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| 8/11/2019 12:27:00 AM

“Hay que parar el de sangre de la salud”: Superintendente de Salud

Fabio Aristizábal, superintendente de Salud, habló sobre más de 40 modalidades con las que algunas EPS, IPS, médicos, laboratorios y hasta pacientes se roban la plata de la salud.

Fabio Aristizábal, superintendente de Salud, habló sobre cómo se roban la plata de la salud Fabio Aristizábal Foto: PILAR MEJÍA - SEMANA
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*El audio de este artículo está hecho con inteligencia artificial.

SEMANA: ¿De quién es la culpa de la situación de la salud en el país?

Fabio Aristizábal: Desde hace años, el señalamiento entre EPS, hospitales, clínicas, médicos, pacientes, laboratorios y el Gobierno parece ser una regla en el sistema de salud. Los hospitales públicos e IPS señalan a las EPS de ser las responsables de sus problemas, especialmente los financieros. A su vez, las EPS dicen que el Gobierno es el causante por no pagarles a tiempo o que las IPS abusan. Otros culpan a la Ley 100, al modelo de salud y al Gobierno por no hacer nada. Al final, todos se tiran la pelota y nadie reconoce sus responsabilidades.

SEMANA: Y para usted, ¿quién es el responsable de que la plata no llegue?

F.A.: El problema no es del sistema, sino de los diferentes actores. Nosotros hemos identificado más de 40 modalidades de malas prácticas, fraude, corrupción, elusión y evasión, figuras con las que finalmente se están robando la plata de la salud. Eso sí, sin generalizar, porque también hay buenos actores. Por eso creo que reformar el sistema no hará desaparecer estas prácticas. Lo que estamos haciendo es cerrar esos huecos y sancionar a los responsables, para que la plata no termine en los bolsillos de los particulares. Sin embargo, pasa como con las ovejas en un corral: ponemos una tabla para tapar un hueco y se nos salen por otro lado.

SEMANA: ¿Qué modalidades ha encontrado por parte de las EPS?

F.A.: En la mayoría, varios actores se juntan para poder hacer estas jugadas. Para violar la ley, es común que una EPS le gire a una IPS más de lo que causó, como lo detectamos en Córdoba, donde un hospital le facturó a la EPS 1.200 millones de pesos, cuando el promedio mensual era de 149. Con el resto de la plata, se hicieron pagos e incluso giros a personas. Otras modalidades que identificamos tienen que ver con el desvío de recursos de la salud para patrocinar reinados, como el de la Ganadería, y equipos de fútbol, como Jaguares, tal como hizo Comfacor.

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SEMANA: Y ¿cuáles más?

F.A.: Es preocupante la facturación de servicios de pacientes fantasmas, es decir, que están muertos, no existen o que usan cualquier cédula para cobrar por atenciones que también son inexistentes, como pasó con los carteles de la hemofilia, el sida o los pañales. Para que una EPS robe plata se necesitan hospitales, clínicas y prestadores que la ayuden, y viceversa. Pero muchas veces se hace a través de operaciones y sistemas muy sofisticados. Por ejemplo, un liquidador nos contó que una EPS que está en proceso de liquidación tenía un switch en un baño, que activaban cuando llegaban las autoridades de control para ocultar la verdadera contabilidad.

SEMANA: Los prestadores siempre les han echado la culpa a las EPS...

F.A.: En todos los niveles hay corrupción, y, si la frenamos, podemos ahorrarnos varios billones de pesos al año. Es frecuente que un paciente llegue con una eventualidad que un médico general puede resolver de entrada. Sin embargo, lo hacen pasar por todas las especialidades, laboratorios y máquinas sofisticadas. A eso lo llamamos la feria de órdenes de servicios, en la que a un paciente con gripa lo tratan como si tuviera un diagnóstico complejísimo, solo para cobrarles a las EPS y al sistema lo máximo. En Cali nos encontramos con un paciente que entró a un centro asistencial con una cefalea, que un médico hubiera resuelto con unos medicamentos básicos, pero le terminó costando al sistema y a todos los colombianos 10 millones de pesos. Eso da rabia. En otros escenarios, por medio de tutelas y jueces desconsiderados ordenan cosas absurdas, como una que impuso suministrar 50 pañales diarios para un enfermo, y ni hablar de lo que está pasando con el Soat.

SEMANA: ¿Cómo así?

F.A.: La práctica de pasear a los pacientes para que facturen más es lo que tiene quebrado al Soat. Y le pongo dos ejemplos: hemos encontrado ambulancias que se pelean por los accidentados para transportarlos a un hospital específico, solo porque allá les pagan 150.000 pesos por cada persona, sin importar que tengan que atravesar toda la ciudad o que haya otra IPS más cerca. Lo otro es que a muchos de los accidentados les hacen el mismo paseo de servicios dentro de la clínica o el hospital, hasta agotar el máximo valor que las aseguradoras reconocen.

SEMANA: Precisamente, uno de los problemas es que este es un sector altamente complejo, lleno de normas y trámites…

F.A.: Así es. Por eso ha sido tan difícil establecer algunas de estas modalidades. Hay EPS que tienen barreras para no recibir la facturación. Sin abrir siquiera las cajas y soportes, las devuelven alegando que no cumplen los requisitos, que faltan soportes, glosan. Con eso ganan dos o tres meses más para pagar. Pero si esto es preocupante, lo es más cuando en el medio aparecen abogados o tramitadores para acelerar los pagos. Eso sí, cobrándose una comisión del 10, 15 o hasta el 40 por ciento.

SEMANA: Entonces, lo que usted quiere decir es que aquí lo que hay es una robadera de todos los actores…

F.A.: Como en todo, hay actores muy buenos, pero también unos muy malos. Tenemos EPS e IPS identificadas en las que algunos proveedores de servicios, de insumos, medicamentos, farmacias, laboratorios son de propiedad de familiares de los mismos accionistas: esposas, hijos, sobrinos, amigos o hasta la empleada doméstica. Así, tratan de capturar y apoderarse de todo a través de una compleja telaraña empresarial, en una modalidad que supera incluso el concepto de integración vertical, que tanta polémica genera.

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SEMANA: ¿Y los médicos hacen parte de esta cadena?

F.A.: Lamentablemente, para que muchas de estas modalidades funcionen, se necesita la participación de algunos médicos y empleados de la salud. Ahora bien, respetando su autonomía, en la superintendencia tenemos casos de médicos que reciben incentivos para formular ciertos medicamentos, tratamientos o procedimientos. Por ejemplo, hay grupos de doctores y especialistas que se han tomado algunos servicios y trabajan como carteles; o hay ortopedistas que reciben un porcentaje por cada placa de rayos X que ordenan o por usar solo una marca de dispositivos. Que quede claro: todos deben reportar lo que reciben de la industria, así viajen a una capacitación o un congreso, que a veces se camufla como unas vacaciones familiares.

SEMANA: ¿Hay algo que se pueda hacer para frenar estos abusos y acciones delictivas?

F.A.: En eso trabajamos, pero lo primero es que todos paren de desangrar al sistema, no solo por ética, principios o responsabilidad, sino porque, tarde o temprano, los vamos a denunciar. Ya tenemos una primera lista que pronto saldrá a la luz. Ahora bien, yo creo que muchos hacen bien su trabajo, como Compensar, Sánitas, Sura, Salud Total o la Nueva EPS, entre otras. Un buen indicador de mejoría es que el país pasó de 400 a 44 EPS, y vamos a seguir reduciendo. Se podría llegar a tener entre 10 y 20 EPS máximo, lo que facilita aún más los controles que se están haciendo. El problema ahora está en las IPS, que se han multiplicado.

SEMANA: ¿Qué tantas hay ahora y por qué le preocupa?

F.A.: Hace 25 años, teníamos 4.800 hospitales, clínicas, centros médicos asistenciales y de especialistas. Hoy son 18.000, muchos de los cuales nacieron en garajes y se consolidaron con plata del Estado, del propio sistema. Esa ebullición muestra que han sido los grandes ganadores y que falta más vigilancia.

SEMANA ¿Qué otras soluciones se pueden adoptar?

F.A.: Tenemos 19 EPS en medida de vigilancia especial, 9 IPS intervenidas y hemos abierto 348 nuevas investigaciones. Y ahora, con la Ley 1949, vamos a ir al bolsillo de los responsables. No es posible que el día que intervenimos el hospital San Jerónimo, de Córdoba, la gerente firmó 500 contratos; o que el de Chiriguaná, que está inhabilitado para prestar servicios, firme contratos con otro hospital para suministrarle servicios o facturarle. Hay que terminar con más de un cuarto de siglo de abusos, y estamos decididos a hacerlo, porque con la plata existente hoy es posible atender todo lo que los colombianos requieren en salud. 

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