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| 2/9/2019 11:52:00 AM

Pacto para sobrevivir

En Carmen de Bolívar se instaló un gran pacto institucional para proteger la vida de los líderes sociales. ¿Cómo enfrentar un problema que sobrepasa la capacidad de respuesta del Estado?

Gobierno lanza pacto para proteger a líderes sociales "El 80 por ciento de los departamentos del país están siendo afectados por la violación al derecho a la vida”: Procuraduría.

Desde la firma del acuerdo de paz con las Farc, en septiembre de 2016, hasta el 30 de enero, han muerto asesinados 446 líderes sociales en Colombia, según la Defensoría del Pueblo. La apremiante situación exige decisiones eficaces, pero en la práctica las medidas de protección adoptadas se han visto desbordadas.

“Parece que el Estado no estaba preparado para defender el liderazgo social del país. Se nos acaban las excusas a todos para decir por qué no hay acción y por qué no somos capaces de parar este desangre”, dijo Fernando Carrilo, procurador general de la Nación, durante la instalación de la III Mesa por la Vida. Esta se realizó el jueves en Carmen de Bolívar (Bolívar), en los Montes de María, región que vivió la máxima violencia, sobre todo paramilitar.

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En el evento también participaron el defensor del Pueblo, Carlos Negret; la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; 20 gobernadores, representantes de las víctimas, además de alcaldes y delegados de varias entidades. Allí firmaron un pacto de ocho puntos para proteger de forma efectiva a los líderes sociales del país. Negret dio luces sobre la crítica situación de este colectivo: “Después de emitir la alerta temprana n.º 26-18, en marzo de 2018, fueron asesinados 162 defensores de derechos humanos y líderes sociales, la mayoría de ellos en solo 99 municipios de todo el país”.

De ahí el llamado del procurador Carrillo no solo al Gobierno nacional, a la Unidad de Protección y los estamentos de seguridad, sino también a gobernadores y alcaldes. Pues estos son los “primeros responsables de lo que ocurre en sus territorios, más si se sabe que cerca del 80 por ciento de los departamentos del país están siendo afectados por la violación al derecho a la vida”. El departamento más preocupante es Cauca, pues, según Carrillo, allí hay “más de 90 líderes asesinados y el gobernador no se ha dado por notificado”. Le siguen Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. Por su parte, los municipios más afectados son Tumaco (Nariño), Corinto (Cauca), Buenaventura (Valle) y Cúcuta (Norte de Santander). En la reunión, el gobernador nariñense, Camilo Romero, pidió que la agenda pública presidencial “esté más enmarcada en los líderes sociales y no tanto en Venezuela”.

Carrillo resaltó tres de las medidas del pacto. La más importante, sin duda, es que habrá sanciones para los mandatarios territoriales que desestimen los llamados de la Defensoría: “Alerta temprana que no se atienda es una investigación inmediata para alcaldes o gobernadores que no tomen acciones”, advirtió. También estableció que “los gobernadores tienen que tomar cartas en el asunto, que haya diálogo con los líderes. Que no lleguen a sus entierros, sino que establezcan con ellos canales de comunicación y vías de acceso para sus denuncias”.

Los funcionarios también se comprometieron a que los consejos de seguridad departamentales establezcan políticas de prevención y protección, una medida que, a juicio del procurador, debe servir “para que el tema se convierta en una prioridad”. Asimismo, los compromisos tendrán un seguimiento mensual. Adicionalmente, el documento incluye la necesidad de hacer cambios profundos a la Unidad de Protección para que defienda a quien efectivamente lo necesite.

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Por su parte, la ministra del Interior manifestó que con “el Plan de Acción Oportuna (PAO), recientemente implementado, el Gobierno ha recorrido los municipios y las ciudades de mayor riesgo. Se han generado 31 alertas de la Defensoría y se ha trabajado con las entidades territoriales, las organizaciones sociales y las que tienen responsabilidad sobre la materia”.

Luisa Ortega, lideresa juvenil de El Salado, expresó sobre el pacto que “más allá de plasmar un compromiso, se trata de llevarlo a cabo”. “No pedimos ser el centro de atención, pedimos que nos garanticen nuestros derechos y, sobre todo, el derecho a la vida”, declaró. Por lo pronto, cientos de líderes amenazados esperan que este pacto les dé, por fin, la seguridad que no han podido tener durante muchos meses. La próxima cita será en la convulsionada zona del Catatumbo. 

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