La directora de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, habló acerca del más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.
Entre otras cosas, este documento indica que a lo largo del último tiempo hubo un deterioro de la seguridad en el territorio nacional, lo que estuvo acompañado del fortalecimiento de los grupos armados y las deficiencias institucionales.
En diálogo con la emisora Blu Radio, Goebertus sostuvo que se está presentando una de las “peores crisis humanitarias” en la década en Colombia.
“El reclutamiento creció en más del 250 %, el secuestro en más del 190 % y los confinamientos en más del 50 %“, explicó.
Por este tipo de cosas, la directora de la organización dejó en claro que la política que ha implementado el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha servido mucho, sino que ha agudizado las cosas, especialmente en ciertas zonas.
“Nuestro trabajo de campo en el Catatumbo y Putumayo evidencia que la implementación de la política de paz total, con múltiples negociaciones simultáneas y sin mecanismos de verificación de los ceses al fuego, ha generado un riesgo adicional para los civiles”, manifestó.
En ese sentido, cuestionó el hecho de que se adelantaran negociaciones con las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mientras que no existía una política clara de seguridad.
Todo esto permitió, a juicio de HRW y Goebertus, que estas organizaciones criminales se fortalecieran y tuvieran más dominancia sobre el territorio, lo que a su vez aumentó los riesgos para la población civil.
“Desafortunadamente, la realidad es que lo que hemos visto es un recrudecimiento de la violencia y un debilitamiento del Estado. Los grupos se aprovecharon de las negociaciones para expandirse", manifestó.
Por esa línea, advirtió que en zonas como el Catatumbo, una de las más golpeadas por la violencia, se evidencia una total suplantación del Estado. Esto se refleja en la forma como los grupos armados impusieron sus propias reglas.
Goebertus puso el ejemplo lo ocurrido en el Putumayo, donde los campesinos fueron obligados a trabajar en la construcción de vías debido a las amenazas que hacían en su contra.
Otro punto preocupante para HRW, es la omisión que hubo en muchos casos con relación a la protección de los civiles. Por eso, Goebertus apuntó a la necesidad de que exista una política integral de seguridad, lo que no se está alcanzando con la llamada paz total.
“No basta con los diálogos de paz si no hay una presencia efectiva del Estado que proteja a las comunidades. De lo contrario, la paz total seguirá siendo una promesa incumplida”, expresó.
