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| 8/25/2019 4:34:00 AM

Ricaurte, Palacino y Mondragón libres, ¿falló el sistema judicial?

La libertad esta semana de tres personajes icónicos de la corrupción puso sobre el tapete los abusos a los que han llegado con el vencimiento de términos.

Crisis en el sistema judicial: vencimiento de términos dejó en libertad icónicos de la corrupción Francisco Ricaurte, exmagistrado
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*El audio de este artículo está hecho con inteligencia artificial.

La crisis que atraviesa el sistema de justicia colombiano volvió al centro del debate esta semana tras la orden de libertad por vencimiento de términos a los protagonistas de tres casos de muy alto perfil. Por cuenta de esa figura, volverán a sus casas el exmagistrado Francisco Ricaurte, una de las caras visibles del llamado cartel de la toga; el expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino, y el exdirectivo de la firma Estraval, César Mondragón. ¿Qué pasa?

La orden de libertad no da por terminados sus procesos ni los exonera de responsabilidad. Pero indignó a la opinión pública que las fichas clave de tres de los escándalos de corrupción más sonados de los últimos tiempos hayan quedado libres. Más aún, cuando su salida de la cárcel no obedece a que hayan aparecido pruebas contundentes, sino a la imposibilidad del sistema judicial de hacer oportunamente su trabajo. Todo ello obliga a reflexionar sobre el estado actual del sistema y la necesidad de reformarlo.

Puede leer: Francisco Ricaurte queda en libertad por vencimiento de términos

En esencia, el vencimiento de términos ha existido siempre en los códigos de procedimiento penal como una especie de castigo para el Estado cuando este no cumple su deber de adelantar un proceso dentro de los tiempos que establece la ley. Además de obligar a los actores de la justicia a actuar con celeridad, la figura surgió para proteger a las personas y obligar al Estado a definirles su situación judicial oportunamente. Sin embargo, los problemas y limitaciones del sistema han hecho que el vencimiento de términos se convierta en el mejor aliado de los abogados para buscar la libertad de sus clientes. Eso precisamente está sucediendo en la actualidad.

Ha perdido su propósito inicial una figura que busca garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad sin condena en firme.

Así las cosas, ha perdido su propósito inicial esa figura estructurada para garantizar los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad sin tener una condena en firme. Lo ocurrido esta semana prueba que algo quedó mal en el diseño de la justicia colombiana.

El primer baldado de agua fría llegó este martes, cuando el país se enteró de que un juez penal del circuito había dejado en libertad al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, quien fue llamado a juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y utilización indebida de información. Como la Fiscalía acusó a Ricaurte el 12 de diciembre de 2017, la defensa argumentó que ya habían transcurrido dos años sin que empezara el juicio. Por eso el juez no tuvo otra opción que dejarlo en libertad por vencimiento de términos.

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Los abogados del exmagistrado habían echado mano de todos los recursos que permite la ley para demorar su caso. En cerca de 14 diligencias, la defensa presentó 120 solicitudes probatorias y pidió sin éxito llevar ante los tribunales a casi un centenar de testigos entre quienes aparecían los expresidentes de la Corte Suprema José Luis Barceló y Leonidas Bustos, y figuras de la talla de Juan Manuel Santos o Néstor Humberto Martínez. Esto, sumado a otras estrategias de la defensa que han servido para poner el proceso en el congelador, hizo que la Fiscalía les solicitara a los jueces negar la petición de libertad al considerar que se habría incurrido en maniobras de dilación. Sin embargo, el juez de segunda instancia no aceptó esas tesis. En adelante, el cuestionado exmagistrado afrontará su proceso desde la comodidad de su casa.

Al día siguiente, mientras los debates en los medios y en las redes sociales hervían por cuenta de la indignación ante la salida de Ricaurte de la cárcel, apareció en los medios la noticia de que Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, saldría en libertad, también, por vencimiento de términos. Quien en su momento fue la cabeza de esa entidad de servicios de salud, estaba preso en la Cárcel La Picota desde el 8 de marzo de 2018. Hoy Palacino enfrenta un proceso por su presunta participación en los delitos de estafa, fraude procesal, y falsedad en documento privado. Esto por los malos manejos de los recursos de los pacientes de la desaparecida EPS.

Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop.

La defensa de Palacino había apelado la decisión de un juez que pedía prorrogar la medida de aseguramiento por un año más. Este miércoles, el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón al señalar que la Fiscalía no logró demostrar la necesidad de mantener a su cliente tras las rejas y que las dilaciones no eran atribuibles a la defensa. Así las cosas, ordenó la libertad de Palacino por haberse superado los términos establecidos entre la radicación del escrito de acusación y el comienzo formal del juicio.

César Mondragón, Exdirectivo de Estraval.

La cereza del pastel llegó el jueves: por tercer día consecutivo, salió en libertad por vencimiento de términos otro de los peces gordos de los escándalos de corrupción. Esta vez, el turno le correspondió a César Mondragón, exdirectivo y cofundador de la firma Estraval. El personaje enfrenta un proceso por delitos de estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito. Nadie entiende que con un inventario de delitos de esa envergadura, la justicia no haya sido capaz de llevar un proceso dentro de los tiempos establecidos por la ley. Sin embargo, la defensa del polémico empresario, al igual que en los casos anteriores, pudo argumentar que Mondragón lleva más de 120 días privado de la libertad sin que se inicie un juicio en su contra.

Este oscuro panorama evidencia que el estado debe darle prioridad a sacar adelante una reforma a la justicia. Pero se trata de un problema difícil de solucionar.

Este oscuro panorama evidencia que el Estado colombiano debe darle prioridad a sacar adelante una reforma a la justicia. Sin embargo, no va a resultar fácil solucionar este problema. El 30 por ciento de los presos en las cárceles de Colombia están sindicados pero no condenados. El mecanismo del vencimiento de términos sirve para evitar que la justicia les prolongue indefinidamente la detención. Para que haya una salida viable, la reforma debe enfocarse en controlar mejor a los abogados, aumentar el presupuesto para jueces y crear mecanismos para descongestionar los juzgados y cumplir los tiempos procesales. Mientras la reforma a la justicia se concentre solo en repartir el poder burocrático, como ha pasado hasta ahora, nunca saldrá la luz al final del túnel.

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