¿Qué tienen pendiente las altas cortes para 2019?

Estos son varios de los casos que tienen pendientes las altas cortes colombianas para 2019:

Ley de procedimientos de la JEP: Se trata del instrumento que definirá la operatividad procesal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Son 75 artículos que se aprobaron en el Congreso en julio del año pasado. Sin embargo, la Comisión de Juristas y Dejusticia presentaron una demanda contra esta ley por una presunta inconstitucionalidad de por lo menos cuatro normas. Las disposiciones en cuestión se pueden resumir en 3 puntos:

• Los casos de extradición deben contar con pruebas. El artículo 54 podría restringir la capacidad de la JEP para determinar si alguien puede ser extraditado o no. La demanda arguye que así “es imposible que los jueces se formen un criterio sustentado sobre el caso a decidir y, de esa forma, pierden la autonomía e independencia que caracteriza su labor.”

• Tratamiento especial para miembros de la fuerza pública,incluido a última hora, vulnera la Constitución. Impulsados por el Centro Democrático, el parágrafo 2º del artículo 11 y artículo 75, también están en entre dicho. Tienen que ver con el “tratamiento especial” para los miembros de la fuerza pública que hayan cometido crímenes durante el periodo del conflicto en Colombia. Además, se alega que estas disposiciones fueron añadidas a última hora, en el último debate, lo que impide una verdadera deliberación sobre dichos artículos.

• Derecho al buen nombre no puede estar por encima de los derechos de las víctimas. Se trata de una ponderación de derechos. El artículo 1, literal g, establece que el derecho al buen nombre debe preservarse en todo caso. El meollo de la demanda consiste en que para la Comisión de Juristas y Dejusticia “esto es inconstitucional, pues no puede ser siempre más importante el derecho al buen nombre que los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas del conflicto.”

Ahora la Corte Constitucional deberá tomar cartas en el asunto, así tendría que eliminar, ratificar o reinterpretar estas normas para que la ley tenga solvencia constitucional.

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Jorge Pretelt y Gustavo Malo: Ambos son exmagistrados, el primero integró la Corte Constitucional mientra que el segundo hizo parte de la Corte Suprema y fue apartado del cargo cuando estalló el escándalo del cartel de la toga.  Pretelt fue acusado por la Cámara por el presunto delito de concusión al supuestamente pedir 500 millones de pesos al abogado de Fidupetrol para ayudarle con una tutela que se tramitaba en esa alta corte. Por otro lado, Malo fue acusado por la Comisión de Acusación y su juicio penal se dará en la Corte Suprema de Justicia, precisamente el órgano del que hizo parte y desde donde supuestamente delinquió.

Álvaro Uribe: A pesar de parecer envolatado, el caso de los testigos falsos, en el cual se ven involucrados el senador Álvaro Uribe y el representante Álvaro Hernán Prada, la nueva Sala de Instrucción de la Corte Suprema está pendiente de reactivar dicha investigación. La primera determinación que deberá tomar esa instancia es si decide seguir adelante con el llamado a indagatoria que hizo la Sala Penal, diligencia que quedó suspedida cuando entró a operar la nueva primera instancia en la corte. 

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Glifosato:  El espinoso caso del Glifosato fue tema de campaña y ahora, electo Iván Duque, llega a la Corte Constitucional. El Gobierno le solicitó a la alta corte reanudar las fumigaciones aéreas a los cultivos ilícitos suspendidas durante la administración Santos. El estudio de este caso deberá iniciar en las próximas semanas con una audiencia pública. Allí el Gobierno tendrá que demostrar que cumple con los altos requisitos que estableció la Corte Constitucional en la sentencia T236 en 2017, cuando se prohibió la asperción con ese químico de la forma en que se hizo por lustros. 

Tres excongresistas: 1. Álvaro Ashton, salpicado por todas partes, se encuentra encarcelado. Es investigado por la Corte Suprema por delito agravado en un caso de parapolítica, y tiene otro proceso que proviene del monstruo de la corrupción que va cortando cabezas: Odebrecht. Además tiene otos expedientes por corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes. 2. Musa Besaile, este senador cordobés también está procesado por el llamado cartel de la toga” y su hermano, Edwin Besaile, exgobernador fue destituido por la Procuraduría.  3. Bernado ‘Ñoño‘ Elías, el senador, actualmente detenido, está también incurso en el escándalo de Odebrecht. El año pasado intentó un acuerdo de negociación con la Corte Suprema pero eso no llegó a nada y la Sala Penal del máximo tribunal le sigue dos procesos que podría significarle varios lustros de cárcel. 

Luis Alfredo Ramos: El exsenador, exgobernador de Antioquia y exprecandidato presidencial aguarda veredicto. Su caso lleva cinco años en desarrollo desde que la Corte Suprema de Justicia lo llamó a juicio. Es investigado por presuntos nexos con paramilitares. La etapa provatoria y los alegatos del caso ya se agotaron, solo resta que el máximo tribunal profiera el fallo. 

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Código de Policía: Se trata de la norma de convivencia ciudadana y sanciona conductas como tomar licor en lugares públicos, orinar en la calle, no recoger el excremento de su mascota o portar elementos cortopunzantes en el espacio público. Fue demandada ante El Consejo de Estado en diciembre de 2018. La demanda busca tumbar el artículo que impide “poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas”. Los demantes sostienen que el artículo riñe con la legalidad del consumo de dosis mínima que admite la Constitución.

Pérdida de investidura congresistas: Son aproximadamente 20 congresistas y excongresistas que han sido sentenciados a pérdida de investidura en 2018. Varios de ellos han apelado y se encuentran en segunda instancia en el Consejo de Estado.Los casos más sonados son los de Aida Merlano, quien sobrepasó los topes máximos que establece la ley para la campaña política para el periodo 2018-2022; Bernardo Miguel Elías y Pilinio Olano, salpicados por Odebrecht; Jesús Santrich e Iván Márquez, el primero por estar privado de su libertad con fines de extradición, el segundo, renunció a su curul en julio del 2017 a través de un comunicado para su partido, pero el oficio formal nunca llegó a la secretaría del Congreso.