El escándalo en la Fundación San José no para y la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, denunció nuevas irregularidades académicas tras una investigación de varios meses.
En entrevista con SEMANA, la congresista aseguró que la situación está fuera de control y que su investigación analizó los registros de 1.276 servidores públicos que registran estudios en la Fundación San José, de la que se desprenden 779 inconsistencias.
“Esto supera la realidad, estamos poniendo la lupa desde hace meses y queremos que el Ministerio de Educación actúe porque hay negligencia. Llevamos seis meses en la investigación y se ha presentado obstrucción para complicar el acceso a la información por parte de la Fundación San José; incluso hemos acudido a la tutela para poder tener toda la información”, dijo la congresista.
Pedraza detalló los hallazgos tras meses de investigación y aseguró que las autoridades deben poner la lupa sobre la Fundación San José.
221 personas sin registro SNIES. Aunque reportan títulos de la San José en sus hojas de vida ante Función Pública, la institución no registró su inscripción, admisión, matrícula ni grado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES).
Son 558 servidores públicos con registros incompletos en el SNIES, distribuidos así: 201 personas figuran únicamente como inscritas o admitidas, sin registro de matrícula, avance académico o graduación, pese a reportar títulos en sus hojas de vida. 357 personas aparecen con estado ‘matrícula – no graduado’, aun cuando en otras bases oficiales y en el SIGEP constan títulos presuntamente expedidos por la Fundación, lo que impide verificar la obtención regular del grado.
Sin embargo, llama la atención que Pedraza destapó 35 casos similares a los de Juliana Guerrero donde, según ella, hay títulos ilegales que se han otorgado sin el requisito legal de las pruebas Saber Pro. “18 personas se graduaron sin haber presentado las pruebas. Nueve se inscribieron, pero no asistieron y obtuvieron algún título de la institución. Y ocho personas que presentaron las pruebas con posterioridad a la fecha de su graduación”, dijo la congresista.
“Es importante decir que estamos hablando únicamente de funcionarios de la rama ejecutiva. Ya no es un caso aislado, sino una práctica sistemática que debe ser investigada lo más pronto posible. No entendemos que el Ministerio de Educación no haga nada frente a todas estas evidencias que estamos presentando; se debe intervenir a la Fundación San José de inmediato”, reiteró Pedraza.
La congresista también reveló que durante el Gobierno Petro aumentó la contratación de personas que han pasado por la Fundación San José. “En 2022 había 45 contratistas de la San José, pero en 2025 esa cifra aumentó a 516 egresados de la San José como contratistas o funcionarios de planta”.
La legisladora cree, por lo que pide a las autoridades que investiguen, que el Gobierno Petro quiso contratar a varias personas que no cumplían con los requisitos y que a través de la Fundación San José hicieron “la legalización” de los títulos.
Finalmente, señaló que entregó toda la información a la Procuraduría General de la Nación para que se hagan las indagaciones necesarias y determinar por qué el Gobierno Petro no ha hecho nada ante este escándalo.