Primer 'round' de la reforma política

Después de la Jurisdicción Especial de Paz, la reforma política es la segunda apuesta del Gobierno en la última legislatura. Después de la desmovilización de las Farc, es la herramienta para que puedan hacer tránsito a la vida política, fin definitivo del acuerdo de paz. Esta será la tercera reforma política de la era Juan Manuel Santos, y apunta a modificar el sistema electoral, como quedó firmado en La Habana. La paz estable y duradera, según el Gobierno, pasa por reformar las reglas que tradicionalmente han marcado el ejercicio de la política.

Como todas las reformas políticas, está no tiene un camino despejado, a pesar de que sea la primera que se tramite en menos de seis meses. Los partidos políticos, los encargados de darles la bendición, estarán aprobando nuevas normas que se estrenaran en las elecciones del 2018, precisamente con un ojo pendiente de la campaña, por lo que muchos intereses particulares pudieran estar en juego.

La reforma al equilibrio de poderes fue la primera reforma política que presentó el gobierno de Juan Manuel Santos pretendía sancionar a los partidos políticos por avalar candidatos inhabilitados o que resultaran condenados. Fue impulsada por entonces ministro Germán Vargas Lleras, y se estrenó en las elecciones de 2011. Años después fueron varios los alcaldes condenados y destituidos y no pasó nada. La segunda reforma fue en 2015, la que eliminó la reelección presidencial, a pesar de que Santos había utilizado esa figura.

Esta tercera reforma es un compromiso suscrito entre el Gobierno y las Farc, y tiene como espectro una mayor inclusión de los diferentes movimientos políticos en el sistema democrático colombiano. Vieja deuda de la política colombiana, que se viene a saldar ahora, una vez terminado el conflicto armado con las Farc.

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A pesar de que el objetivo parece noble, como es normal sobre el texto que se debatirá contiene una gran cantidad de artículos.  

¿Fin a la muerte política?

Uno de ellos, y tal vez el que más suspicacia ha levantado es la modificación es el número 11 que habla sobre la pérdida de investidura. Según la nueva reforma se acabaría con la “muerte política” para ciertos delitos como la violación al régimen de inhabilidades, el tráfico de influencia o la indebida destinación de dineros públicos, ya que estos podrían cumplir una sanción y regresar a la vida pública, hecho que ha sido denunciado por varios sectores políticos.

El Gobierno asegura que si bien la propuesta elimina expresamente la causales por indebida destinación de recursos y tráfico de influencias, estas conductas “no están desapareciendo”. La reforma señala que será causal de pérdida de investidura haber sido condenado penalmente.

Financiación de campañas

Otra modificación que ha causado controversia es la financiación de los partidos políticos y de las campañas. Sobre la primera se ha dicho que será por partes equitativas con dineros provenientes del Estado y la segunda habla de una financiación para las campañas en manos principalmente del Estado, hecho que ha generado posiciones a favor y en contra.

Quienes están a favor aseguran que es una forma de acabar con la corrupción por parte de las empresas que financian las campañas a cambio de favores políticos. Sin embargo, quienes están en contra de este artículo creen que los elevados costos llevarán a un excesivo gasto estatal que podría traducirse en más impuestos y corrupción interna.

Este punto también contempla la prohibición de la entrega de donaciones, contratación de transporte (a excepción del de zonas rurales), realización de transacciones por fuera del sistema financiero a menos de que estas sean de mínima cuantía.

Lo que molesta al procurador

Otra de las controversias de la reforma viene en el artículo primero del proyecto. Propone que las inhabilidades decretadas por el Ministerio Público, solo tendrán efectos cuando sean ratificadas por el  Consejo de Estado.

En la práctica,  si el Congreso aprueba esta reforma, las inhabilidades para ejercer derechos políticos por fallos no judiciales, como los disciplinarios, solo tendrían efecto si fueren ratificados por el Consejo de Estado. En ese sentido, la Procuraduría pierde parte de sus funciones de disciplinar a los servidores públicos, situación que preocupa en el Ministerio Público.

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El gobierno justifica su propuesta en la necesidad de armonizar el derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político con los tratados internacionales ratificados por Colombia, en relación con su posible limitación por parte de órganos administrativos.

También argumenta la importancia de aprobar esta norma frente a la promoción y otorgamiento de acceso al sistema político, desarrolla el Acuerdo Final de La Habana, en el cual expresamente se señaló que “(…) los derechos y deberes consagrados en la Carta, se interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, sin que su goce o ejercicio puedan ser objeto de limitación”.

El procurador general Fernando Carrillo no está convencido de la propuesta. Asegura que en un momento en el que se hace necesario que fortalecer las herramientas de lucha contra corrupción, esta modificación parece no estar en esa dirección. “Relativizar las sanciones por la vía de crear recursos no parecería lo más indicado”, dijo a Semana.com

Carrillo plantea que en lugar de someter los fallos disciplinarios a una revisión del Consejo de Estado, en los casos que se decrete inhabilidad política “podría estudiarse un tipo de recurso para satisfacer lo establecido por la Convención Americana en materia de funcionarios de elección popular”.

En este pulso, Carrillo tiene de aliado al contralor general Edgardo Maya Villazón. Aparentemente las mayorías en el Congreso están a favor de la propuesta del Ejecutivo.

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Reconocimiento sin umbral

Otro punto a tener en cuenta es el que busca desligar la personería jurídica, que es el reconocimiento de un partido por parte del estado, con el umbral, es decir, el número de votos que obtiene en una elección. Esto quiere decir que los partidos podrán tener su personería jurídica sin haber alcanzado el umbral siempre y cuando cumplan una serie de requisitos que son:

Tener un mínimo de afiliados equivalente al 0.2% del censo electoral, es decir de la población apta para votar, esto vendría siendo unos 71.226 ciudadanos. Esta base se irá aumentando a partir de 2019 hasta que llegue al 0.5 del censo electoral, es decir, 178.065 personas, lo que les permitirá acceso a nuevas organizaciones políticas. De aprobarse la reforma, durante ocho años, los partidos que tienen personería jurídica mantendrán esta condición sin afiliación o votación

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Finalmente, la reforma también contempla la promoción de la participación política. Para ello, limita a únicamente tres periodos la reelección para cualquier corporación (Senado, Cámara de Representantes, Concejos, Asambleas, etc), busca reducir la edad para postularse a diferentes cargos (Senado de 30 a 28, Cámara de 25 a 23) y reglamenta el principio de paridad gradual.

Muchos puntos de esta reforma fueron planteados en el acuerdo final entre el gobierno y las FARC y lo que buscan es la inclusión política de esa guerrilla como actor político y de muchos otros partidos más. De aprobarse el proyecto, se lograrán los cambios mencionados anteriormente en el sistema político.