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| 9/10/2018 9:00:00 AM

La pesadilla de viajar por la Vía al Llano

Los cierres de este corredor tienen enfurecidos a los habitantes del oriente del país y amenazan el abastecimiento de alimentos de Bogotá. La solución deberá correr por cuenta de todos: el gobierno, el sector privado, las autoridades locales y ambientales, y el concesionario.

cierres de la vía al Llano tienen enfurecidos a los habitantes del oriente del país La pesadilla de viajar por la Vía al Llano

Uno de los mayores dolores de cabeza para el país estalla cada cierto tiempo por cuenta de los cierres en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio. Pese a las millonarias inversiones que la Nación ha hecho por varias décadas en esta infraestructura, frecuentes incidentes han obligado a su cierre total o parcial, lo que ocasiona enormes pérdidas, descontento y una fuerte pugnacidad de los habitantes de la región.

En las últimas semanas el dedo acusador apuntó hacia el concesionario encargado de construir y mantener la vía, Coviandes, que a finales de agosto se vio obligado a cerrar el paso por casi una semana ante los deslizamientos que amenazaban la seguridad de los viajeros. Aunque el concesionario logró reabrir el paso luego de trabajar a marchas forzadas para remover los derrumbes recientes, el gobierno tendrá que jugarse a fondo para conseguir una solución que ponga punto final a los problemas de la vía y resuelva las tensiones entre líderes y habitantes de la región con el concesionario.

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Las protestas sociales contra el gobierno y el concesionario han crecido en las últimas semanas. Las han acompañado de amenazas de atentados contra los equipos del concesionario, propuestas para eliminar el pago de los peajes y un creciente respaldo al movimiento social ‘El Meta se mamó’. Este nació para presionar al gobierno nacional para que solucione prontamente los problemas en esa vía de importancia estratégica.


La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, convocó una veeduría en la que participan varias entidades, entre ellas la Gobernación del Meta, a cargo de Marcela Amaya, para buscar de manera coordinada una solución definitiva a los problemas de la vía al Llano. 

Pero hay que reconocer que esta vez se juntaron una serie de eventos desafortunados no atribuibles a un solo actor. En agosto, la ola invernal provocó las lluvias más fuertes de los últimos 40 años en la región llanera. El tema climático vino acompañado de problemas de deforestación en buena parte de la cordillera que atraviesa la vía, de construcciones ilegales que generan desprendimiento de material y de un manejo inadecuado de siembras en las montañas. A este coctel se sumó un fuerte movimiento telúrico que provocó nuevas grietas en la cordillera. Todo esto causó derrumbes y caída de material vegetal y piedras en más de 21 puntos críticos identificados.

En esas condiciones se volvió obligatorio cerrar la vía, con consecuencias nefastas para todos los que dependen de ella. Para la comunidad porque se siente enjaulada, ya que no puede desplazarse a cumplir sus compromisos diarios. Para los empresarios porque sus mercancías quedan paralizadas en uno u otro sentido. Y para el turismo, un renglón que ha venido ganando espacio entre las actividades económicas de la región llanera, por el freno en el flujo de viajeros. Los habitantes del Meta y Vichada, así como los del centro del país sienten el impacto por igual, pues estos ven cómo sus alimentos se encarecen ante la falta de abastecimiento.

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Datos recientes de la Cámara de Comercio de Villavicencio muestran que el 70 por ciento de la producción del llano va para el centro del país., y que un día de cierre de esta vía genera pérdidas para el agro llanero por unos 25.000 millones de pesos, equivalentes a 12.500 toneladas de comida. Los productores pecuarios estiman en más de 4.000 millones de pesos sus pérdidas por cada día de cierre, pues movilizan unos 1.700 bovinos y transportan unos 70.000 kilos de carne de cerdo en canal al día. También se afecta el transporte de hidrocarburos, la educación y la construcción, entre otros, pues los costos son enormes, dice el presidente de la Cámara, Leonardo Baquero. Los transportadores sufren una disminución del 60 por ciento en el despacho de pasajeros, que representan unos 800 millones de pesos al día.


La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, convocó una veeduría en la que participan varias entidades, entre ellas la Gobernación del Meta, a cargo de Marcela Amaya, para buscar de manera coordinada una solución definitiva a los problemas de la vía al Llano. 

Además, los llaneros se sienten enjaulados porque no cuentan con vías alternas eficientes. La única disponible no ha recibido el debido mantenimiento del Invías, y usarla implica daños para los vehículos y mayores tiempos de desplazamiento. A esto se suma la estrechez del aeropuerto de Villavicencio, que no se puede ampliar por su ubicación geográfica. Todo esto ha llevado a la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, a pedir al gobierno central intervenir con urgencia.

Qué se puede hacer

La comunidad ha insistido en que el concesionario Coviandes tiene la culpa de todos los males por no invertir más en el mantenimiento de la vía o evitar nuevos deslizamientos, pero en realidad esa empresa está entre los más afectados. En efecto, asume costos enormes: debe ejecutar frecuentes obras de remoción de tierra para habilitar nuevamente la vía y durante el cierre deja de percibir los ingresos que le generan los peajes.

Sin embargo, el concesionario también tiene sus culpas. La compañía no ha tenido una comunicación fluida con las comunidades para socializar sus temas y eso le ha generado cierta animadversión en la zona. Además, en enero de este año a Coviandes se le desplomó el puente Chirajara y, a estas alturas, su reconstrucción es incierta. El incumplimiento en la entrega de esta obra debía generarle multas al concesionario por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), pero hasta comienzos de septiembre no lo ha hecho.

Extraoficialmente, se sabe que la entidad abrió una investigación a Coviandes, pero aunque se trata de un hecho evidente, decretó pruebas para confirmar la caída del puente. La investigación, además, toma cerca de 600 días en promedio en la ANI, lo que implica que si de ahora a que termine la investigación ya ha construido de nuevo el puente, no habrá lugar a sanciones.

Frente a esta situación, el gobierno central decidió intervenir para dar una respuesta a la comunidad y garantizar que retorne la normalidad a la vía. Bajo el liderazgo de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, acaba de poner en marcha una veeduría en la que participan los alcaldes de varias poblaciones ubicadas en la vía, la Gobernación, las autoridades de gestión de riesgos, junto a directivos de la Cámara de Comercio y de la Andi, en representación del sector empresarial. El objetivo consiste en hacer un seguimiento puntual a los problemas y formular soluciones conjuntas que permitan que al final todos ganen.

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Durante la primera reunión convocada por la ministra Orozco el martes, el concesionario se defendió de los ataques y socializó algunos de los principales problemas de la zona que ocasionan los deslizamientos. Al término de la reunión quedó claro entre los asistentes que el manejo inadecuado de las tierras ubicadas en la parte alta de las montañas, así como la falta de control a las construcciones en laderas sin cumplir los requisitos ambientales están generando los continuos derrumbes.

Se estima que en el sector de Guayabetal, donde se presentan los mayores deslizamientos, 260 familias viven sobre las montañas. Han talado árboles para sembrar pastos para ganadería o para instalar galpones, y plantan de manera inadecuada y esto ha facilitado la erosión. A esto se suma que muchos alcaldes no realizan la vigilancia debida para evitar que la gente construya en zonas de ladera muy propensas a los deslizamientos.

Por eso, la ministra Orozco cree que la solución no solo dependerá de lo que haga el concesionario, sino del trabajo conjunto con la comunidad y con otras autoridades, como las corporaciones regionales Corporinoquia y Cormacarena. Habrá que reubicar a esas familias o darles alternativas productivas, ya sea al permitirles convertirse en guardabosques o al ayudarlos a desarrollar allí proyectos de ecoturismo que frenen la erosión de la montaña.

Las soluciones tendrán que contar con el compromiso de todos: desde los alcaldes locales y el gobierno departamental, pasando por las comunidades asentadas en las montañas, el concesionario y el gobierno central, hasta las autoridades ambientales. Porque de otra manera la vía al Llano va a seguir en una sinsalida.

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