Camino sin paz: el programa del gobierno Petro que fracasa en ejecución, atraviesa por problemas financieros y nadie vigila, según la Contraloría

A los graves problemas de orden público que viven los habitantes de departamentos como Cauca, Antioquia, Córdoba y Nariño, se suman los incumplimientos del Gobierno con el programa, anunciado con bombos y platillos, Caminos Comunitarios de la Paz Total.

El presidente Gustavo Petro prometió invertir más de 8 billones de pesos en el cuatrienio para mejorar 33.000 kilómetros de vías terciarias, pero la Contraloría hoy revela el fracaso de este compromiso. La iniciativa diseñada para mejorar la vida de las comunidades rurales terminó convertida en un problema mayúsculo para el Instituto Nacional de Vías (Invías).

SEMANA conoció en exclusiva un informe de la Contraloría que revela que el programa apenas ha ejecutado el 0,36 por ciento de los recursos: solo se han invertido 657 millones de los 4 billones prometidos para los dos primeros años. Para diciembre de 2024, únicamente se habían intervenido 172 kilómetros.

La Contraloría delegada para el Sector Infraestructura detectó esas irregularidades después de que revisó 192 convenios firmados por Invías con las Juntas de Acción Comunal (JAC) de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca y Nariño; esa tarea dejó casi 50 hallazgos fiscales por más de 1.500 millones de pesos.

Lo particular es que en departamentos como Antioquia, Cauca y Córdoba, donde se pretendía llevar la paz por medio de desarrollo, hoy viven una ola de violencia, terrorismo y sangre por la expansión y el control territorial que han venido ganando grupos ilegales como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Para 2023, se registró la firma de 1.035 convenios de obras con las JAC.

Para diciembre del año pasado, 141 seguían inconclusos, siete fueron liquidados sin ejecución y 856 lograron finalizarse. Aunque el plazo inicial era de tres meses, en promedio tardaron más de diez, lo que representa un incremento del 333 por ciento frente al tiempo pactado.

El año pasado, la situación se agravó: el Invías firmó 1.125 convenios con las JAC y, para diciembre, 242 seguían en ejecución sin concluir y 843 estaban suspendidos por falta de asignación del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC), según la entidad. Es decir, las promesas resultaron globos porque no había plata para los Caminos de la Paz Total.

Lo más grave es que la Contraloría encontró convenios firmados sin estudios técnicos completos que definieran el alcance de las obras. Ese vacío terminó trasladándose a la fase contractual, donde las JAC y las interventorías hicieron ajustes sin la aprobación del Invías.

Esas mismas Juntas de Acción Comunal, según el informe, no estaban capacitadas técnica, organizacional ni operativamente para poner a andar el megaproyecto que aspiraba a transformar las vías rurales, comunitarias y ancestrales del país; por eso también hay alertas de otras entidades como la Procuraduría.

Las investigaciones dejaron en evidencia los malos manejos de los recursos públicos con pagos que se hicieron sin justificación, sin requisitos contables, ni de tesorería, ni fiscales; lo peor del asunto es que el Invías tenía pleno conocimiento de todas esas inconsistencias. Cuando la Contraloría pidió información, no había soportes documentales del dinero que se entregó a las Juntas.

Las pruebas también sacaron a flote la pésima vigilancia del Invías en la ejecución de los convenios de los Caminos de la Paz Total, los contratos de interventoría y la inversión de la plata pública que se les entregó a las JAC en esos departamentos. La auditoría al programa dejó una advertencia: hacer los ajustes necesarios para garantizar la conexión de la Colombia profunda.

SEMANA reveló en julio de este año que la Procuraduría detectó una piñata de contratos de esta iniciativa que dejaría un descalabro financiero de 150.000 millones de pesos; la entidad respondió que estaban a punto de finalizar las obras contratadas en la vigencia 2023, información contraria a la que ahora revela la Contraloría.