A partir del próximo lunes 2 de marzo, los pequeños, medianos y grandes cultivadores de arroz en Colombia iniciarán una jornada de protesta nacional.
El objetivo de esta movilización es exigir al Gobierno nacional soluciones estructurales ante la gran baja que ha representado la producción y comercialización del grano, una situación que tiene en jaque el sustento de miles de familias rurales.
La decisión de ir a paro se tomó formalmente durante la reunión del Comité Nacional de Paro Arrocero, que se llevó a cabo el pasado sábado 21 de febrero.
Con esta fecha como punto de partida, los campesinos han dedicado esta semana a la planificación estratégica y a la definición de los puntos de concentración para asegurar que sus reclamos sean escuchados en las altas esferas del poder. A la tarde de este lunes 23 de febrero, ya se reportan preparativos para bloqueos en departamentos neurálgicos para la producción agrícola como lo son Tolima y Huila.
El malestar del gremio radica en la profunda inseguridad jurídica y económica que perciben del Gobierno actual. Puesto que los productores argumentan que no existen garantías reales en cuanto a la fijación de precios ni en los procesos de comercialización. Esta crisis de confianza ha provocado que, en la actualidad, aproximadamente el 70% de las áreas aptas para el cultivo de arroz en el país se encuentren ociosas y sin producir.
La tensión aumentó tras la publicación de las Resoluciones 042 y 043 de 2026, emitidas por el Ministerio de Agricultura. Aunque el Gobierno asegura que estas medidas buscan proteger al campo mediante un esquema de precios controlados y subsidios directos para cubrir la diferencia con el valor del mercado, los arroceros desconfían de la ejecución de estos pagos.
La gran incógnita de los productores es el valor real de dicho subsidio y si el Estado, bajo el actual decreto de emergencia económica, tendrá la capacidad financiera para cumplir con las ayudas prometidas.
Para muchos líderes del sector, estas resoluciones favorecen injustamente a las grandes industrias procesadoras en detrimento del pequeño productor.
Además, el inicio de esta movilización —a escasos días de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas— busca posicionar la crisis arrocera como un tema ineludible en el debate político nacional, presionando por compromisos reales antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.