La congresista Jennifer Pedraza le ganó un nuevo pulso judicial a la Fundación San José y la institución le deberá entregar información sobre los títulos que recibieron ciertas personas que hoy en día son servidores públicos.
Todo se dio a raíz de las dudas que hay sobre estos diplomas, ya que se han conocido más casos como el de Juliana Guerrero, quien se graduó aparentemente sin asistir a clase y sin presentar la Prueba Saber Pro.
Por medio de un comunicado, la universidad confirmó que le fue informado un fallo de tutela en el que un juez constitucional le ordena entregarle los datos de cómo se dieron los títulos de estas personas y otra información relevante.
“La solicitud se refiere a datos personales de la actividad académica de personas egresadas de esta casa de estudio, que de una forma u otra están vinculadas con el Estado”, indicó.
Asimismo, precisó que se trata de información que, conforme a la normatividad vigente y la jurisprudencia constitucional, incluye aspectos de carácter público y de naturaleza semiprivada.
En ese sentido, la Fundación San José dejó en claro que es respetuosa de la ley y, por lo mismo, dará cumplimiento a lo que ordenó el juez, teniendo en cuenta los términos, las condiciones y los alcances definidos en la sentencia.
¡Una vez más le ganamos a la San José en los estrados! Después de mucha lucha jurídica, un juez les ordenó entregarme la información académica (de interés público) que solicité desde noviembre sobre 1.276 funcionarios públicos, dentro de los cuales al menos 779 tienen… https://t.co/mKJpuT4o4w
— Jennifer Pedraza #100 Ahora Colombia (@JenniferPedraz) February 5, 2026
“De manera complementaria, se informará a cada uno de los egresados involucrados sobre las condiciones y circunstancias bajo las cuales se realizará la entrega de la información relacionada con su situación académica personal, garantizando el respeto por el debido proceso y la protección de sus derechos”, señaló.
De la misma forma, la institución afirmó que le solicitará a la Personería de Bogotá que haya un acompañamiento, con el objetivo de brindar protección y amparo a los derechos constitucionales de la organización educativa, así como de sus estudiantes y egresados.
“La U. San José continuará actuando con responsabilidad, transparencia y rigor institucional, y mantendrá informada a la opinión pública y a su comunidad universitaria a través de los canales oficiales correspondientes”, concluyó.
A través de su cuenta de X, Jennifer Pedraza celebró la decisión y precisó que se trata de información sobre 1.276 funcionarios públicos, dentro de los cuales al menos 779 tienen irregularidades por inconsistencias causadas por la universidad.
