Buses vandalizados en el paro, ¿la papa caliente de las aseguradoras?

Estar detrás del volante de un vehículo de trasporte público se convierte cada vez más en un oficio de alto riesgo, no solo por la responsabilidad que implica, sino porque de un momento a otro su herramienta de trabajo puede ser blanco fácil del vandalismo. Quienes han estado dentro de un bus y en medio de la protesta social sienten la misma angustia: no saber para dónde correr en un espacio cerrado, mientras un grupo de jóvenes encapuchados zarandean de un lado para otro el carro, sentir golpear las piedras contra la carrocería y ver como con señales de tránsito rompen los vidrios de las ventanas.

La escena se ha visto decenas de veces en las redes sociales y medios de comunicación. Una de la que quizás más conmoción generó, se vio en septiembre de 2020 cuando la comunidad rechazó el asesinato de Javier Ordoñez a manos de unos policías, por esos días Bogotá entró en caos. En Bosa La Estación (sur de Bogotá) 13 buses de Transmilenio fueron quemados en fila. Los protestantes hicieron bajar a los pasajeros y conductores, inmovilizaron los carros por más de cinco horas y luego les prendieron fuego.

Afortunadamente no hubo muertes, pero la perdida de los vehículos fue total, según los operadores del servicio. “Me pasa por favor el video, es que mi celular se descargó y no tengo pruebas de lo que pasó”, le dice un conductor a otro en uno de los registros fílmicos que quedaron esa noche. Su preocupación en ese momento era, ¿quién pagará las afectaciones? que suman, según los peritos, cerca de 13 mil millones de pesos. Algunos de los carros solo tenían seis meses de uso. Los biarticulados están avaluados en más de mil millones de pesos, los articulados en cerca de 700 millones de pesos y los buses zonales entre 400 y 500 millones. A eso le suman los ingresos que dejan de recibir por no poder sacar sus carros a trabajar, mientras siguen respondiendo por las obligaciones económicas con sus trabajadores y el estado.

Gonzalo Muñoz, vocero de las empresas operadoras de transporte público de Bogotá, estaba seguro de que la póliza que paga el Estado a Solidaria de Colombia cubriría estos daños, pues el Ministerio de Hacienda paga a la aseguradora 32 mil millones de pesos para cubrir daños causados a vehículos públicos que estén en servicio en las vías de Colombia y que sean agredidos en medio de “huelgas, asonadas, amotinamientos, conmociones civiles y/o terrorismo”.

El contrato, que fue adjudicado mediante licitación tiene cobertura entre los años 2019 al 2023, respondería por un 90 % de los daños totales, y en ocasiones excepcionales como del 28 de abril de 2021 en adelante, donde el paro nacional ha sido constante, el Gobierno nacional compró una adición que compromete a la aseguradora a responder hasta en un 100 %, en casos puntuales. Desde el Ministerio de Transporte han sido enfáticos en decir que es necesario respaldar a aquellos dueños de vehículos que por cumplir con un servicio a la sociedad lo pierden todo en medio de hechos vandálicos.

“Todo lo que dicen en realidad terminó siendo un lindo discurso porque a la hora de la verdad, Solidaria no responde y pone mil tratabas para pagar”, dice Muñoz quien ya completa 10 meses esperando que alguien responda por los vehículos quemados en septiembre. “Esta travesía es la mayor estafa que nos han hecho a los ciudadanos. El gobierno está votando el dinero a la basura”, dice enojado y frustrado. Asegura, al igual que los representantes de otros operadores de servicios de transporte masivo que están pasando por la misma situación, que Solidaria inicialmente les solicitó múltiples documentos que forman parte de los requisitos para hacer efectiva la póliza los cuales van desde el origen del vehículo hasta una certificación de las autoridades que indiquen que los hechos fueron cometidos por actores terroristas con nombre propio.

Después de presentar toda la documentación de ocho de los vehículos, y tras varios meses de papeleo, Solidaria asegura que pagar esa póliza no es su responsabilidad porque los operadores de TransMilenio tienen una obligación pactada en los contratos de concesión, asegurando su flota contra todo riesgo, lo cual incluye terrorismo, por lo que resulta aplicable a ellos esta exclusión.

Algo que controvierten los operadores al señalar que si bien es cierto ellos pagan un seguro todo riesgo, con Mundial de Seguros, este no cubre los actos vandálicos y/o terroristas en las vías porque ese es pago por el Estado con Solidaria. Mundial de Seguros respondería por estos hechos siempre y cuando el carro hubiera estado en parqueadero, sin operar.

SEMANA conoció las cartas de cotización realizadas por los operadores de Transmilenio a más de doce aseguradoras para cubrir este tipo de hechos y ninguna se compromete a ofrecer esos servicios argumentando claramente que: “dada la actividad del riesgo nos abstenemos de otorgar condiciones, dado que este tipo de cobertura se manejan a través del Estado”. Para el abogado Francisco Herrera, el hecho de que Solidaria diga que esos riegos lo deben asumir otras aseguradoras diferentes a la que paga el Estado demostraría que: “con su tesis está, permitiendo concluir que el contrato de seguro que celebró con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público jamás tendría cobertura”, recordando que en ninguna parte de la póliza adquirida por el Estado se advierte que los buses de transporte masivo no son cobijados por el seguro.

Carmen Ligia Valderrama, viceministra de transporte, aclara que esta póliza ha sido de utilidad para aquellos propietarios de vehículos que no necesariamente forman parte del sistema masivo de transporte, incluso que desde el Gobierno nacional han brindado asesoramiento para que no se les vulnere sus derechos, pero recordó que en tema de cobros de seguros siempre hay que cumplir con un riguroso control que evite que dos aseguradoras paguen por un mismo siniestro.

Por su parte, Solidaria le dijo a SEMANA que desde el inicio de vigencia de esta póliza en junio de 2019 y hasta el pasado 27 de abril la aseguradora ha atendido 192 reclamaciones por cuantía de $13′823.562.352, de las cuales se han efectuado pagos solo por $3′804.721.652, los otros $10′018.840.700 se encuentran en curso.

Pero sin duda desde el 28 de abril en adelante, ha sido la etapa más critica que han tenido las aseguradoras por la cantidad de desmanes y destrucción que ha dejado el paro. Según datos de la Federación de Aseguradores Colombianos, los reclamos que las empresas y personas aseguradas han hecho a las compañías de seguros, al 15 de junio suman más de $190.500 millones, allí están incluidos los vehículos particulares y el transporte. Las ciudades con mayor afectación son Cali, Bogotá y Medellín.

Enrique Wolff, gerente de GIT, concesionario del transporte Masivo Integrado de Occidente, MIO, Cali, indicó que el Gobierno nacional está fallando no solo en no brindar seguridad y evitar los desmanes sino en no verificar que las pólizas adquiridas por él realmente sean efectivas. “Lo que pretenden es que nosotros asumamos un costo en los seguros que adquirimos, cubriendo la inoperancia de seguridad que tiene la ciudad sumergida en el terror”, indicó además el problema en la capital del Valle es aún más grave porque de no retornar a las actividades normales del sistema cientos de trabajadores podían ser despedidos.

En lo corrido del marco de este paro, Solidaria ha recibido pretensiones de afectación de esta póliza por un valor superior a los nueve mil millones de pesos, correspondientes a 1.831 eventos de los cuales ninguno ha sido pago, 1782 porque llamaron a la línea de atención pero no han aportado toda la documentación: 23 que están en tramite de atención; y 26 objetados, ya sea porque, según la aseguradora, no tiene cobertura (incluye exclusiones) o no cumple con los requisitos exigidos por la póliza para su indemnización.

Las solicitudes de los consorcios de Transmilenio fueron objetadas y con un no rotundo por parte de Solidaria, se fueron a pleito jurídico en la Superintendencia Financiera de Colombia. SEMANA conoció que Solidaria tiene cuatro demandas en su contra en la delegatura para funciones jurisdiccionales. Las empresas que la demandan son: ETIB, Consorcio Express, Sistema integrado de Provisión de Flota, Masivo Bogotá y Capitalbus.

En el Ministerio de Hacienda dicen estar haciendo el seguimiento correspondiente para verificar que Solidaria cumpla con lo acordado, sin desconocer que Mundial de Seguros, según una fuente de la cartera económica, también habría sido vinculada al proceso para verificar el alcance de su póliza. Lo cierto es que estos consorcios que vieron sus carros arder en llamas, hoy viven en el infierno de la incertidumbre de no saber quién y cuándo pagarán por los daños causados en las protestas más violentas que ha tenido la historia de Colombia.