Contra la zoofilia, el maltrato y el abandono: estas son las políticas públicas que están revolucionando la dignidad animal en Colombia

En Colombia, los animales en situación de calle son un problema silencioso que durante décadas ha permanecido en la sombra frente a la mirada de la sociedad. A pesar de la creciente conciencia sobre la tenencia responsable de animales de compañía, las estadísticas sobre abandono y maltrato siguen siendo alarmantes y reflejan a un país rezagado en temas de protección y bienestar animal.

Las cifras disponibles, aunque incompletas y dispersas, ponen de manifiesto la magnitud del problema. Según datos del Departamento Nacional de Planeación, en 2016, solo en Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena se estimaba que había alrededor de 2 millones de animales abandonados deambulando en las calles. Estas ciudades representan apenas una parte del país, razón por la cual se calcula que a nivel nacional la cifra podría superar hasta los 5 millones.

Actualmente, en Colombia no existe un registro nacional unificado y confiable, sobre todo porque los animales no han sido considerados tradicionalmente como sujetos de protección para el Estado. Además, la escasez de políticas públicas robustas se manifiesta en que apenas 20 capitales cuentan con programas estables de esterilización y no más de 15 municipios disponen de un centro de bienestar animal con condiciones adecuadas para atender dicho problema.

Esta limitada infraestructura revela el retraso que enfrenta Colombia en este tema y la urgente necesidad de una gestión más activa y coordinada.

El maltrato animal, otro aspecto crítico, tampoco escapa a cifras preocupantes. Según la Fiscalía General de la Nación, entre 2016 y 2024 se radicaron cerca de 16.000 denuncias por maltrato a animales, pero apenas 813 casos llegaron a imputación y solo 169 terminaron en condena. Esta desproporción muestra una impunidad que, lejos de disuadir, podría estar perpetuando conductas criminales con los animales de compañía.

Cédula animal,Ley Ángel y rescate en desastres

Ante esta triste realidad, SEMANA conversó con tres congresistas que han impulsado una serie de iniciativas legislativas para salvaguardar los derechos, la protección y el bienestar de los animales de compañía en Colombia. Según el Dane, el 67 por ciento de los hogares, 4,4 millones de familias, conviven con al menos un animal de compañía.

Germán Rozo, representante a la Cámara de Arauca por el Partido Liberal, lidera el proyecto de ley para la creación de la cédula animal y la Red Colombiana de Identificación Animal (RCIA), iniciativa que busca unificar un registro oficial y confiable de mascotas a través de la implantación de un microchip. Este contendrá información esencial del animal y su propietario, facilitando la identificación, control y sanción ante casos de abandono, pérdida o maltrato.

Rozo le explicó a SEMANA que el proyecto plantea la creación de una mesa institucional compuesta por los ministerios de Salud, de Ambiente, de Agricultura, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y entidades de bienestar animal. Esta mesa determinará la política pública y tomará decisiones para garantizar el funcionamiento y regulación del sistema.

Rozo señala que el costo del microchip y la cédula será accesible y se busca colaboración estatal para apoyar especialmente a personas de bajos recursos. De acuerdo con el representante, el proyecto, presentado inicialmente por Edward Rodríguez en la legislatura anterior, busca, asimismo, facilitar la resolución de conflictos sociales derivados de la falta de claridad sobre la tenencia y propiedad de mascotas. “Actualmente, no existe una forma clara ni verificable para saber quién es realmente el dueño, lo que genera disputas en estrados judiciales, principalmente en situaciones de parejas separadas. Además, hay modalidades nuevas, como el secuestro de mascotas para pedir rescate”.

Por su parte, la senadora Andrea Padilla, de la Alianza Verde, señala que su equipo tiene en curso 11 iniciativas, entre ellas la ley empatía, para que se eduque en protección animal a niños y adolescentes.

También, la ley zoópolis, para garantizar la sana convivencia con animales de compañía en propiedad horizontal; la ley de criaderos y comercialización, para reglamentar una actividad cruel e irregular; y una ley para crear un fondo nacional de protección y bienestar animal, con impuestos del sector de bienes y servicios para animales de compañía, que el año pasado facturó alrededor de 5 billones de pesos.

Sobre la Ley Ángel –contra el maltrato animal–, la senadora Padilla afirma que desde su aprobación y sanción “en cuatro meses que tiene de vigencia se han producido tres medidas de aseguramiento privativas de la libertad en establecimientos carcelarios: Bucaramanga, Santa Marta y Ocaña. También ha habido decomisos de animales por vía policial a criaderos, además de ingresos de la policía en domicilios a efectos de rescatar animales gravemente agredidos, lo que antes no era permitido”.

La senadora también indica que con la entrada en vigencia de la Ley Ángel se espera que “se incrementen las denuncias, las capturas, las imputaciones, las medidas privativas de la libertad y, por supuesto, las condenas. También esperamos que, en la medida en que la norma sea efectiva, porque ahora sí podrá haber cárcel, se reduzcan el delito y las conductas de maltrato animal”.

Por su parte, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, hace énfasis en la ley de rescate animal ante desastres y emergencias recientemente sancionada. Según la senadora, “establece que desde el momento en que empieza la emergencia existe la obligación de rescatar al animal, transportarlo, darle atención médica veterinaria de emergencia y alimentación”, además de asegurar que los albergues temporales estén preparados para que las familias no tengan que abandonar a sus mascotas.

Hernández subraya que “hoy en Colombia no hay ni siquiera recursos para un guacal, un plato de comida, ni agua para los animales en situaciones de desastre”. Por eso era vital incluir estos aspectos en la regulación nacional.

Otra iniciativa clave que la senadora Hernández promueve es la sanción explícita de la zoofilia en el Código Penal. Explica que en Colombia “la zoofilia no es delito. La Ley 1774 ni siquiera la incluye como un delito autónomo”, lo que dificulta que las víctimas puedan acceder a la justicia.

El proyecto que lidera busca que este acto “esté tipificado como delito independiente, con una gradación de sanciones que contempla agravantes como la repetición, la participación de varias personas, la presencia de niños o la difusión de material pornográfico con animales”. La senadora denuncia que “hay un subregistro enorme, porque muchas denuncias ni siquiera son recibidas o se clasifican erróneamente como maltrato”.

Finalmente, la senadora Hernández también trabaja en una propuesta para prohibir el uso de recursos públicos en espectáculos que utilicen pólvora dado el impacto nocivo de esta práctica sobre los animales de compañía y el ambiente.

Asegura que esta iniciativa “ya fue aprobada en primer debate por unanimidad” y pretende desincentivar la pirotecnia por sus efectos negativos no solo en los animales, sino también en personas con condiciones sensibles como la epilepsia, así como en la contaminación del aire y del agua.