Hay una preocupación de la Fiscalía por la cantidad de procesos que corren en la Justicia Especial para la Paz (JEP) y que hasta el momento no han dejado mayores resultados, lo que abre la posibilidad de prescripción de las investigaciones en poder de esa jurisdicción.
Durante la rendición de cuentas de la Fiscalía, Juan Carlos Arias, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, advirtió que en poder de la Jurisdicción Especial de Paz hay más de 300.000 hechos ocurridos en el conflicto armado y que, en buena parte de los casos, según la Fiscalía, la JEP tendría la intención de devolverlos a la justicia ordinaria.
“Con la Jurisdicción Especial para la Paz estamos llamando la atención sobre la forma en que fueron armando su trabajo; no vemos claramente cómo es que van a tramitar los 200 o 300.000 hechos del conflicto armado, no lo vemos. Es una diferencia que tratamos con mucha amabilidad, pero estamos muy preocupados porque ellos están considerando la posibilidad de devolver esos procesos a la justicia ordinaria”, señaló el fiscal Arias.
La Fiscalía advirtió que la “consideración” de la JEP de devolver los procesos a la justicia ordinaria sería un fracaso para esa jurisdicción y para la justicia en general, pues pone en riesgo los procesos, ya que los términos de prescripción corren desde que se imputaron los hechos o se abrieron, apenas la JEP los notificó.
“Eso sería un fracaso en la medida en que las personas han sido indagadas o imputadas y sabemos que la prescripción sigue caminando, incluso en crímenes internacionales, después de que la persona ha sido vinculada al proceso, entonces tenemos una enorme preocupación con la jurisdicción para la paz”, dijo el fiscal.
En el mismo diálogo, el fiscal Arias explicó que el riesgo y la preocupación del ente acusador están en repetir lo que actualmente se enfrenta en la Ley de Justicia y Paz, que después de 20 años se han logrado apenas el 10 % de las sentencias en contra de 1.600 personas que fueron procesadas en esa jurisdicción.
“Algo así como atascados, porque después de 20 años de la ley, estamos procesando más de 1.600 personas y de ellas apenas hemos abordado 15.000 de 113.000 hechos. En otras palabras, estamos en algo más del 10 % de sentencias; no hay un solo paramilitar que se haya sentenciado por la totalidad de los delitos”, advirtió el ente acusador.
La advertencia de la Fiscalía parece una tragedia anunciada, en la que la JEP ha permanecido en silencio, pues devolver los procesos a la justicia ordinaria se convierte en lo que denuncia el ente acusador: un fracaso.