“Santos nos mamó gallo”: Jaime Castro

Jaime Castro fue una de las cabezas más visibles del No en el plebiscito del pasado dos de octubre. Su movimiento, que llevaba justamente el nombre de “Mejor No”, agrupaba a muchos de los más prestigiosos juristas del país. Su rol fue muy destacado en los debates pues eran la única fuerza que no tenía ningún vínculo político ni electoral.

Después de que se conoció el nuevo documento acordado entre el gobierno y las Farc, los juristas se reunieron para analizar las modificaciones. Hasta ahora las principales voces del No han evitado hacer pronunciamientos de fondo pues aseguran que están estudiando el texto, que tiene 310 páginas.

Semana.com habló con el ex alcalde y ex constituyente para recoger sus primeras impresiones.

Semana.com: ¿Qué expectativas tenía Mejor No después de los resultados del plebiscito?

Jaime Castro: Tan pronto como se conocieron los resultados del plebiscito, el presidente ofreció gran acuerdo político nacional, que todo esperábamos convertiría la paz en una política de Estado, venía siendo de gobierno, la nacionalizaría y terminaría la polarización expresada en las urnas.

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Semana.com: ¿Y si se cumplió?

Jaime Castro: Ese gran acuerdo fue flor de un día, porque el gobierno no lideró el proceso. Todo se redujo a conversaciones mecánicas que terminaron en el llamado nuevo Acuerdo que tan sólo refleja el entendimiento gobierno – Farc de los últimos años.

Semana.com: ¿Qué piensa del nuevo acuerdo que dio a conocer el presidente?

Jaime Castro: El nuevo Acuerdo, o el nuevo texto del viejo Acuerdo, es el parto de los montes, porque, como lo advirtió y repite el gobierno, a la versión anterior sólo se le hicieron ajustes y precisiones.

Semana.com: ¿Quedaron satisfechos con esos ajustes?

Jaime Castro: Entre esos ajustes se destacan los que tienen que ver con la justicia para la paz, que no son producto de las mesas que se reunieron en Bogotá y La Habana, sino exigencias del Vicepresidente Vargas Lleras, el Fiscal General, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, entre otros. Lo mismo puede decirse del ofrecimiento que hacen las Farc de declarar bienes para reparar a sus víctimas, porque era algo que toda la opinión pública exigía.

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Semana.com: Pero hubo temas que sí se ajustaron y que ustedes criticaban como el bloque de constitucionalidad…

Jaime Castro: No es cierto, como se dice oficialmente, que el Acuerdo Final no hará parte del bloque de constitucionalidad. Todo lo contrario. El nuevo Acuerdo expresamente ordena incorporar a la Constitución texto que tiene mayor contenido y fuerza vinculante que el anterior.

Semana.com: ¿Cómo así?

Jaime Castro: Dice así el nuevo artículo: “Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final. El presente artículo rige hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final”.

Semana.com: ¿Eso qué quiere decir?

Jaime Castro: Con otras palabras, el Acuerdo Final no hace parte del bloque de constitucionalidad, es norma constitucional, comparable a los demás textos constitucionales, y todas las instancias y autoridades del Estado deben actuar respetando sus contenidos, compromisos, espíritu y principios. Lo anterior le crea obligaciones al Estado frente a instancias internacionales y muchos lo entutelarán para que cumpla las obligaciones que le fija el Acuerdo.

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Semana.com: ¿Por qué le preocupa eso?

Jaime Castro: La insistente exigencia de las Farc por la constitucionalización de lo pactado en La Habana obedece a razón elemental: como no lograron la constituyente en que tenían interés, decidieron incorporar al Acuerdo las propuestas que hubiesen presentado en esa asamblea, por lo cual el Acuerdo se convirtió en la plataforma política y programática del partido que creen una vez desmovilizadas, partido que gozará de exorbitante ventaja: en sus campañas sólo pedirán que se cumpla la Constitución que obliga al Estado y a los electores.