Fiscalía recaptura al hacker Andrés Sepúlveda

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, pidió que se investigara el proceder de la juez Teresita Barrera, quien dejó en libertad este lunes a Andrés Sepúlveda, señalado de haber interceptado ilegalmente comunicaciones vinculadas con el proceso de paz con las FARC en La Habana.

Montealegre señaló que existen pruebas suficientes para que Sepúlveda permaneciera privado de la libertad, por lo que solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que investigue la actuación de la funcionaria judicial que ejerce como juez decima de conocimiento de Bogotá.

Barrera, según el fiscal, habría incurrido en el delito de prevaricato por acción, al declarar nula la imputación contra Sepúlveda y revocar la medida de aseguramiento emitida por un juez de control de garantías desde hace un mes.

“De manera inexplicable la jueza Barrera consideró que la aceptación de responsabilidad realizada por el señor Sepúlveda y los documentos reservados encontrados en su poder no podían ser tenidos en cuenta como fundamento de la imputación, en clara contradicción con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal”, señaló Montealegre.

Añadió que “la Fiscalía General de la Nación cuenta con abundantes elementos materiales probatorios y evidencia legalmente obtenida, que permiten inferir razonablemente que el señor Sepúlveda es posible responsable de los delitos que le fueron imputados (espionaje, acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso y violación de datos personales), además de otras conductas punibles que han surgido en desarrollo del proceso”.

Según el fiscal, existen videos en los que se evidencia la transmisión de información confidencial de Inteligencia por parte del hacker a otras personas. a lo que sumó que este material ya fue analizado por los expertos del CTI que confirman que son auténticos y además identifican plenamente a quienes aparecen en ellos, “videos que revelan compra y venta de información de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Policía”.

Resaltó Montealegre, además, que el ente investigador tiene en su poder bases de datos y cuenta con testimonios con los cuales se probaría que Sepúlveda estuvo espiando y saboteando a través de interceptaciones el proceso de paz.

“Treinta y tres equipos de cómputo incautados en los allanamientos y en cuyas memorias se encontraron bases de datos con información reservada perteneciente a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, a otras agencias de Inteligencia del Ejército, así como también de la Fiscalía General de la Nación”, señaló el jefe del ente investigador en referencia a los elementos incautados al hacker. 

A ello se añadirían “bases de datos reservadas del Comité Operativo de Dejación de las Armas (CODA) en las cuales figura información personal y del núcleo familiar de desmovilizados de la guerrilla”.

Además, según afirmó Montealegre, hacen parte del proceso testimonios de diferentes ciudadanos que confirmarían compra y venta de información de inteligencia, interceptaciones a correos electrónicos de personas y un dispositivo electrónico -de origen israelí- con el que se habrían hecho dichas interceptaciones ilegales.

Ante el anuncio de la Fiscalía, la funcionaria judicial le dijo a Caracol Radio que los jueces están expuestos a este tipo de situaciones y que ella está tranquila. Aseguró que su “providencia viene fundamentada en un análisis del tema, que han hechos en diferentes oportunidad la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Tribunal Superior de Bogotá”.

“No creo que el señor fiscal haya oído el audio de esta audiencia, no creo que por ocupaciones lo haya hecho, lo habrán hecho los asesores de su despacho”, dijo. Sepúlveda recobrará la libertad en las próximas horas cuando la Fiscalía reciba la notificación formal del juzgado.

La decisión

De manera sorpresiva y luego de un mes de haber sido privado de la libertad, la juez Barrera determinó que  Sepúlveda podrá estar en libertad mientras avanza su proceso. La decisión se dio luego de una apelación interpuesta por la defensa del señalado.

Según la funcionaria, se hace necesario decretar la nulidad de la imputación y por ende revocar la medida de aseguramiento impuesta el pasado 7 de mayo por el juez 49 penal municipal de control de garantías, porque la captura se dio por un anónimo y una confesión “no verificada”.

“No logró completar (la Fiscalía) el universo jurídico para atribuir a Andrés Fernando Sepúlveda la naturaleza de los mismos (delitos) en esta instancia procesal”, señaló la juez.

Para la juez, los elementos con los que se ordenó la privación de la libertad carecen de fortaleza. “Se ha vulnerado el ordenamiento jurídico en cuanto a ordenar esta medida privativa de la ley (…) La Fiscalía no contaba con los elementos necesarios para la imputación que hiciera, pues la misma se encontraba desestructurada e incompleta”.