En plena conmemoración en el Palacio de Justicia, condenan al Estado por el crimen de un magistrado durante el holocausto

Mientras los cinco presidentes de las altas cortes y familiares de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia conmemoraban los 40 años de la toma y la retoma, la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó al Estado por la muerte de un magistrado durante aquellos hechos violentos que aún enlutan al país.

Se trata del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa, quien para la época de los hechos, hacía parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y cuyo cuerpo protagonizó uno de los episodios más lamentables que dejó este capítulo de sangre en Colombia.

El Consejo de Estado determinó que “la muerte del funcionario judicial se produjo por causas concurrentes: por una parte, la toma irracional, violenta, indiscriminada y terrorista del Palacio de Justicia por parte del grupo subversivo M-19, quienes irrumpieron inconvencional y violentamente en la sede judicial, retuvieron como rehenes a magistrados y funcionarios, los utilizaron como escudos humanos y accionaron cargas explosivas al interior del recinto”.

Pero agregaron que la responsabilidad del Estado estuvo en la “la omisión en el cumplimiento de los deberes de seguridad y protección del Estado y por el uso excesivo y desproporcionado de las fuerzas del orden durante la retoma”.

El cuerpo de Echeverry Correa permaneció durante años en una tumba en Manizales, hasta que la Fiscalía estableció que esos restos no correspondían al magistrado, sino a Bernardo Beltrán, un joven de 24 años que trabajaba como mesero en el Palacio de Justicia.

Ese momento fue el claro ejemplo de que la tragedia del Palacio de Justicia sigue cambiando de nombre pero persiste, pues mientras una familia cesó la incertidumbre al encontrar a su ser querido, otra quedó sin saber el paradero de quien creía haber sepultado.

La Sección Tercera del Consejo de Estado también enfatizó, en el fallo que condenó al Estado por este crimen, que la toma del Palacio por parte del M-19 no fue una hazaña política ni un acto de rebeldía heroica, “sino más bien esta constituyó tal vez la afrenta más grave al Estado de derecho desde la fundación de la República, la amenaza más decidida contra la institucionalidad democrática y contra la majestad de la justicia”.

En esta trascendental sentencia, el alto tribunal también consideró que la verdad tiene una doble dimensión: en el ámbito público es un bien común que pertenece a toda la sociedad y, en el plano individual, representa un escenario para que las víctimas recuperen su visibilidad y dignidad.

“Conocer la verdad preserva del olvido la memoria colectiva y libera a las personas del silencio que encierra la injusticia y la mentira”, manifestaron los magistrados de esa sección.

El fallo condenó al Ministerio de Defensa Nacional al pago de perjuicios morales y lucro cesante en favor de los familiares del magistrado auxiliar asesinado. Asimismo, ordenó publicar la providencia en un medio de alta publicación para que el Estado pida perdón, en aras de contribuir con la verdad.

Finalmente, los consejeros pidieron al Ministerio de Defensa que repita la acción contra el M-19, por la responsabilidad que tuvo como movimiento subversivo en el ataque a la sede judicial, hecho que contribuyó causalmente a la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa.