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Martha Mancera, nueva fiscal directora de la unidad para el desmantelamiento de las bacrim.

ENTREVISTA

“No podemos hablar de sistematicidad, aunque no la descartamos”

La nueva fiscal directora de la unidad para el desmantelamiento de las bacrim, Martha Mancera, habló con SEMANA sobre el alarmante fenómeno de crímenes contra líderes sociales y la estrategia para contrarrestarlo.

23 de diciembre de 2017

SEMANA: Van dos semanas desde que asumió el cargo, ¿Qué ha hecho?

Martha Mancera: He tenido dos experiencias. Una de las más importantes ocurrió en Carmen del Darién, una de las zonas con mayor dificultad por las condiciones del territorio. También estuvimos en Belén de Bajirá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Brisas y Playa Roja, donde recogimos información que ayudará a entender lo que está pasando, cuáles son las dinámicas de los territorios donde se están cometiendo los asesinatos y así empezar a corroborar hipótesis.

SEMANA: ¿Cuántos líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados de acuerdo con los reportes que hay en la Fiscalía?

M.M.: Tenemos 231 casos reportados entre 2016 y 2017. Ya hay claridad sobre la cifra, y la Fiscalía viene investigando todos los homicidios. La fuente inicial no solo son las Naciones Unidas, sino también Cumbre Agraria, Marcha Patriótica y la Defensoría del Pueblo.

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SEMANA: ¿Qué avances ha dado el ente investigador con miras a esclarecer los hechos?

M.M.: En ejecución de penas hay 8 casos, en juicio tenemos 42 más y con órdenes de captura, 20. Se han esclarecido 92 casos y hay otros 62 con avances procesales significativos, que están en fase de consolidación. Por primera vez, se han logrado focalizar los esfuerzos para esclarecer los homicidios como un factor de urgencia.

SEMANA: ¿Quiénes son los responsables de los asesinatos?

M.M.: Por ahora hay que ser prudentes. Hay personas capturadas, pero todavía estamos perfilando a los responsables y ejecutores materiales. Se deben terminar de recolectar elementos probatorios para saber si pertenecen a una u otra organización.

SEMANA: ¿Y cuáles son las causas?, ¿hay sistematicidad?

M.M.: Por ahora no podemos hablar de sistematicidad, pero eso no significa que no haya, no se descarta. Esta es una unidad que tiene una instrucción de analizar y eso permitirá perfilar víctimas y victimarios. Es la construcción del contexto, lo que terminará dando las respuestas y las estamos buscando rápido.

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SEMANA: Usted ya se ha reunido con líderes, ¿qué le han dicho?

M.M.: Hay mucha preocupación por la información que se ha recolectado. Hay presencia de estructuras del Clan del Golfo y del ELN. Grupos que están involucrados con las dinámicas del narcotráfico y la extorsión. Eso nos han dicho en los municipios priorizados de Antioquia y Chocó. Se habla de personas que se encuentran en el territorio. Puntos es el nombre como ellos identifican a quienes suministran datos a las estructuras.

SEMANA: ¿Cuál es la estrategia para frenar estos homicidios?

M.M.: La primera estrategia es apoyar el esclarecimiento de cada uno. Para ello, se van a seguir dos líneas. Una involucra al delegado de Seguridad Ciudadana y sus 35 directores seccionales que acompañarán los actos urgentes. La otra tiene que ver con la construcción de los contextos probatorios de la región donde han ocurrido. En una apoyamos las investigaciones en territorio y en la otra iniciamos la construcción de los contextos que incluyen dinámicas delictivas, rentas ilícitas y presencia de grupos al margen de la ley.

SEMANA: ¿Cuál es la diferencia con lo que ya se venía haciendo?

M.M.: Los equipos itinerantes. Se trata de un grupo de investigadores y un fiscal que van a estar en las regiones donde hay un número importante de hechos victimizantes. Eso es lo que estamos haciendo con los casos de Mario Castaño y Hernán Bedoya, los líderes de restitución de tierras. Están sumando esfuerzos tanto el director seccional de Antioquia como el de Chocó, la unidad especial, y durante una semana nos trasladamos para hacer actividades investigativas directamente con la comunidad.

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SEMANA: Usted participó del proceso de pacificación de Buenaventura. ¿Qué está pasando en el occidente del país?

M.M.: Cada región tiene sus propias dinámicas. En 2014, nos encontramos con 21 personas desmembradas. Lo que dejó esa experiencia es que se deben priorizar regiones donde hay un número importante de hechos victimizantes. Encontrar una metodología que permita identificar estructuras, impactarlas y sostener las investigaciones. La idea es que estos equipos itinerantes deben quedar en una zona unos cinco años –más o menos– sosteniendo toda la actividad investigativa.

SEMANA: Pero ¿eso sí es posible?

M.M.: En el caso de Buenaventura, entramos con 150 homicidios en 2014. Al año siguiente estábamos en 77 y el 2016 terminó con 50.

SEMANA: ¿Cuáles son las zonas priorizadas?

M.M.: En esta primera fase va a haber un equipo itinerante ubicado en Apartadó y que tendrá como cobertura 15 municipios: 11 de Antioquia y 4 de Chocó. Entre ellos está Unguía, Acandí, Carmen del Darién y Riosucio.