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| 5/18/1987 12:00:00 AM

BANANA REPUBLIC

Después de que lo hicieran la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico y la delincuencia, el Estado colombiano decide meter la mano en Urabá

BANANA REPUBLIC BANANA REPUBLIC
Tras una larga racha de primeras páginas y titulares de prensa sobre violencia y muertos, Urabá, finalmente, produjo una noticia buena. Luego de dos consejos de ministros dedicados especialmente al tema, el gobierno anunció su decisión de tomar una serie de medidas para meter baza en la conflictiva zona del noroccidente antioqueño. Con ello, el alto gobierno ha querido dar comienzo al fin de un período particularmente violento que ha venido azotando durante los últimos seis meses a poblaciones como Apartadó, Turbo, Chigorodó y Necoclí, entre otras, en donde el asesinato, el secuestro, el boleteo y el malestar social en general habían instaurado el imperio de la ilegalidad.
Pero Urabá no es simplemente otra región conflictiva donde se han agudizado los problemas de orden público, a consecuencia de la presencia de los grupos guerrilleros, como lo fuera durante los últimos dos años el Valle del Cauca gracias a que el M-19 optó por refugiarse allí aprovechando los problemas de tierra existentes en esa región. Tampoco es el caso del Magdalena Medio en donde las FARC y los grupos paramilitares han hecho de las suyas durante los últimos tres años.
Desde los años treinta, cuando los antioqueños comenzaron a buscar la salida a su mar, Urabá se convirtió en una obsesión. Pasaron años, cerca de treinta, antes de que esa obsesión paisa se convirtiera en una quimera para miles de desempleados de todo el país. La transformación se había dado: de aquellas selvas inexpugnables, la región se volvió tierra de promisión por su fertilidad y ahí fue cuando, sin que nadie se diera cuenta, comenzó la violencia.
No se trató, en esos tiempos, de una violencia de fusil, pero sí de un desorden social que hubiera hecho espeluznar a cualquier sociólogo visionario. En cuestión de años se montaron pueblos, se tendieron canales de riego, se sembraron infinitas hectáreas de banano primero y de palma africana después. Para todo ese desarrollo instantáneo, se contó con el foco de la violencia: la inmigración desordenada. Una región que no tenía acento empezó a oír a vallunos, cordobeses, chocoanos, cundinamarqueses, pastusos y, desde luego, antioqueños, en una babel que no solo era de tono de voz sino de manera de vivir y de sentir. Todo esto, sin necesidad de que se disparara un tiro, convirtió pronto a Urabá en tierra de nadie -porque nadie la sentia realmente suya- y en tierra de todos -porque todos la usufructuaban a su manera.
Pero de todo ese caos, que se extendió a pueblos sin servicios públicos, a niños sin escuelas, a enfermos sin hospitales y a cantinas, prostitutas y enfermedades venéreas, la fiebre del banano dio para todo. Para producir divisas por más de 200 millones de dólares anuales por exportación de la fruta, al lado de una miseria casi ofensiva. Como dijo a SEMANA un conocedor de la sociología de Urabá "esa es una gran fábrica del siglo XVI con todas sus precariedades, pero ubicada en el siglo XX".
Otro factor que enfatizó el desequilibrio fue la índole de los empresarios. A Urabá llegaron atraídos por su fertilidad y su privilegiada posición para los embarques exportables, empresarios y colonos que actuaron más como precursores del desarrollo que como negociantes con perspectivas al futuro. A diferencia de los empresarios que se asientan en una región y proyectan sus actividades, a Urabá llegaron personas llenas de valor para medírsele a la tarea de volver cultivo lo que era selva, pero con la mentalidad de explotar lo que diera la tierra y marcharse. En esa migración de empresarios se establecieron en Urabá ganaderos que habían escapado al desorden público del Magdalena Medio y cultivadores sobrevivientes de la zona bananera tradicional.
LA FUERZA DEL DINERO
No obstante esas contradicciones, Urabá despegó al desarrollo. Apartadó, que era un poblado lejano e insignificante, desplazó en el liderazgo de la zona a Turbo, viejo puerto antioqueño. Kilómetros de pavimento, un aeropuerto que recibe todos los días aviones jet, casas de fincas con confort de ciudad, fábricas de empaques y de gaseosas, se hicieron comunes en la región, al lado de campamentos nauseabundos para la vivienda de los cortadores y empacadores de banano.
Todo esto era caldo de cultivo para alguna cosa. Y la cosa fue la guerrilla, que aterrizó en el sitio perfecto: la contradicción social entre obreros agroindustriales recién salidos de peones y empresarios con comportamientos feudales heredados de su función de colonizadores. En plata blanca, el terreno para la llegada de la guerrilla no podía ser más preciso: "las condiciones objetivas" estaban dadas: por un lado, patronos que se espeluznaban con palabras como sindicatos, reivindicaciones, pliegos y huelgas y, por el otro, obreros que, a la brava y sin haber sido "trabajados" políticamente, empezaron a hablar de sindicato, reivindicación, pliego y huelga.
El primer grupo en llegar a pescar en este río revuelto fue el EPL, que se hizo fuerte en la zona. Después llegaron las FARC y se agarraron a tiros. Pero esta "plomonía" no corrió solo por cuenta de estos grupos guerrilleros (a los que se sumaron también el M-19 y el ELN), sino que la violencia se regó con la participación de contrabandistas, narcotraficantes, proxenetas y delincuentes en general que implantaron el reino del terror en esa especie de república independiente.
Pero a pesar de todo este caos, el frente laboral fue el que se llevó el honor de producir la explosión. Dos grandes sindicatos, Sintagro y Sintrabanano, influídos por el EPL, el primero y por las FARC, el segundo, que aglutinan a doce mil trabajadores, no solo se enfrentaron a los patronos, sino que se convirtieron en enemigos irreconciliables entre sí. Y fue a través de esa "legitimidad sindical" que las guerrillas pasaron a dominar a Urabá. Sin embargo, ese no fue el fin de la anarquía. Más bien el comienzo: huelgas, asesinatos de líderes, chantajes, secuestros, aparición de grupos paramilitares, pérdidas millonarias y saboteos extendieron su dominio en la zona.

APARECE EL GOBIERNO
Cuando ya estaban instalados los grupos guerrilleros y en su apogeo la disputa entre los sindicatos y los trabajadores, envueltos en una guerra sucia que el país conocía cada día por noticias de muertes, en noviembre de 1985 se formó una comisión tripartita entre el gobierno, los bananeros y los trabajadores para buscar la paz social. Como telón de fondo de esas negociaciones, estaban, de un lado, los grupos guerrilleros y, del otro, los paramilitares.
Ya para este momento habían aparecido en el escenario los primeros nombres propios. Alfonso Núñez Lapeira, director de Comfamiliar-Camacol; Diego Miguel Sierra, gerente de Augura; Germán Bula Escobar, viceministro de Trabajo y Pablo Rubén Vernaza, entonces viceministro de Gobierno. Un examen de la situación concluyó rápidamente en un concepto: en Urabá la cosa no se arreglaba a tiros, sino que había que entrar a concertar acuerdos con los sectores en conflicto.
Desde esos tiempos de la administración de Belisario Betancur se lograron avances en seguridad social, considerados elementales. Se llevó el Seguro Social a la zona de Urabá, se cubrió con aquella caja de compensación las necesidades de recreación, se instalaron por primera vez puestos de salud, se establecieron inspecciones de trabajo para dirimir discrepancias y los propios pueblos fueron objeto de mejoras en su infraestructura.
"La gran tarea en esos momentos era convencer a los bananeros de que no puede desarrollarse la agroindustria sin el desarrollo social. Y a 105 trabajadores que no pueden mejorarse su bienestar sin el desarrollo capitalista de la empresa", dijo a SEMANA Germán Bula Escobar, que continuó siendo viceministro de Trabajo en el gobierno de Barco y mantuvo su interés por la situación en esa región antioqueña.
Pero esta primera incursión gubernamental en esa tierra de nadie, no cambió mucho las cosas. Al contrario, a la luz de las estadísticas, entre octubre del 86 y marzo de este año, la sangre siguió corriendo, los asesinatos y los secuestros fueron más comunes que nunca antes. Urabá había pasado a ocupar el lugar de terror que antes tenía el Magdalena Medio.
Para muchos observadores, la situación emperoró por dos motivos: porque los paliativos aplicados eran eso: paños de agua tibia y, además, porgue ese proletariado sin Dios y sin patrla, sin arraigo y sin historia, se politizó. Por esto último hubo, incluso, paros programados por situaciones que nada tenían que ver con la zona. En una ocasión, para citar un ejemplo, se hizo una jornada de protesta por el asesinato en Bogotá, a 800 kilómetros de distancia, de Ernesto Rojas, dirigente del EPL.
A pesar de la dimensión del conflicto, con la llegada del gobierno de Barco Urabá quedó por fuera de las prioridades de la rehabilitación y de la pobreza absoluta. Como si allá no pasara nada. Pero un puente entre gobierno y zona bananera quedó tendido desde la administración Betancur: El viceministro Bula Escobar que logró meter en la agenda de los consejeros Carlos Ossa y Ernesto Rojas a ese cáncer que crecía todos los días. Crecía tanto como el número de muertos y de conflictos laborales. Desde febrero pasado la región venía afrontando un recrudecimiento de problemas sociales, laborales y de orden público: en 146 de las casi 450 fincas bananeras, existían peticiones que los trabajadores presentaron en pliego unificado.
EN EL TIRE Y AFLOJE
Para apagar este incendio laboral, la negociación se trasladó a Bogotá. Todo parecía agotado en un diálogo que estuvo varias veces suspendido y varias veces amenazó con su ruptura definitiva. El sábado 4 de abril, sin embargo, cuando una de las reuniones llegaba a las seis de la mañana y el desacuerdo se "cotizaba" en 35 pesos irreconciliables para las partes, el viceministro Bula Escobar pidió al ministro de Trabajo, Diego Yunis, que le permitiera el uso de la palabra. Y se fajó un discurso que conmovió a empresarios y obreros y en medio de llanto y abrazos, se zanjó la diferencia.
Solucionado el episodio laboral, que era por donde se reventaba la pita, Urabá entró en la agenda del Consejo de Ministros. Dos reuniones sucesivas del gabinete fueron dedicadas a estudiar los planes de rehabilitación para la zona. Tras esos análisis, el lunes de la semana pasada, vio la luz el que parece ser el primer programa a largo plazo para salvar a Urabá de su crisis endémica.
El plan de rehabilitación contempla medidas económicas y de orden público para que, como lo dijo el presidente Barco en el discurso de presentación del programa, Urabá sea "la zona pujante y pacífica que todos los colombianos anhelamos". La inversión proyectada es de 9.500 millones de pesos y con ellos, según el consejero Carlos Ossa, se espera "Fortalecer la autoridad civil".
Aunque los anuncios fueron recibidos con beneplácito por los habitantes y empresarios de la región, al término de ese regocijo aparecían dudas sobre el porvenir de la paz allí. No porque se desconfiara de las medidas oficiales, sino porque la situación de desorden es tan antigua que se requerirá como fondo una buena voluntad de las partes en conflicto para que en Urabá no se sigan contando muertos, como los 400 que han engrosado la lista en el último año.

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