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¿En qué consiste el nuevo plan de Duque para frenar el reclutamiento de menores?

Las disidencias de las Farc y los demás grupos armados ilegales siguen reclutando a niños y adolescentes en sus filas.


El reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados ilegales nunca se ha detenido en el país, especialmente en las zonas más apartadas, donde la presencia del Estado ha sido muy poca.

El tema se puso de presente nuevamente en la última semana, porque la segunda vicepresidenta del Senado, Sandra Ramírez, desconoció que las Farc reclutaran menores y evadió las preguntas diciendo que lo que se tenga que juzgar lo hará la JEP.

Así mismo, Rodrigo Londoño, Timochenko, aseguró que el ingreso a la guerrilla era voluntario, pero a la vez dijo que en sus filas había menores de 15 años.

En medio de ese contexto, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, liderada por Nancy Patricia Gutiérrez, lanzó un programa llamado ‘Súmate por mí‘, que busca llegar a 200 zonas del país consideradas de alto riesgo de reclutamiento y violencia contra niños, niñas y adolescentes.

La estrategia contempla que por medio de asistencia psicosocial, promoción de derechos, entornos saludables, cultura, deporte y proyectos económicos para las familias, los niños de estas regiones apartadas estén más seguros y así evitar que estén cercanos a entornos de violencia y reducir el reclutamiento forzado.

Según manifestó Gutiérrez, “esta no es una campaña más. Es un movimiento nacional en el que se han identificado doscientos territorios de nuestro país en donde hay un mayor riesgo de reclutamiento, ubicados en 26 departamentos que incluyen ciudades como Medellín, Soacha y Cartagena”.

La consejera también dijo que el enfoque del programa está basado en la prevención, por lo que se espera que puedan acceder a más de 5 millones de menores de edad y reducir el reclutamiento forzoso, la intervención de los niños en cualquier actividad ilegal y en general que se sigan desarrollando estas prácticas.

Gutiérrez mencionó que los responsables de estas conductas son los grupos armados ilegales y los grupos delincuenciales organizados, que aprovechan circunstancias de pobreza y marginalidad, debilidad institucional, descomposición familiar entre otros, para inducirlos a participar en estas prácticas.

Por su parte, el presidente Iván Duque destacó el trabajo interinstitucional con la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la JEP, y mencionó que “es importante que todos rechacemos cualquier práctica o acción que busque el reclutamiento de menores, su uso y su abuso, porque nuestro país no puede tener debates ideologizados. Aquí la protección de los niños es una sola y es una causa de todas las instituciones”.

El presidente resaltó el papel de la Fuerza Pública y dijo que “han liberado a cientos de niños de ese flagelo”, y agradeció la gestión del ICBF que se ha encargado de apoyar a los menores recuperados a reencontrarse con sus seres queridos.

También reconoció que estos crímenes siguen ocurriendo en el país y que los responsables son en su mayoría grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc, los Pelusos, los Caparros, el Clan del Golfo, entre otros “que utilizan a los niños como vehículos para realizar sus fechorías”, dijo.

El fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que es clave llegar a las regiones más apartadas del país: “La gente en los territorios se sorprendía porque había una costumbre inveterada en este país y es que desde acá, desde el centro, se pretendía establecer esta política pública”.

Así mismo, agregó que había una gran preocupación y era cómo llegar a esos lugares donde se presentan los mayores casos de reclutamiento, por lo que dijo que se necesita inversión para llegar con el Estado y con la Fuerza Pública, y mencionó que desde su trabajo en la entidad que dirige aportarán para seguir en una lucha frontal contra el narcotráfico. “Si hay coca, hay uso y reclutamiento de menores en el conflicto‘‘, dijo Barbosa.

Con el programa se suman otros esfuerzos interinstitucionales para trabajar en políticas que reduzcan esta problemática, ya que en las últimas semanas también se pronunció el procurador Fernando Carrillo, quien dijo que en al menos el 30 por ciento del país los niños continúan siendo las principales víctimas de grupos armados ilegales y que con la pandemia el reclutamiento forzado ha aumentado.

Además, hace pocos días, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que llamará a versión a 14 exjefes de la guerrilla manifestando que “los comparecientes vinculados y citados a las versiones deben aportar información sobre la existencia, origen y evolución de la política que orientó o permitió la vinculación de los niños y las niñas al conflicto armado por parte de la organización armada que dirigían colectivamente y las violaciones a los derechos que fueron consecuencia de dicha política”.