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| 9/29/2018 5:12:00 PM

Dosis mínima: ¿avance o retroceso?

Este lunes, el gobierno expedirá el decreto que prohíbe portar la dosis mínima en lugares públicos. El exministro de Justicia Yesid Reyes, y la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra exponen dos miradas sobre el tema.

Dosis mínima: Yesid Reyes y María del Rosario Guerra con sus puntos de vista Yesid Reyes y María del Rosario Guerra

SEMANA: ¿Cuál es su visión sobre el decreto para prohibir el porte de la dosis mínima?

YESID REYES: El origen del decreto parece ser resultado de la dificultad que tiene el Estado para distinguir entre el consumidor y distribuidor de droga. Eso los llevó a tener la misma idea de Herodes en la matanza de los inocentes: para distinguir a Jesús de los demás niños, el emperador decidió ejecutar a todos los bebés. Aquí es el mismo principio. Como no saben cómo separar las políticas de distribución y las de consumo, entonces deciden prohibir todo. Con el decreto vulnerarán derechos de quienes son adictos o consumen esporádicamente en lugares privados, lo cual hoy está autorizado.

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA: El decreto responde a la intención del Estado de combatir el microtráfico, el narcomenudeo y los jíbaros. Busca promover el respeto a los sitios públicos donde se supone que no debe haber consumo, y proteger la niñez y la juventud para que no tengan acceso al negocio de las drogas. El presidente Iván Duque ha sido coherente con lo que propuso en campaña.

Escucha""Negar el consumo de drogas es negar la realidad"" en Spreaker.

SEMANA: Pero hay coincidencias en que es una medida para atacar el microtráfico…

Y.R.: Sí. Es un deber del Estado luchar contra el microtráfico, el tema es no hacerlo a cualquier precio. Con ese decreto pueden afectarse los distribuidores, pero se afectan los derechos de un grupo más grande de la población que son los consumidores de droga. En Colombia, el consumo no está prohibido en el ámbito privado. Con la decisión de prohibir el porte, ese consumo es imposible y se vulnera el libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho reconocido por la Corte Constitucional.

M.R.G.: Tenemos que dejar de ver esto como un tema de simple desarrollo de la personalidad. Este decreto les hará a las personas más difícil acceder a las drogas, lo cual puede tener efectos positivos en la sociedad, en la educación y la salud.

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SEMANA: ¿Qué futuro jurídico tiene un decreto que aparentemente va en contravía de un derecho reconocido constitucionalmente como el libre desarrollo de la personalidad?

Y.R.: Yo le veo poco futuro al decreto precisamente por eso, porque no se limita a sancionar mediante el decomiso al distribuidor de droga sino que afecta a personas que tienen derecho a consumirla. El Código de Policía prohíbe fumar marihuana y beber alcohol en la calle. Entonces, con la misma lógica de este decreto de modificar el código para prohibir el porte, la Policía también debería estar autorizada para parar a la gente en la calle, revisarle las bolsas de mercado y decomisar el licor que se va a tomar en la casa. Al igual que sucede con la droga, el consumo de alcohol también es prohibido en el espacio público y también puede afectar la salud de los jóvenes.

M.R.G.: El decreto dice que el policía decomisa la droga y si la persona no puede demostrar que es su dosis mínima y que la necesita para manejar su adicción la destruye y le sanciona. El mayor reto es entrenar a la Policía Nacional para entender qué significa la adicción y cuánto en principio puede necesitar una persona.

SEMANA: En 2016 la Corte Suprema indicó que el porte de drogas para el consumo no era delito. ¿Es posible cambiar esa jurisprudencia modificando el Código de Policía?

Y.R.: No necesariamente va en contravía, porque el gobierno no ha hablado de criminalizar el porte (volverlo delito), sino de decomisar la droga. El decreto anunciado sí vulnera la decisión de la Corte Constitucional de garantizar el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de las personas de hacer lo que quieran en el ámbito privado.

M.R.G.: El decreto no va en contravía de esa sentencia, porque penaliza la comercialización, no el consumo. Además, desde otra perspectiva, el Consejo de Estado no ha dicho que portar o consumir sustancias alucinógenas es un derecho fundamental. Esa es una interpretación que hacen algunos.

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SEMANA: Si el consumo de la dosis mínima no está prohibido, con este decreto ¿cómo llevará la gente la dosis mínima a su casa?

Y.R.: Es imposible. Nadie puede consumir sin haber portado la droga en algún momento.

M.R.G.: Si una persona puede demostrar que esa es la cantidad que requiere, no se la debe decomisar. Ahí es donde resulta relevante el criterio de los policías, quienes deben determinar si efectivamente esa cantidad es para el consumo.

SEMANA: ¿La Policía tiene los instrumentos para determinar cuánto es una ‘dosis mínima’?

Y.R.: La Corte ya ha dicho desde hace muchísimos años que la dosis mínima no tiene unos límites aritméticos fijos porque la tolerancia de cada persona es distinta. Luego un policía no tiene la capacidad para evaluar que una sustancia que supera entre dos o tres gramos la medida que está en la ley es o no una dosis personal.

M.R.G.: Ese es el gran reto de la Policía. El Ministerio de Defensa tendrá que capacitarlos.

SEMANA: El presidente defiende el decreto argumentando el derecho de los niños a tener una vida saludable…

Y.R.: Sin ninguna duda el Estado tiene que perseguir a los distribuidores y proteger a los niños. La pregunta es si lo puede hacer a cualquier costo. Mi respuesta es que eso no puede hacerse a costa de afectar derechos fundamentales de los demás ciudadanos. Hay que buscar otras maneras.

M.R.G.: Totalmente, los niños están empezando a consumir desde los ocho años. El foco de este decreto está en los menores de edad.

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SEMANA: Esta semana se supo que el Ministerio de Defensa acompañará el decreto y no el de Justicia, debido a que es una modificación del Código de Policía. ¿Qué piensan de eso?

Y.R.: Eso es una muestra de que el gobierno asume el tema del consumo de drogas de forma punitiva. Esto es un problema de salud, la cárcel no cura adicciones. Cualquier medida en este tema debería acompañarla el Ministerio de Salud.

M.R.G.: Estoy de acuerdo. El abordaje del tema debe ser interinstitucional. Justicia, salud y educación deben estar presentes en cualquier política pública sobre el tema. El Ministerio de Defensa, por su parte, debe capacitar a los policías sobre cómo tienen que actuar cuando encuentren a alguien con droga. Y el Ministerio del Interior debe trabajar temas relacionados con los comportamientos en el espacio público.

SEMANA: La ministra de Justicia dijo que se le va a exigir al consumidor demostrar que es adicto para que el policía no le decomise la droga, ¿qué pasa con el consumidor ocasional?

Y.R.: Eso parte de un supuesto equivocado y es que todos los consumidores son drogadictos. Hay una muy buena porción de personas que consumen droga de manera recreativa y esas personas van a estar obligadas a buscar un certificado de adicción que es mentira.

M.R.G.: El Estado va a tener que trabajar con las EPS para que atiendan a estas personas. No solo para ayudarles en el tratamiento, sino para darles certificados de adicción. Y no veo cómo al consumidor recreativo le puede afectar este decreto. Lo único sería que esté involucrado en una pelea o esté haciendo un show en su casa para que la Policía llegue a requisarlo.

SEMANA: Desde que salió el Código de Policía se han denunciado sobornos por parte de la fuerza pública para que no decomisen la droga. Ahora, con la posibilidad de poder confiscar hasta la dosis mínima, ¿cómo controlar esto?

Y.R.: Es claro que se pueden generar problemas de corrupción como lo mencionó el mismo ministro de Defensa, además de mejorar el mercado, en la medida en que cada consumidor al que le decomisen la dosis mínima querrá comprar de nuevo.

M.R.G.: Confío en que la Policía tomará conciencia de la labor tan importante que tiene que hacer.

SEMANA: ¿Qué tan efectiva es esta medida para limitar el consumo?

Y.R.: Ninguna porque no ataca las causas del consumo que son la adicción o la tendencia del consumidor esporádico de utilizarla. Eso es un problema de salud, es exactamente el mismo problema que el Estado enfrentó hace años con el alcohol y el cigarrillo. Si a los consumidores les dieran oficialmente su dosis o un sucedáneo de la dosis, no tendrían que comprar en la calle, que es en el fondo lo que planteó Gustavo Petro en Bogotá.

M.R.G.: Creo que en la medida en que se limita la comercialización y se hace difícil el acceso a la droga, puede bajar el consumo. Si podemos reducir la comercialización en colegios será un avance significativo.

SEMANA: ¿Hay alguna evidencia de que un enfoque como el del decreto podría funcionar?

Y.R.: Hace 50 años estamos en la lucha contra las drogas, y ¿la ganamos? No. Hay cada vez más droga en las calles y más consumidores. Si el enfoque represivo de la lucha contra las drogas hubiera sido el correcto, en 50 años hubiéramos logrado acabarla o reducirla al mínimo. Albert Einstein siempre decía que era una tontería seguir haciendo siempre lo mismo esperando resultados distintos.

M.R.G: La lucha nuestra ha sido contra la producción y contra los cultivos ilícitos, no contra el consumo. Eso se debe a que nunca pensamos que Colombia fuera a ser un país consumidor. Ahora, en casos como Uruguay, si bien la droga se legalizó, el consumo no se ha reducido.

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