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| 2/4/2019 5:28:00 PM

JEP da 20 días de prórroga para que EE.UU. envíe pruebas contra Jesús Santrich

La Sección de Revisión de la JEP consideró que el lío por la entrega del documento fue “un hecho ajeno a la jurisdicción" por lo que amplió el plazo. Entes de control investigan el inaudito episodio.

JEP da 20 días de prórroga para que EE.UU. envíe pruebas contra Jesús Santrich JEP da 20 días de prórroga para que EE.UU. envíe pruebas contra Jesús Santrich

En veremos quedó, por ahora, la decisión sobre la orden de extradición de Jesús Santrich. A través de un comunicado este lunes, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) anunció que dará una prórroga de 20 días a Estados Unidos para que envíe las pruebas que tiene contra el exjefe guerrillero y así poder determinar si los hechos que se le endilgan se cometieron antes o después de la firma del acuerdo de paz con las Farc. 

Cinco días después del escándalo que estalló por cuenta del entorpecedor proceso que llevó a cabo el gobierno para entregar la solicitud al Departamento de Justicia en Washington, la Sección de Revisión, con cuatro votos a favor y uno en contra, acordó ampliar el plazo bajo el argumento de que "se trató de un hecho ajeno" a sus funciones. 

Le recomendamos: La carta que nunca llegó a Estados Unidos sobre el caso Santrich

El salvamento de voto corrió por cuenta de la magistrada Claudia López quien dejó en claro que el plazo oficializado este lunes “no es necesario para resolver la aplicación de la garantía de no extradición, en la medida en que, atendiendo a la cooperación judicial internacional y de acuerdo con la tradición jurídica nacional e internacional, el indictment o la sentencia condenatoria extranjera son suficientes para determinar la fecha de realización de la conducta atribuida por la autoridad judicial país requirente”. 

Sin embargo, otra cosa piensan el resto de sus colegas. Para la justicia de paz, el episodio que protagonizó el Ministerio de Justicia, ente encargado de hacer llegar la carta, "no le permite acceder a la evidencia" que se necesita para confirmar si el exjefe guerrillero estuvo negociando un cargamento con el cartel de Sinaloa tras la firma del acuerdo de paz. Además, dice el comunicado, bajo el actual escenario "tampoco se le ofreció a Estados Unidos la oportunidad de conocer y responder la solicitud". 

Así las cosas, la justicia transicional dejó sin efecto el auto del 28 de enero en el que anunciaba que "se vencieron los términos, sin que hasta ese momento se recibiera el material probatorio solicitado al país del norte. Y es que hace ocho días, caducó el plazo de 40 días hábiles que la JEP estableció para recibir respuesta de Estados Unidos.

Por esa razón, el nuevo tribunal entendió la semana pasada el silencio como una negativa y los magistrados quedaron abocados a decidir con los elementos disponibles hasta que con la visita del fiscal general de Estados Unidos, Matthew Whitaker, la ministra Gloría María Borrero se enteró que la carta nunca llegó a su destinatario. 

También pude ver: JEP desmiente al uribismo y reitera que no recibió las pruebas de EE.UU. contra Santrich

Precisamente este lunes, la Procuraduría abrió indagación preliminar a varios funcionarios tanto de la Cancillería como del Ministerio de Justicia y la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, por presuntas irregularidades en el trámite de la solicitud ordenada por la JEP. Aunque nadie ha salido a dar la cara ante la justicia de paz por lo que pasó, la semana pasada la empresa 4-72 dio explicaciones reservadas según las cuales tuvo fallas logísticas.

El envío estuvo trabado varios días en Bogotá, dio vueltas en el área de detección de explosivos y después terminó en Panamá, en la filial con que trabaja la empresa colombiana al distribuir remesas internacionales. Y allí el viaje de la carta rogatoria se estancó por cuenta de la congestión en el centro logístico, sin que nadie lo advirtiera oportunamente.

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Si el gobierno objeta la Ley de la Justicia Especial para la Paz (JEP) les daría un golpe mortal a la justicia transicional y al acuerdo de paz. De hacerlo, el gobierno de Iván Duque entraría en un profundo choque con el Congreso, la Corte Constitucional y la comunidad internacional.

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