¿‘Conejo’ de Duque a la consulta anticorrupción?

El domingo 26 de agosto la consulta anticorrupción registró la mayor votación en la historia del país. Aunque no superó el umbral, fueron cerca de 12 millones de colombianos los que votaron para establecer normas efectivas que permitieran combatir el que ha sido considerado uno de los principales flagelos de la nación. Esa consulta recibió más apoyo en las urnas que cualquier presidente en toda la historia.   

Dos meses después, seis de los siete mandatos que promovía dicha consulta están engavetados en el Congreso. El responsable, según la excongresista Claudia López, es el propio presidente Iván Duque, quien en la misma noche de la consulta se comprometió a impulsarlos como la principal asignatura de su mandato.

Le puede interesar: ¿Puede alcanzarse un consenso para crear un paquete legislativo contundente contra la corrupción en Colombia?

Tras la histórica votación de la consulta, Duque promovió el pacto nacional anticorrupción, y cuatro días después, el 30 de septiembre, se reunió en la Casa de Nariño con los promotores de la consulta y los jefes de todos los partidos políticos, incluido Rodrigo Londoño, Timochenko, del nuevo partido Farc. El propósito fue acordar los textos de los proyectos de ley que materializarían la voluntad de los electores, para que la lucha contra la corrupción no tuviera tintes políticos, sino que fuera un propósito nacional.

Sin embargo, dice Claudia López, al presidente Duque se le olvidó un detalle, o mejor, una de las promesas que suscribió en aquella cumbre. Que los proyectos de ley que el gobierno radicara en el Congreso tendrían mensaje de urgencia, con lo cual no solo pasarían a los primeros puntos de la agenda parlamentaria, sino que se reduciría en un debate su trámite tanto en Senado como en Cámara de Representantes.

El 18 de septiembre, después de que el gobierno concertó los textos con los voceros de los partidos políticos, el presidente Duque fue personalmente a la secretaría del Senado para radicar los proyectos de ley y los actos legislativos que reunían los mandatos anticorrupción. Los presentó como cualquier proyecto, sin el mensaje de urgencia que le habían reclamado los promotores de la consulta, y al que se había comprometido en aquella cumbre en el palacio presidencial.

Esa es la razón, según Claudia López, para que seis de los proyectos estén a punto de fracasar por tiempos en el Congreso, pues no se les ha dado ni siquiera primer debate en comisiones, con el agravante de que el próximo 16 de diciembre los parlamentarios saldrán a vacaciones y solo volverán a sesionar a partir del 16 de marzo. Es decir, el paquete anticorrupción no será ley en 2018.

Puede leer: Gol a la consulta anticorrupción: no habría límite a periodos de congresistas

Como el reglamento del Congreso establece que los proyectos deben ser tramitados de acuerdo al momento en que se radiquen, las iniciativas anticorrupción fueron presentadas el 18 de septiembre, por lo que hacen fila detrás de los que los parlamentarios han radicado desde el 20 de julio. Ese orden solo se alteraría con un mensaje de urgencia, facultad que solo tiene el gobierno a través del presidente y sus ministros.

Este martes, la exsenadora Claudia López volvió al Capitolio para enviarle un mensaje al presidente Iván Duque: “Cumpla con su palabra y radique el mensaje de urgencia. Nosotros de buena fe aceptamos su llamado a hacer un pacto nacional anticorrupción. Pero hizo tramitar primero lo que al gobierno le importa y dejó engavetar los proyectos anticorrupción”.

De los siete mandatos, hay uno que está a punto de convertirse en ley de la república y es el de la eliminación de beneficios penales como la casa por cárcel a contratistas corruptos. Esta iniciativa prosperó porque fue incluida en el tercer debate de un proyecto del fiscal Néstor Humberto Martínez que venía en trámite.

Otro de los mandatos, el de la reducción de salarios de los congresistas, tiene prioridad en su trámite por tratarse de una reforma constitucional. Sin embargo está represado en la comisión primera de la Cámara porque el representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, completa un mes sin rendir ponencia. Claudia López le pidió al presidente Duque que le insista al congresista para que permita darle el trámite a la iniciativa.

Gobierno responde

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que ni el presidente Duque ni el gobierno le están haciendo “conejo” a la consulta anticorrupción. Señaló que el paquete de proyectos va caminando, aunque admitió un trancón legislativo en las comisiones primeras de Senado y Cámara donde se tramitan esas iniciativas, pero que han ocupado gran parte de las sesiones en temas como la reforma política y la reforma a la justicia, que por tratarse de actos legislativos tienen prioridad en su trámite.

“Desde la campaña, el presidente Duque trae el compromiso de luchar contra la corrupción”, insistió Gutiérrez.

Para la funcionaria, asuntos como el de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la eliminación de beneficios penales serán realidad antes de terminar el año, gracias al acuerdo de incorporarlos en el mencionado proyecto del fiscal general. Y se comprometió con la excongresista Claudia López a que las iniciativas para acabar la mermelada y definir presupuestos públicos transparentes tengan mensaje de urgencia para que puedan ser estrenados de cara a la vigencia del 2020.  

Así van los proyectos anticorrupción

A punto de ser ley

-Eliminar los beneficios penales a corruptos como casa por cárcel y la imprescriptibilidad de las investigaciones a delitos contra la administración pública.

Aprobado en primer debate

-Reforma que limita a tres periodos a los congresistas.

Sin trámite

-El que establece inhabilidades a contratistas corruptos para que nunca más puedan volver a contratar con el Estado.  
-La obligación de utilizar pliegos tipo de manera transparente en la contratación pública. 
-El proyecto de ley que acaba la mermelada y que establece la obligación a todas las entidades públicas de definir el presupuesto en audiencias públicas.  
-El proyecto de ley para que los congresistas, diputados y concejales rindan cuentas públicas a la ciudadanía. 
-El proyecto de ley para que se tramiten los conflictos de intereses de los congresistas. 
-El proyecto de ley de transparencia legislativa para hacer pública la declaración de bienes, patrimonio, conflictos de interés a congresistas.  
-Reforma constitucional que reduce el salario de congresistas (sin ponencia).