¿A qué le apostará el Gobierno en esta legislatura?

La semana pasada el presidente Duque citó a todo su equipo de gobierno a un cónclave de tres días en Hato Grande para analizar los retos que se vienen en la próxima legislatura. Esta medida se tomó, pues los desafíos que vendrán a partir del 20 de julio serán muy grandes tanto en materia legislativa como en términos de imagen del gobierno.

Salvo un par de momentos de coyuntura, desde que llegó al Gobierno el jefe de Estado no ha logrado conectarse con la opinión. En la última encuesta Gallup, el 62 por ciento de los encuestados respondieron que están inconformes con la gestión del presidente y esto ha llevado a que varios de sus asesores hayan planteado la necesidad de un cambio en la estrategia para los tres años que restan.

Aunque la cosa inicialmente se planteó como una reunión de fondo para rebarajar las cartas del ejecutivo, las conclusiones a las que se llegó muestran que si bien se harán ciertos ajustes, no se vendrán cambios de fondo. Varios de los miembros de los partidos han manifestado que una de las cosas que estaban esperando para darle un nuevo aire al Gobierno era un cambio de gabinete. Sin embargo, el presidente dejó saber que esos cambios no vendrán y que, por ahora, mantendrá a sus ministros. Es bien sabido que al ganar las elecciones Iván Duque dijo que quería un gabinete técnico, alejado de la política y que ojalá durara los cuatro años de gobierno. El balance legislativo ha mostrado que esa estrategia no ha funcionado como se esperaba pero el presidente seguirá insistiendo en esa misma fórmula.

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Los dos ministros que muchos pensaron serían revocados, la del Interior y el de Defensa, son a su vez dos de los más importantes y cercanos a la línea de pensamiento del expresidente Álvaro Uribe. Tanto Guillermo Botero como Nancy Patricia Gutiérrez han estado enfrentados desde que se posesionaron a una presión fuerte de quienes quieren que salgan de sus cargos. El primero, por algunas declaraciones desafortunadas y por las directivas militares reveladas por The New York Times y SEMANA, y la segunda por no haber sacado adelante la agenda del Gobierno en el Congreso.

El ministro Botero empezó con una tormenta en la opinión cuando dijo que debería regularse la protesta social. Luego vinieron sus declaraciones desacertadas sobre el caso del asesinato de Dimar Torres, y las revelaciones sobre el restablecimiento de algunas de las políticas que en el pasado dieron origen a los falsos positivos. Eso llevó a que varios congresistas citaran a un debate de moción de censura en su contra, del cual salió victorioso. El ministro de Defensa también ha sido criticado por no haber sabido responder cuánto valía asperjar una hectárea de glifosato y por sus recientes declaraciones sobre los robos de la ropa sucia.

La ministra del Interior, por su parte, ha sido blanco de críticas incluso desde el mismo Centro Democrático. Aunque en su gestión logró aprobar, en otras cosas, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Financiamiento y la no conexidad del delito político con el narcotráfico, las reformas más importantes para el Gobierno se cayeron. Se hundieron la reforma política, la reforma a la justicia, y las leyes de la consulta anticorrupción con las que el Gobierno se había comprometido. La gran apuesta del ejecutivo fue sin duda la de sacar adelante las objeciones a la ley estatutaria de le JEP. Estas tampoco vieron la luz en el Congreso y sirvieron más bien para desatar una crisis de gobernabilidad.

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No obstante, Iván Duque dejó claro en su cónclave de la semana pasada que por ahora no estaba pensando en cambios de gabinete y que respalda y apoya a quienes están trabajando de su lado. Así las cosas, la discusión se centró más en las estrategias que deben ponerse en marcha para combatir temas como la crisis de gobernabilidad, el manejo de las relaciones internacionales, el asesinato sistemático de líderes sociales y la crisis migratoria por la entrada masiva de venezolanos al país.

En términos legislativos, la primera gran prioridad del Gobierno será sacar adelante la reforma a la justicia. Este ha sido tal vez uno de los aspectos que más trabajo le ha costado a los gobiernos. Por lo general, los proyectos para reformar esta rama fracasan por que pretenden modificar los mecanismos de elección de los magistrados, de los jueces y de los altos cargos como el fiscal, el contralor o el procurador. Esta vez el Gobierno va a apostarle a que la reforma resuelva temas más cercanos al ciudadano como la descongestión en la justicia, el cumplimiento de los tiempos procesales y la implementación de mecanismos digitales para facilitar la función de los jueces. El nombramiento de la nueva ministra, Margarita Cabello, ha caído bien en varios sectores y de su liderazgo dependerá el futuro de la iniciativa.

Cuando se tuvo noticia de la intención del presidente de reunir a todo el alto gobierno a puerta cerrada para evaluar las opciones que estaban sobre la mesa, muchos pensaron que los sonados cambios de ministros podían estar cerca. Aunque en el arte de la gabinetología todo se mueve en el marco de la especulación, fuentes cercanas al Gobierno le aseguraron a SEMANA que por ahora cambios grandes no va a haber.

Más allá de las consideraciones programáticas que hayan podido ajustarse en la reunión del presidente y sus ministros, queda un gran interrogante: ¿Cuál será la estrategia para garantizar la gobernabilidad en el año que viene? Es evidente que los ministerios son tal vez los espacios más apetecidos por los partidos a la hora de definir su apoyo a un presidente y, sin echar mano de esa ficha, el Gobierno no la tendrá fácil. Lo que podría marcar la diferencia es que en los corrillos políticos ya se habla de una posible alianza entre el ejecutivo y Cambio Radical. Si esto se da, dicho partido podría garantizar que puntos importantes de su agenda queden incluidos en las iniciativas de la Casa de Nariño, y el Gobierno podría conseguir en el Capitolio la mayoría necesaria para sacar adelante sus proyectos bandera.

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