propósito de encontrar elementos que permitieran esclarecer el asesinato de María del Pilar.

En lo que varios líderes sociales coincidieron fue en señalar que en Tierralta se está evidenciando una nueva versión de la parapolítica. Afirmaron que existe un matrimonio entre los políticos y estos grupos sucesores del paramilitarismo, y hasta señalaron que hay grupos que se pasean por las regiones del sur de Córdoba sin que haya una acción eficaz de la fuerza pública para contrarrestar esa presencia. Hablaron de un grupo de 60 hombres vestidos de camuflado en el corregimiento de Saiza, que dicen pertenecer al Clan del Golfo. Con respecto a ellos, tampoco habría una acción contundente en su contra.

Por el contrario, los líderes se sienten vulnerables frente a las autoridades locales, en especial con el alcalde Otero Avilez. Al burgomaestre se le cuestiona que no se declaró impedido ni con conflicto de intereses para avocar una serie de acciones contra los invasores del predio de su padre y por autorizar el uso de la fuerza pública para los desalojos. Otras de sus decisiones han generado suspicacias, pues pidió vacaciones en el momento en que se produjeron las amenazas y los primeros asesinatos. También dejó como alcalde encargado a su secretario de gobierno Willington Ortiz Naranjo, hermano del exalcalde Aníbal Ortiz, a quien se le comprobaron nexos con paramilitares.

De 2016 a la fecha, según Cordobexia, en Córdoba han sido asesinados 31 líderes sociales. De ellos, doce eran de Tierralta, ese mismo lugar en el que María del Pilar algún día vio un escenario para armar un proyecto de vida. Tras el crimen, sus cuatro hijos, todos menores de edad, fueron a parar a Puerto Tejada, donde la abuela. La vida para ellos ya nunca será la misma.