Extradición, ¿destino de Samuel Moreno?

La palabra extradición en Colombia ha estado más relacionada a delitos como el narcotráfico o el secuestro que a los que tienen como víctima la administración pública. El primer colombiano que corrió esa suerte fue el dirigente deportivo Hernán Botero. En 1984, el presidente Belisario Betancur y el ministro de Justicia, Rodrigo Lara, autorizaron su envió a Estados Unidos, aun cuando en ese momento el delito no estaba tipificado en Colombia. Una corte federal lo condenó a 17 años de cárcel por lavado de dólares. Los cumplió, regresó al país y falleció poco tiempo después.

Carlos Ledher, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, Rasguño, Chupeta, Salvatore Mancuso y otros 13 jefes paramilitares; ‘Fritanga’, ‘Mueble Fino’, tuvieron la misma suerte que Botero y terminaron pagando largas condenas en Estados Unidos por su relación con el negocio ilegal de drogas. Simón Trinidad, de las FARC, fue uno de los primeros insurgentes enviados a Estados Unidos, pero a diferencia de esta lista, fue condenado a 60 años de prisión por el secuestro de los tres contratistas norteamericanos, los mismos que fueron liberados en la Operación Jaque.

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En los años 1980, la extradición era temida por los más poderosos capos de la droga, como Pablo Escobar. “Prefiero una tumba en Colombia que una celda en los Estados Unidos”, fue una frase que hizo célebre. El miedo que generaba el país del norte era mayúsculo, y para evitar ese destino una decena de capos le declararon la guerra al Estado. Los llamaban los “extraditables”. Décadas después, muchos han preferido negociar con Estados Unidos a cambio de recibir penas mínimas.

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En los últimos días el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha venido planteando la posibilidad de utilizar la extradición también como una herramienta de lucha contra la corrupción.

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La primera vez que mencionó el tema fue en una declaración escueta en un foro. Ante la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el fiscal “ofreció” poner en extradición a los corruptos, de la misma forma como, en su momento, se hizo con los narcotraficantes. “La lucha contra la corrupción es global y ya no existe refugio para la impunidad (…)”, dijo.

Desde ahí, muchos han comenzado a especular con esa propuesta. Se ha dicho que esta puede ser aplicada para casos como Interbolsa u otros grandes desfalcos. La semana pasada, sin embargo, Martínez retomó la idea en un caso bastante particular: el de Samuel Moreno.

El fiscal general no sólo se declaró complacido con la sentencia que aumentó la pena de 18 a 24 años, sino que aprovechó la oportunidad para volver a hablar de ese nexo hasta ahora no desarrollado entre corrupción y extradición. “Que sean bienvenidas las extradiciones para los corruptos”, dijo.

¿Se puede?

Desde ese día, la idea de que puede venir una posible extradición de Samuel Moreno quedó en el aire. La verdad es que no existe nada que permita inferir en el caso concreto del exalcalde que esto va a ser así. Sin embargo, jurídicamente podría ser viable. Colombia tiene contemplados los requisitos para la extradición en el artículo 493 del Código de Procedimiento Penal.

En primer lugar, se exige que el delito por el cual se pide la extradición también esté previsto como delito en Colombia. En los casos de corrupción esto se puede presentar especialmente a través de dos modalidades: que se pida la extradición de una persona cuando en el soborno esté vinculado una compañía extranjera (por el delito de soborno transnacional) o que se pida porque los recursos percibidos ilícitamente fueron invertidos en el exterior (por el delito de lavado de activos).

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Ambos casos pueden ser fácilmente aplicables a muchos de los grandes escándalos de corrupción que ha vivido Colombia. Como ha demostrado el caso de Odebrecht, en los grandes procesos de contratación participan compañías de todo el mundo y por ello si el soborno se entrega por una empresa alemana, norteamericana o brasileña; Alemania, Estados Unidos y Brasil podrían también iniciar un proceso por el delito de soborno trasnacional.

Por su parte, si el corrupto invierte la coima o lo que se robó en otro país abriendo una cuenta bancaria, comprando acciones de una sociedad o adquiriendo un inmueble, ese Estado también podrá iniciar un proceso en su contra por lavado de activos. Este segundo caso es muy frecuente, pues para evitar ser descubiertos muchos corruptos utilizan todo tipo de artilugios financieros para sacar la plata de Colombia.

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En segundo lugar, la ley exige que para que proceda la extradición la pena aplicable no puede ser inferior a cuatro años. Este requisito se cumple en Colombia tanto en los delitos relacionados con la corrupción (peculado, concusión, cohecho…) como también en el lavado de activos.

Finalmente, es necesario que se haya dictado al menos una acusación contra el corrupto, lo cual dependerá de la justicia de cada país. En este punto es esencial la colaboración internacional que presten las fiscalías de varios países, para lo cual ya existen tratados y normas que pueden ser utilizados.

Las puntadas de Martínez

Las declaraciones del fiscal del pasado miércoles dejaron ver que está trabajando en algo grande. Sus palabras dejaron claro que el ente acusador podría utilizar este mecanismo para rastrear los bienes y cuentas en el exterior que han adquirido los responsables de los grandes desfalcos a las arcas del Estado.

Aunque las condenas por estos casos cada vez son más altas, también es cierto que muy pocas veces se logra recuperar el dinero perdido. En ese contexto, que Samuel Moreno y su hermano, el exsenador Iván Moreno, puedan ser extraditados por corrupción sólo dependería de que estén en esa situación. Aunque ambos ya fueron condenados por la justicia colombiana, esto no quiere decir que el expediente del carrusel de la contratación haya concluido.

En la historia del desfalco a las arcas de la capital se podría abrir un segundo capítulo. “La Fiscalía está detrás de todos los activos ilegales y patrimonios ilícitos de los gestores del carrusel de la contratación en Bogotá. Si con ocasión de esas actividades ilícitas se puede haber cometido delitos en jurisdicciones extranjeras, como el lavado de activos en EE. UU., las autoridades podrán iniciar acciones judiciales correspondientes. Ya el gobierno americano será soberano en si decide solicitar en extradición a quienes hayan violentado su jurisdicción”, dijo Martínez.

Samuel Moreno es quizás el político al que peor le ha ido por haberle metido mano a los recursos públicos. Le aumentaron la condena 24 años de prisión, tendrá que abandonar su cómoda prisión en la Estación de Carabineros del Parque Nacional e ir a una celda en La Picota. Ahora que tiene como espada de Damócles al fiscal con su amenaza de extradición. Su proceso parece no tener fin.