En los últimos días, una fiscal de Bogotá tomó la determinación de llamar a imputación de cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, en el marco de la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Luego, los jefes de la fiscal le pidieron retirar la imputación.
Ahora, una polémica resolución, firmada el pasado 21 de enero, el mismo día que se ordenó retirar la imputación contra Rodríguez, le ordena a la fiscal 295 seccional, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Gloria Esperanza Caicedo, entregar los elementos de prueba que llevaron a la solicitud de imputación contra el director de la UNP.
La Fiscalía citó a imputación de cargos a Augusto Rodríguez, director de la UNP, por las presuntas omisiones en el esquema de seguridad del entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que habrían facilitado el magnicidio. https://t.co/LPxWxyUVCD
— Revista Semana (@RevistaSemana) January 19, 2026
La resolución, además, vincula a la fiscal Gloria Esperanza al llamado Grupo de Tareas Especiales que se creó con ocasión del magnicidio del precandidato presidencial. La funcionaria hará parte de ese equipo y, como aporte a la investigación, tendrá que socializar, incluso compartir todos los actos de verificación, la evidencia del proceso que llevó a la solicitud de imputación de cargos.
“Fiscal 295 seccional, adscrita a la Unidad de delitos contra la Administración Pública, contra la Eficaz y Recta Impartición de Justicia y contra los Mecanismos de Participación Democrática, con el objetivo de aportar su conocimiento, así como socializar o compartir de ser pertinente los elementos que sean útiles para la noticia criminal”, señala la resolución.
Desde la Fiscalía explicaron que un error de procedimiento, trámite o competencia obligó a la decisión de retirar la solicitud de imputación. Según dijeron, el caso por el magnicidio tiene un grupo de investigadores que trabajan de manera exclusiva en este proceso, un Grupo de Tareas Especiales, y deben ser ellos quienes adelanten todas las líneas de investigación.
“Luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y remitió esa indagación a dicho equipo de investigadores”, explicó la Fiscalía en un comunicado.
Era evidente que la fiscal tenía un recaudo probatorio importante y que las presuntas omisiones de autoridades eran hechos determinantes en el crimen de Miguel Uribe Turbay. Es decir, había elementos de prueba suficientes para llegar a la decisión de imputar cargos a Augusto Rodríguez; retiraron la audiencia no por falta de evidencia, sino de competencia.
“En los próximos días, se realizará una mesa técnica entre el Grupo de Tareas Especiales y la fiscal 295 de Administración Pública para fortalecer la línea investigativa por la posible desatención a los llamados de protección y de mejoras al esquema de seguridad del precandidato Uribe Turbay, así como para valorar los elementos materiales probatorios obtenidos hasta el momento, en aras de tener mayor contexto, unidad y una visión integral del caso”, insistió la Fiscalía.
En la resolución, se advierte que la fiscal Gloria Esperanza Caicedo continuará con la titularidad del proceso contra el director de la UNP, ahora que se suma al Grupo de Tareas Especiales, y no se descarta que en el futuro insista en la imputación contra el funcionario.
