Nación
Empieza proceso de reparación a empleada de Laura Sarabia. El Estado tendría que responder por chuzadas, montajes y seguimientos
La demanda la presentó Fabiola Perea, la exempleada doméstica de Sarabia, quien, al igual que Marelbys Meza, fue acusada falsamente de ser auxiliadora del Clan del Golfo para “legalizar” los seguimientos.
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El Juzgado 59 Administrativo de Bogotá admitió una demanda que seguramente se convertirá en una dura factura contra el Estado por usar todo el aparato de seguridad contra una empleada doméstica.
Se trata de la demanda que presentó Fabiola Perea, quien se encargaba por días de las labores domésticas en la casa de la hoy embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia.
El asunto, que fue un escándalo nacional, tiene que ver con seguimientos, interceptaciones, montajes y la imposición de una prueba de polígrafo de forma arbitraria contra Fabiola Perea y Marelbys Meza, quienes trabajaban en el apartamento de Sarabia y fueron acusadas por la pérdida de una maleta con un dinero. Aunque en la denuncia Sarabia aseguró que se trataba de 7.000 dólares, esta cifra no se ha confirmado.
En ese momento, según la versión de los policías involucrados —algunos incluso han confesado y han establecido acuerdos de colaboración con la justicia— les dieron la orden de buscar a como diera lugar el dinero e incluso, señalaron al exjefe de seguridad de la Casa de Nariño, el coronel Carlos Feria, de dar la orden.
Así se terminó empleando no solo los equipos de poligrafía de la oficina de la oficina de anticipaciones de la Casa de Nariño, también hicieron seguimientos engañando a la Dijín y a la Sijín, para avalar las interceptaciones a Fabiola y Marelbys y hasta los seguimientos de la Policía.
La demanda, que ya fue admitida por el Juzgado 59 administrativo, “consiste en la solicitud de declaratoria de responsabilidad de la Nación – Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Ministerio De Defensa, Policía Nacional y la Fiscalía”.
La demanda advierte “los daños ocasionados a la señora Fabiola Perea y sus hijos, como consecuencia de la interceptación ilegal de las comunicaciones de que fue víctima, en calidad de ser una de las integrantes del personal doméstico de Laura Camila Sarabia Torres”.
En la demanda, Perea hace clara referencia a las interceptaciones, al advertir que “la autorización para tales escuchas se produjo mediante la elaboración de informes falsos por miembros de la Policía Nacional, que la vinculaban a grupos terroristas y actividades ilícitas graves”.
Y es que a Fabiola Perea, por más que su salario no fuera muy elevado, pide ser reparada con dinero, y así lo sustentó en su demanda.
“Ha sido incapaz de conseguir un nuevo empleo, privándosele de una fuente de ingresos estable desde el primero de junio de 2023 al día de hoy, fecha última esta en la que se enteró de las interceptaciones ilegales de las que había sido objeto por los medios de comunicación, fecha en la que la sociedad la asoció públicamente como militante del Clan del Golfo”, se lee en el documento que admite la demanda.
Por eso, en este caso, no solo es Fabiola Perea la víctima, la demanda incluyó a sus cinco hijos, quienes también fueron aceptados por el Juzgado 59 Administrativo de Bogotá.
La demanda, aunque busca la reparación de parte del Estado, puede significar un dolor de cabeza para la entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia, porque en caso de que haya condena, la ley permite repetir contra el responsable, que podría ser ella.
