La polémica por la imputación que nunca ocurrió en contra de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por las presuntas omisiones en la entidad que facilitaron el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, tiene un nuevo capítulo.
Desde la Fiscalía advirtieron que la información en poder de la fiscal a cargo del proceso, al momento de tomar la decisión, esto es, imputar cargos por prevaricato por omisión, era muy precaria, de ahí que se tomó la determinación de retirar la solicitud de imputación, lo que la fiscal planteó como siguiente paso en la denuncia contra Augusto Rodríguez.
La Fiscalía citó a imputación de cargos a Augusto Rodríguez, director de la UNP, por las presuntas omisiones en el esquema de seguridad del entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que habrían facilitado el magnicidio. https://t.co/LPxWxyUVCD
— Revista Semana (@RevistaSemana) January 19, 2026
La conclusión resulta confusa cuando fuentes de la propia Fiscalía advirtieron que los hechos materia de investigación fueron profundizados por la fiscal a cargo del proceso, tanto como para llegar a la determinación de solicitar la imputación por el delito de prevaricato por omisión, que luego le ordenaron retirar.
Formalmente, desde la Fiscalía aseguraron que se trató de evitar una duplicidad de investigaciones y desgastar los esfuerzos del ente acusador en los mismos hechos, esto entendiendo que se creó un grupo de tareas especiales para investigar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Insisten en que se respeta la independencia y autonomía de los fiscales, sin embargo, y a través de resoluciones, señalan los funcionarios de la Fiscalía, se termina por interferir en los procesos que adelantan los fiscales, como la que justamente tenía prevista la imputación contra Augusto Rodríguez.

Ahora es la misma Fiscalía la que advierte que la información contenida en la solicitud de imputación que hizo la fiscal del caso era “precaria”, lo que de plano anticipa que el proceso contra el director de la UNP tendrá un camino distinto a la imputación de cargos, decisión autónoma e independiente, que fue retirada por orden de las directivas del ente acusador.
SEMANA conoció detalles de una resolución que se convirtió en la respuesta de la Fiscalía tras el retiro de la imputación de cargos en contra de Augusto Rodríguez. Un documento que advierte la necesidad de incluir a la fiscal del caso en el grupo de tareas especiales que se creó por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

“Fiscal 295 seccional, adscrita a la Unidad de delitos contra la Administración Pública, contra la Eficaz y Recta Impartición de Justicia y contra los Mecanismos de Participación Democrática, con el objetivo de aportar su conocimiento, así como socializar o compartir de ser pertinente los elementos que sean útiles para la noticia criminal”, señala la resolución.
Aseguraron desde el acusador que lo que esperan es evitar juicios sin los elementos materiales probatorios suficientes para demostrar la inferencia razonable de autoridad o participación de quienes resultan implicados, que para el caso, era justamente el funcionario a cargo de la seguridad y protección del precandidato presidencial.
