Judicial
La Corte Suprema cierra filas en la defensa del fiscal General tras ataques del presidente Petro: “El fiscal no tiene superior jerárquico”
Las declaraciones del jefe de Estado generaron una verdadera tormenta política y un debate sobre la separación de poderes en Colombia.
Una verdadera tormenta política generó el presidente de la República, Gustavo Petro al asegurar que él era el jefe directo del fiscal General, Francisco Barbosa. La gravedad de sus señalamientos motivó a que la Corte Suprema de Justicia emitiera un fuerte pronunciamiento.
El presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo Cadena sostuvo que el Fiscal General “no tiene superior jerárquico” y es elegido directamente por el alto tribunal de una terna que envía el jefe de Estado. “Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”.
En un comunicado, el alto tribunal advierte que las declaraciones emitidas por el presidente generan una “gran inquietud” puesto que se trata de “la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia”. Esto, en referencia, a uno de los trinos publicados por el presidente Petro para justificar las declaraciones que hizo desde España.
Le recordó que las funciones del Fiscal General están reguladas por el ordenamiento jurídico y enmarcada en la autonomía de la Rama Judicial. “La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos. La justicia es un poder público patrimonio de Colombia”.
Tendencias
En este sentido se advierte que se debe respetar la separación de poderes que contempla la Carta Política. “La Administración de Justicia, de la cual forma parta la Fiscalía General de la Nación, es la función pública que cumple el Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y, también, para hacer efectivas las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico”.
Por esto, es necesario que se respete la división contemplada entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que la armonía fluya. “Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces en sus providencias, sólo están sometidas al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones”.
Petro no es mi jefe
Tras conocer las declaraciones que hizo desde España el presidente Petro, el fiscal General cuestionó el alcance de esas palabras y le advirtió que esto representa una “seria amenaza a la independencia de la justicia” por parte del presidente Gustavo Petro. Desde España, a raíz de las diferencias con Barbosa, Petro sostuvo: “Yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”.
En diálogo con SEMANA, el fiscal Barbosa rechazó esa declaración. “Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de derecho”, dijo.
“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi periodo, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, advirtió Barbosa.
“Hago un llamado a la comunidad internacional porque lo que acaba de hacer Petro es un primer zarpazo a la justicia en Colombia, y a la existencia del Estado de Derecho. Sus declaraciones ponen en riesgo la existencia de la Corte Suprema de Justicia”, señaló.
Con esto, se cierra una semana de fuertes disputas entre el Fiscal General y el Presidente de la República. El pasado jueves, Francisco Barbosa le reclamó por hacer una serie de señalamientos en su cuenta de Twitter que pusieron en riesgo la vida e integridad del fiscal Daniel Hernández y de su hijo, un menor de edad.