Este martes, a las ocho de la mañana, los congresistas de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara están citados a sala plena, en medio de un ambiente enrarecido por la suspensión de su presidenta, Gloria Arizabaleta, ordenada por la Procuraduría. La decisión se produjo luego de que Arizabaleta dispusiera la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro por la publicación de 22 mensajes en X que, a su juicio, constituían intervención en política. Este hecho sin precedentes en la historia del Congreso encendió las alarmas y agitó el panorama político a una semana de las presidenciales.
El orden del día no está establecido, al menos hasta el cierre de esta edición. Pero, si nada extraordinario ocurre, se oficializará la designación de María Eugenia Lopera, congresista antioqueña del Partido Liberal, como nueva presidenta (hoy oficia como vicepresidenta), al menos durante los próximos cuatro días que faltan para culminar la actual legislatura. O el próximo mes, si las directivas de la Comisión extienden el periodo hasta el 19 de julio para lanzarle un salvavidas a Gustavo Petro y archivar algunas de sus 200 investigaciones penales y disciplinarias.
Lopera no forma parte del Pacto Histórico, como Gloria Arizabaleta, pero es una de las congresistas liberales más cercanas a la Casa de Nariño. Desde la Comisión Séptima de la Cámara, empujó las reformas laboral, pensional y de salud de Petro.
En medio de los escándalos que sacuden por estos días a la Comisión de Acusación, el Gobierno pescará en río revuelto y tendrá a una presidenta de su resorte, al menos en el ocaso de este periodo legislativo.
María Eugenia Lopera, quien saltará al Senado después del 20 de julio, no tendrá mayor campo de maniobra para tomar decisiones porque el tiempo no juega de su lado, pero tiene en sus manos la vara mágica que puede enderezar el rumbo de varias de las investigaciones penales y disciplinarias que carga entre pecho y espalda Gustavo Petro.
Su primera tarea será repartir los diez procesos de participación en política contra el presidente que llevaron al procurador Gregorio Eljach a abrirles investigación disciplinaria el 4 de junio de 2026 a varios congresistas de la Comisión de Acusación, entre ellos Gloria Arizabaleta, por falta de acciones.
En el interior del organismo investigador, pocos congresistas están dispuestos a asumir esas investigaciones. “Nadie quiere líos con el procurador Eljach”, le dijo a SEMANA un congresista que pidió reserva de su identidad. Tampoco buscan enfrentamientos con la Casa de Nariño.
Lopera también repartirá las investigaciones que adelantó hasta el pasado viernes Arizabaleta, entre ellas la acumulación de cuatro expedientes (7185, 7195, 7174 y 7247) contra Petro por denuncias sobre supuesto lavado de activos y narcotráfico al ser incluido en la Lista Clinton por parte del Gobierno de Estados Unidos.
El proceso 7247 está relacionado con la contratación que hizo el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) del abogado estadounidense Daniel Kovalik, de la firma Amadeus Consultancy, para impugnar la decisión de Estados Unidos contra Petro, según denunció el ciudadano Germán Pardo Tovar. A su juicio, el presidente ordenó la firma del contrato por 10.000 millones de pesos para conseguir una defensa internacional a su favor y la de su esposa, Verónica Alcocer.
Igual ocurre con la investigación en contra del mandatario tras las explosivas declaraciones del narcotraficante Andrés Felipe Marín, conocido como Pipe Tuluá, quien denunció que había inyectado millonarios recursos a la campaña presidencial de Petro en 2022 a través del hermano del entonces candidato, Juan Fernando Petro.
SEMANA confirmó que Arizabaleta hizo gestión ante la Embajada de Estados Unidos y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, con el objetivo de conseguir una declaración completa de Tuluá que le permitiera avanzar en su investigación.
Arizabaleta también investigaba al presidente por revelar la historia clínica del niño Kevin Arley Acosta Pico, quien falleció tras no recibir sus medicamentos por parte de la Nueva EPS, ya que sufría de hemofilia.
Pero hay un tema más espinoso que preocupa al hoy mandatario. Hace dos semanas, Arizabaleta presentó un salvamento de voto junto con el congresista Wilmer Carrillo, del Partido de la U, donde solicitó que se vinculara al hoy jefe de Estado por presunta financiación irregular de su campaña presidencial en 2022. Además, pidió que lo llamaran a indagatoria, un escenario complejo para el hoy presidente. Su decisión cayó como un baldado de agua fría en la izquierda porque Arizabaleta fue esposa de Roy Barreras y llegó al Congreso con los votos del petrismo, dijo el exdirector del DPS Gustavo Bolívar.
El salvamento de voto, además del auto donde el congresista Alirio Uribe, del Pacto Histórico, pide inhibir al presidente de responsabilidad y lo exonera de toda culpa por la campaña presidencial, está sobre la mesa. Al fin y al cabo, Gloria Arizabaleta está suspendida y no destituida, y cuando radicó su postura contra Petro en la Comisión de Acusación, estaba activa en el Legislativo.
SEMANA conoció que la Casa de Nariño busca que el auto inhibitorio a favor de Petro se vote esta semana. De no ocurrir así, la suerte penal del presidente en el escándalo más sonado desde que llegó al poder, en agosto de 2022, podría quedar en manos de los próximos integrantes de la Comisión de Acusación de la Cámara. En ese nuevo escenario ya no estará Alirio Uribe, defensor del mandatario, quien no fue reelegido el pasado 8 de marzo, mientras aún se desconocen los nombres de los nuevos integrantes de esa célula legislativa. Vale la pena recordar que, si Abelardo de la Espriella se convierte en presidente, según apuntan las más recientes encuestas, el panorama de Petro podría complicarse.
No está claro si la nueva presidenta, María E. Lopera, en tiempo récord, pondrá en la agenda del día el estudio y la votación del auto de inhibición a Petro, así como el llamado a indagatoria. Si lo somete a votación, el mandatario podría resultar victorioso, si nada extraordinario ocurre.
De 18 senadores de la Comisión, solo quedan 15 porque Wadith Manzur, del Partido Conservador, fue capturado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo; Leonardo Gallego, del Partido Liberal, renunció esta semana y Gloria Arizabaleta no podrá volver al Congreso por la suspensión de la Procuraduría. De los 15 representantes, nueve votarían en favor de inhibir a Gustavo Petro: Juan Carlos Wills, María Eugenia Lopera, Karyme Cotes, Alirio Uribe, Alejandro Ocampo, Daniel Restrepo, Luis Ramiro Ricardo, Jorge Eliécer Tamayo y Olga Lucía Velásquez.
Y seis aplaudirían el salvamento de voto para llamar a indagatoria a Petro: Carlos Cuenca, Wilmer Carrillo, Óscar Villamizar, Hernán Cadavid, Katherine Miranda y Jorge Tovar. Más allá de estos cálculos de servilleta, el ministro del Interior, Armando Benedetti, tendría que mover sus fichas para lograr que los opositores a Petro conformen el quorum. Se necesitan 11 congresistas presentes en la sala plena. Desde hace varias semanas, los contradictores de Gustavo Petro adoptan la estrategia de retirarse de la sala plena cada vez que se contempla discutir investigaciones contra el jefe de Estado.
Se desconoce cuál será la posición de María Eugenia Lopera desde la próxima semana. Algunos sectores políticos estiman que buscará darle una bocanada de oxígeno al presidente. Otros consideran que no se inmolará por un mandatario al que le quedan menos de dos meses en el poder y con una Corte Suprema y una Procuraduría con los ojos puestos en la Comisión de Acusación. Menos aún, si está latente el grave cuestionamiento de Gustavo Petro sobre Gloria Arizabaleta, en el que la calificó de “criminal” y aseguró que la vallecaucana extorsiona al Gobierno.
La desconfianza y la incertidumbre rondan la Comisión de Acusación al cierre de la legislatura.