El abogado Víctor Mosquera Marín, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay, rechazó tajantemente los señalamientos realizados en redes sociales por funcionarios cercanos al Gobierno de Gustavo Petro, relacionados con la decisión tomada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según el jurista, lo expresado por “instituciones del actual Gobierno y por su abogado en redes sociales, haciendo eco en algunos medios de comunicación”, ha generado una cadena de desinformación y revictimización.
En un comunicado de prensa, Marín aseguró que lo afirmado por el abogado personal de Gustavo Petro y de su hijo, Nicolás Petro Burgos, sobre una supuesta exoneración del Gobierno en este magnicidio es totalmente falso y no coincide con lo que concluyó la CIDH al resolver una petición de medidas cautelares.
“El cierre de las medidas cautelares por parte de la CIDH no implica la inexistencia de riesgos ni una exoneración de responsabilidad del Estado, sino el reconocimiento de que la situación de riesgo inminente sobre la vida desapareció, evidentemente, debido a la consumación del daño sobre la vida del Senado”, señala uno de los apartes.
La situación es muy diferente a la que han mencionado en las últimas horas el abogado Alejandro Carranza y otros funcionarios, quienes han “insinuado que se trató de una negación del riesgo o de una exoneración de las responsabilidades” frente a los hechos ocurridos el 6 de junio de 2025, que terminaron con la vida del senador y precandidato a la Presidencia.
En otro de los apartes del comunicado se aclara que la decisión tomada por el organismo internacional no constituye ni un fallo absolutorio ni una exoneración de responsabilidad por parte del Estado colombiano.
“La CIDH advirtió expresamente que, sin perjuicio del cierre formal de la medida cautelar, continuará realizando un monitoreo sobre la actuación del Estado colombiano en relación con la seguridad de la familia, con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de protección”, añadió el abogado penalista.
Frente a los señalamientos realizados, que han recibido varios comentarios, Víctor Mosquera Marín indicó que lo manifestado representa “de mala fe, jurídicamente incorrecto y abiertamente desinformador e inexacto presentar esta decisión como un fallo a favor del actual Gobierno”.
No sea miserable, @HombreJurista, y tenga el valor de etiquetarme cuando pretenda formular ese tipo de afirmaciones malintencionadas. Asolapado
— Victor Mosquera Marin (@VictorMosqueraM) February 5, 2026
Las medidas cautelares fueron cerradas por la @CIDH luego de que el Estado colombiano demostrara la existencia de investigaciones… https://t.co/yF7hJDpZdG pic.twitter.com/0rmcs2rDYZ
Recientemente, SEMANA reveló un documento que indica que el Congreso planeaba solicitar ser reconocido como “víctima” dentro del proceso contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, quien presuntamente incurrió en una omisión de sus funciones al no atender las solicitudes de incrementar el esquema de protección del dirigente político.
La defensa de Uribe Turbay señaló que, durante el primer semestre de 2025, se presentaron 23 peticiones para revisar el esquema de seguridad del congresista del Centro Democrático, todas las cuales fueron rechazadas sin justificación.