Lo que comenzó como una oportunidad de inversión terminó en un pleito jurídico para los copropietarios del proyecto Torre Barcelona, ubicado en el centro de Bogotá, que ofrece apartaestudios para renta a estudiantes y operación tipo hostal.
En la concepción, construcción y administración del edificio –de 28 pisos y cerca de 28.000 metros cuadrados– figuran como protagonistas empresarios catalanes cercanos al presidente Gustavo Petro y a la primera dama, Verónica Alcocer.
El proyecto Torre Barcelona en el centro nació de una iniciativa de Manuel ‘Manel’ Grau Pujadas, empresario y amigo personal de Alcocer, con quien incluso se le vio durante su estancia en Suecia.
Fuentes cercanas al proyecto le confirmaron a SEMANA que fue él quien se interesó por el lote en el que fue construido. Mientras el Grupo Solerium estuvo a cargo de la construcción de la torre, las sociedades de Grau asumieron la comercialización de las unidades habitacionales entre potenciales inversionistas. Estas tuvieron unos precios iniciales que rondaban los 140 millones de pesos.
También figuró en un principio la empresa Barcelona Export Group, cuyo fundador y CEO es un socio recurrente del principal promotor. Se trata de Xavier Vendrell, quien le confirmó a SEMANA que impulsó el proyecto hasta 2019, pero luego vendió sus participaciones.
Las ventas comenzaron hacia 2016 y en 2020 el Grupo Solerium entregó el edificio para empezar su operación, pero la condición desde un principio para todos fue dejarlo bajo el manejo del mismo Grau.
El contrato de operación, que suscriben los propietarios para la administración de sus ganancias y que venía amarrado desde la promesa de compraventa, se le otorgó a Smart Rooms Colombia S. A. S., que en documentos posteriores terminó siendo una empresa más pequeña de los mismos propietarios: The Spot Centro S. A. S.
La empresa matriz proviene de Smart Rooms Company SL, registrada en Barcelona (España) y propiedad de Josep Oriol Serrat Fillat y con Grau como socio.
SEMANA estableció que, al comienzo de la operación, Grau aparece como representante legal y propietario de The Spot Centro, según registros de la Cámara de Comercio de Bogotá. En su momento, se encontraba directamente ligado a la empresa operadora.
Con la operación se abrió simultáneamente un fideicomiso encargado de recibir los recursos, con el propósito de distribuir pagos equitativos entre todos los inversionistas. En medio de las quejas de estos últimos por no haber sido tenidos en cuenta, se decidió que el propio The Spot Centro asumiera el control de los dineros. En su calidad de representante legal, el catalán tenía control total sobre el fideicomiso.
SEMANA conoció que desde ahí comenzó un pleito entre copropietarios y operador, que por un lado alegan trampas, acciones a sus espaldas, engaños frente a los verdaderos estados financieros e incumplimiento de la promesa de rentabilidad, por lo que un grupo prepara una denuncia penal contra Grau y el operador.
Por parte del operador, aseguran que no se les ha dado espacio para una salida concertada y denuncian que fueron retirados forzosamente del edificio.
Las denuncias
Una de las primeras acciones legales que salpicó a Grau fue interpuesta por la familia propietaria del lote en el que se edificó la Torre Barcelona. Este medio conoció una queja disciplinaria ante el Consejo Seccional de la Judicatura, donde ellos piden investigar a sus propios abogados por un posible complot con el catalán que los dejó a punto de perder el terreno.
Según la queja, Grau presentaba “excesivo interés” en el lote. En la negociación, señalan los denunciantes, se llegó a acuerdos desventajosos para ellos. Esto coincidió con la evidencia de que el catalán habría pagado 650 millones de pesos a los apoderados de la contraparte.
“Este acuerdo contenía cláusulas y condiciones desventajosas para los propietarios del inmueble objeto de la negociación y sus términos igualmente eran muy favorables para el inversionista”, se lee en la queja, conocida por este medio.
Tras ponerse en marcha la venta, la promesa publicitaria y contractual de los inversionistas prometía resultados atractivos bajo el mando de The Spot: una rentabilidad promedio proyectada a diez años de 7,92 por ciento anual, mientras el mercado residencial está en 5,5 por ciento.
Según Defensa Inmobiliaria, firma que representa a los dueños de más de 220 unidades habitacionales de la torre, los resultados distan mucho de lo prometido.
“Los copropietarios recibieron aproximadamente 3 por ciento de renta, pese a que se alcanzaron ventas proyectadas de unos 10.000 millones de pesos al año”, dijo un vocero de la firma a SEMANA.
Así mismo, ante la Superintendencia Financiera, los copropietarios demandaron a Credicorp Capital Fiduciaria, al fideicomiso, a The Spot y a las sociedades promotoras y constructoras al considerar que el contrato fiduciario se habría constituido sin su participación y que se habrían cometido varias irregularidades, entre ellas el bloqueo de información y la no canalización íntegra de los recursos.
El inconformismo frente a The Spot como operador también se expresó en las asambleas de copropietarios, donde, mediante votación, la mayoría se pronunció en contra de su gestión.
SEMANA conoció el acta de una de esas reuniones, fechada el 24 de mayo de 2025, en la que el 82 por ciento de los asistentes afirmó que hubo una “violación al derecho de inspección” por parte del operador frente al 17 por ciento que consideró lo contrario.
Y ahora, a través de Defensa Inmobiliaria, se prepara una denuncia penal contra Smart Rooms, The Spot y el mismo Manuel Grau, entre otros, por los presuntos delitos de “estafa, administración desleal, abuso de confianza, fraude procesal y eventual concierto para delinquir”.
“Las denuncias serán individuales y algunas grupales. No es solo incumplimiento de pagos o rentabilidad baja, sino que el centro de la denuncia es la fabricación de un entramado contractual y societario con el fin de defraudar y obtener provecho patrimonial en detrimento de los inversionistas”, detalló el vocero de la firma, quienes incluso alegan “apropiación” del patrimonio de los que aportaron.
La salida forzosa
Por otro lado, SEMANA conoció, mediante fuentes cercanas al operador, que el edificio atraviesa una crisis que ellos atribuyen a una “toma forzosa” por parte de los copropietarios desde el pasado 8 de enero, hecho que los habría dejado por fuera de la administración.
Si bien los copropietarios que accionan legalmente contra The Spot dicen que fue una recuperación de la tenencia por “medios pacíficos”, desde la empresa alegan que se trató de una remoción que tiene a 143 estudiantes en vilo, con sus contratos de arrendamiento en el aire por el cambio de operador.
De acuerdo con fuentes internas, los funcionarios recibieron “trato vejatorio” y se restringió el acceso a estudiantes, incluso algunos menores de edad. Por eso, se interpuso una querella policiva y una demanda penal por lo ocurrido.
Además, aseguran que no hubo forma de negociar su salida del edificio, pese a que presentaron dos propuestas. Frente a los bajos rendimientos, señalan que si bien en algunos meses no se logró obtener los montos esperados, en algunas ocasiones los copropietarios recibieron el 7 por ciento sobre la inversión prometida.
Incluso, pese a la relación de Grau con la compañía, aseguran que el catalán ya no se encuentra ligado a The Spot en Bogotá.
SEMANA intentó comunicarse con Manuel Grau, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. Nuevamente, uno de los catalanes cercanos a la primera dama, Verónica Alcocer, está en el ojo del huracán por sus negocios en Colombia.