Eloy García ha sido maestro de varias generaciones de magistrados en Colombia. El profesor de derecho constitucional de la Universidad Compultense de Madrid conoce Colombia, su constitución y sus leyes como pocos, e incluso tiene la nacionalidad colombiana desde hace casi una década. También es el editor del libro de Egon Zweig, La teoría del poder constituyente, que el presidente Gustavo Petro recomienda leer y suele citar cuando habla de Constituyente.
El profesor escribió un texto para SEMANA, a propósito de la celebración de los 34 años de la Constitución y de las trascendentales jornadas electorales que vive el país este año. El catedrático asegura: “Es el pueblo colombiano quien en 2026 ha sido llamado a las urnas en una elección que se antoja crucial. Hay que decidir entre dos alternativas: profundizar y defender la Constitución o maltratarla hasta destruirla como desgraciadamente propone una izquierda leninista que no parece comprender que el muro de Berlín se hundió definitivamente en 1989, cuando estaba para nacer a la vida la exitosa Constitución política nacional”.
Agrega que “la disyuntiva es tajante: o se camina en la vía de la legalidad constitucional o se emprende la aventura de la ruptura con la legitimidad y el derecho para encomendarse en brazos de quienes niegan la Constitución y no quieren dejar claro si de ganar ellos, las elecciones volverán a repetirse democráticamente dentro de cuatro años".
Esta es su reflexión:
“La celebración el pasado día 17 de febrero del treinta y cuatro aniversario de la puesta en marcha de la Corte Constitucional, es un excelente momento de efectuar una reflexión sobre lo que ha significado para Colombia tener una Constitución y cumplirla.
Desde 1991, Colombia se diferencia de los países de América hispánica por el hecho de contar con una Constitución con voluntad de guiar los destinos de sus ciudadanos. Es lo que los expertos llaman “voluntad de Constitución”, que significa el enraizamiento en la realidad social del texto constitucional.
Los colombianos de 2026 viven en Constitución porque han hecho de la carta magna un elemento capital en su existencia cotidiana. La ciudadanía colombiana ve en la Constitución un dato relevante de sus quehaceres habituales hasta el punto de haberla transformado en signo patente de su ser normal. Y lo más importante, la Constitución ha terminado por definirse como supuesto diferencial de la idiosincrasia patria de los colombianos, porque los países que nos rodean carecen de Constitución, es decir, no ven en ella un referente jurídico de su realidad nacional.
Vea una entrevista de SEMANA con el profesor García a propósito de la emergencia económica.
La Constitución política de 1991, ha permitido a Colombia vivir en un estado de cosas jurídicas que ha sustituido paulatinamente a la fuerza y a la violencia para deparar a los colombianos un orden de paz construido en el derecho. Es lo que se llama Estado de Derecho.
La Constitución de 1991 es para los colombianos una guía que permite gobernar a las leyes por encima de las personas. Pero también contiene un elenco de derechos protegidos por los órganos constitucionales de garantía, y asimismo impone la presencia de unos servicios públicos destinados a proteger a los menesterosos, la consecución del Estado Social.
La Constitución colombiana es el resultado de un fenomenal esfuerzo por alcanzar la equidad y la paz en el derecho, que los constituyentes de 1991 forjaron en el consenso de todos los partidos, rompiendo así con la tradición de Constituciones de un sólo partido. Y ese consenso viene plasmado en una norma que tiene vocación imperativa, articulo 4 de la Constitución.
Con todo y con eso la Constitución colombiana no es una realidad completamente consolidada. A las lacras de la violencia y la corrupción que impiden que la legalidad constitucional se encuentre presente en casi un tercio del territorio nacional y que hacen que en los dos tercios restantes personajes incalificables se apoderen ilegalmente de lo que es de todos los colombianos, hay que sumar los ataques que continuamente le dirigen unos poderes constituidos que al nacer de la Constitución están llamados a cumplirla.
Contra estos poderes constituidos que se prevalen de su condición, ha venido luchando denodadamente en las última décadas la Corte Constitucional con sus sentencias. Sus logros han sido impresionantes. La socialización de la tutela es uno de ellos. Posiblemente el más evidente. La constitucionalización del poder es otro. Y en esa tarea, la Corte se ha visto flanqueada a menudo por la acción de otras magistraturas independientes, fiscalía, procuraduría y contraloría.
Es cierto, sin embargo, que muchas veces la intervención de la Corte ha superado los límites estipulados por los constituyentes y se ha producido un desbordamiento de sus facultades, lo que en el argot jurídico se conoce como “sustitución de la Constitución”. Pero más allá de lo cuestionable doctrinalmente que pueda resultar alguna intervención, lo importante es señalar que en esas ocasiones la Corte se ha comportado llenando el vacío que de otro modo se hubiera producido en la normatividad constitucional.
En esos casos, la Corte ha reaccionado frente a una amenaza existencial a la Constitución, alargando su mandato para salvar el desafío y garantizar la supervivencia de la Constitución. El viejo aforismo romano lo dice todo: “Salus Republica suprema lex est.”
Pero la acción de la Corte tiene un límite. Un órgano jurisdiccional no se puede convertir en legislador ordinario. No cabe hacer de la sentencia modo habitual de gobierno. No es ese el mandato constitucional. No corresponde ese cometido a sus atribuciones. No es su tarea histórica. Y no lo es porque nadie puede salvar a una democracia que no quiere salvarse a sí misma.
Es el pueblo colombiano quien en 2026 ha sido llamado a las urnas en una elección que se antoja crucial. Hay que decidir entre dos alternativas: profundizar y defender la Constitución o maltratarla hasta destruirla como desgraciadamente propone una izquierda leninista que no parece comprender que el muro de Berlín se hundió definitivamente en 1989, cuando estaba para nacer a la vida la exitosa Constitución política nacional.
Por eso, las próximas elecciones no consisten en renovar sólo el Congreso, no tienen por objeto escoger únicamente a un presidente. Se va a optar necesariamente entre la Democracia en la Constitución o su destrucción en el caos.
La disyuntiva es tajante: o se camina en la vía de la legalidad constitucional o se emprende la aventura de la ruptura con la legitimidad y el derecho para encomendarse en brazos de quienes niegan la Constitución y no quieren dejar claro si de ganar ellos, las elecciones volverán a repetirse democráticamente dentro de cuatro años.
Habrá que optar por cumplir la Constitución o destruirla.
Los colombianos tendrán muy pronto la palabra".
Eloy García.
Doctor en Derecho.