Así se perdió la plata de la educación

A los carteles de la salud y de la contratación, que tanto escandalizaron al país en los últimos dos años, les apareció una terrible competencia. En su visita a Buenaventura, la semana pasada, el presidente Juan Manuel Santos denunció que en ese puerto y 14 poblaciones más del país miles de estudiantes 'fantasma' sirven a los responsables para esquilmar las finanzas del Estado. Era lo único que faltaba.

El asunto se destapó el año pasado cuando, al comparar la matrícula de 2010 con la de 2011, el Ministerio de Educación encontró un aumento desproporcionado de los estudiantes matriculados en las Secretarías departamentales de Casanare y La Guajira, así como en los municipios de Yopal, Riohacha, Uribia, Apartadó, Turbo, Jamundí, Magangué, Malambo, Soledad, Tumaco, Ipiales y Girón. Tras investigar durante varios meses, los funcionarios descubrieron que en estas localidades había 97.000 estudiantes inexistentes que les permitieron recibir a los municipios más de 132.000 millones de pesos en 2011.

De todos ellos, el caso más preocupante es Buenaventura, donde, según la ministra María Fernanda Campo, el 36 por ciento de la matrícula de primaria y bachillerato es falsa. Es decir, que de los 111.600 estudiantes que aparecen en los registros, 40.600 no existen. Esto significaría que el municipio recibió 54.500 millones de pesos de más, esto es 1.300.000 pesos al año por alumno, recursos que ahora la Fiscalía y la Contraloría General están rastreando para determinar en cuáles bolsillos terminaron. El caso es delicado, no solo porque los responsables estarían abocados a responder por delitos y faltas disciplinarias, sino porque "en torno a la educación se armó un 'carrusel' en el que, entre más estudiantes, más maestros, más alimentación escolar y más transporte fraudulentos", dijo Campo.

El origen del problema se remonta a 2004, cuando el gobierno nacional, con el objetivo de ampliar la cobertura de la educación básica y secundaria, empezó a girar importantes recursos a los departamentos y municipios del país. Se trataba tanto de construir o ampliar colegios públicos, como de pagarles a los privados para que recibieran más estudiantes. La Alcaldía de Buenaventura privilegió esta figura, y hoy no parecen claros los motivos. De hecho, mientras que actualmente hay 39 instituciones educativas públicas, existen 558 sedes y subsedes de colegios privados que no son otra cosa que pequeñas casas de familia en barrios subnormales convertidas en escuelas con un solo baño, piso en cemento, paredes al desnudo, poca iluminación y escasa ventilación (ver fotografías). A pesar de todo el despilfarro, de una población de 140.000 niños en edad escolar, 30.000 siguen por fuera del sistema.

Hay casos tan absurdos como el de una humilde edificación en el barrio 14 de Julio donde funcionan tres colegios: San Judas Tadeo, Margarita Hurtado y Superior Real Sociedad. El secreto está en que allí hay supuestamente tres jornadas a lo largo del día, una por cada colegio. "Desde hace un par de años nos ofrecen recibir más estudiantes en los colegios, especialmente en los privados, pero era obligatorio preguntar ¿son de carne y hueso, o de mentiras?", dijo a esta revista el rector de un colegio, que pidió reserva.

En las últimas semanas han empezado a aparecer las relaciones entre los dueños de los colegios y algunos políticos de la ciudad que, si bien no son ilegales, por lo menos llaman la atención, en especial porque Buenaventura es el fortín político del polémico exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado por parapolítica.

Por ejemplo, al colegio Cooperativo Perla del Pacífico (Cooperpa) le asignaron en febrero de 2011 un contrato por 1.650 millones de pesos para atender a 2.200 niños durante diez meses. SEMANA investigó el origen de esa institución y encontró que si bien existe desde 1994, solo se inscribió en 2004 en la Cámara de Comercio, justo cuando comenzaron los convenios. El dueño del colegio es Luis Alberto Figueroa Carabalí, hermano del exdiputado del PIN Yiminson Figueroa en el Valle. Frente a esa relación política, Luis Alberto se defiende y alega que su hermano nunca incidió en los contratos y dice que la prueba es que "el colegio existía mucho antes de que fuera diputado del PIN". No obstante, Figueroa Carabalí aparece en el listado de visitantes de Martínez en la penitenciaría de La Picota.

Una relación similar existe en el colegio Centro de Formación Integral Margarita Hurtado, cuyo convenio le permitió atender 1.600 estudiantes en 2011. Aunque su verdadero propietario y fundador ya no figura en los certificados de Cámara y Comercio, en Buenaventura todos saben que quien controla la institución es el profesor Eliécer Candelo Viáfara, esposo de la recién electa concejal del PIN María Yovana Rodríguez. Es evidente que ese colegio no solo se benefició de los jugosos contratos con el municipio, sino que además se usó como plataforma de campaña para la esposa de Candelo.

Las presuntas irregularidades en el sistema educativo oficial de Buenaventura ya habían sido investigadas y denunciadas el año pasado por la entonces contralora Betty Arboleda. Tras realizar auditorías, denunció no solo los alumnos 'fantasma' sino un presunto detrimento patrimonial de 25.000 millones de pesos. Pero, irónicamente, esas auditorías aceleraron un proceso en su contra que culminó cuando la procuradora provincial María Cristina González la declaró insubsistente. "Fue una retaliación por atreverme a investigar el tema", dijo la excontralora.

Por esos mismos convenios con colegios privados, dos secretarios de Educación del alcalde liberal Saulo Quiñones (2003-2007) se encuentran hoy en detención preventiva domiciliaria. Se trata de Irma Janeth Alomía y Juan Demetrio Panameño Valencia, quien aclaró que la Procuraduría y Contraloría ya fallaron a su favor y que espera "que ocurra lo mismo en la Fiscalía". Pero llama la atención que uno de los colegios beneficiados con los contratos en 2011 es la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico, en cuya mesa directiva están la esposa y el hijo de Panameño Valencia, quien explicó: "no tengo nada qué esconder porque para la época en que fui secretario no se contrató con esa entidad".

Frente a estas denuncias, el actual alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, quien pertenece a la misma cuerda política de su antecesor, advirtió que los estudiantes 'fantasma' se deben a un simple error de información y que esos alumnos "sí existen y son de carne y hueso". Pero lo cierto es que la auditoría, realizada por una empresa de altísima credibilidad, hace parte de los procesos que se adelantan en los organismos de control y en la Fiscalía contra los posibles responsables. En la mira están el exalcalde José Félix Ocoró y sus secretarios de Educación Yulanda Amú y Carlos Cadavid.

Además de Buenaventura, las autoridades siguen a todos los municipios denunciados, como Turbo, en los que, según el Ministerio de Educación, no pudieron encontrar 10.500 de los 52.000 estudiantes reportados. O Riohacha y Uribia, en La Guajira, donde recibieron 30.000 millones de pesos de más.

Frente a todo esto, el Ministerio de Educación comenzó a investigar toda la matrícula del país. "Iremos a todos los entes territoriales y hasta al colegio más distante y escondido con el fin de saber cuántos estudiantes tenemos realmente y vigilar la utilización de los recursos públicos asignados", dijo la ministra Campo. Esto quiere decir que el capítulo del carrusel de la educación apenas comienza.