MANO DURA

El domingo 15 de septiembre 500 guerrilleros de las Farc se tomaron la carretera al mar a la altura del túnel de La Llorona, entre Dabeiba y Mutatá, en Antioquia, e impidieron el paso de todo tipo de vehículos. En ese punto la carretera se encuentra entre dos empinadas cadenas de montañas. Cuatro días después, y ante la imposibilidad de llegar por tierra, las Fuerzas Armadas decidieron bombardear la zona para contrarrestar la acción de los subversivos y comenzaron a tender un cerco sobre los guerrilleros desde diferentes frentes. Cuando arreciaron los enfrentamientos, el Comité Internacional de la Cruz Roja solicitó una tregua con el fin de evacuar a varias comunidades indígenas que habitan en la zona. A pesar de que ese bloqueo estaba produciendo escasez de alimentos en la región de Urabá, el gobernador del departamento, Alvaro Uribe Vélez, dijo que no."La solicitud de la Cruz Roja de suspender las operaciones militares no es posible porque comprendemos que detrás de la bondad del organismo se escuda la mala fe de la guerrilla, que ahora quiere simplemente valerse de un sector inocente de la población civil para poder evitar las operaciones de la Fuerza Pública y fugarse de la región", aseguró Uribe Vélez. Y ordenó continuar con la ofensiva militar, que terminó el 26 de septiembre con la toma de la región por el Ejército y un elevado número de guerrilleros muertos. Afortunadamente ningún indígena salió lesionado, pero el riesgo existió. Uribe Vélez lo asumió consciente de que la solución de los problemas de orden público siempre puede tener un costo. El episodio es una muestra de la decisión con la cual está enfrentando el gobernador de Antioquia el problema de la subversión. Una postura que le ha valido la oposición de las organizaciones no gubernamentales vinculadas con el tema de los derechos humanos y el respaldo incondicional de agricultores, ganaderos y empresarios como Alberto León Mejía, presidente de Uniban, la mayor empresa exportadora de banano de Urabá, que ven en su gestión una prueba de que los problemas de orden público se pueden enfrentar si existe voluntad política. Según Mejía, "Alvaro Uribe es un hombre convencido de que la pusilanimidad medio ingenua de muchos líderes no ha servido sino para fortalecer a los violentos, y ha decidido asumir actitudes recias y transparentes, aun a riesgo de su prestigio político". La firmeza con que ha enfrentado Uribe Vélez a la subversión le ha dado un gran prestigio entre la clase dirigente de su departamento. Según José Gutiérrez, el más venerable de los patriarcas antioqueños _que a sus 80 y tantos años se mantiene en plena actividad_ "el gobernador ha demostrado un gran valor civil al tomar una actitud decidida frente a las necesidades de orden público y ha logrado reducir los efectos nocivos de la violencia". Esa admiración no se circunscribe, sin embargo, a los empresarios. Según una serie de encuestas de Gallup de Colombia, la aprobación del gobernador, que comenzó en un 64 por ciento en marzo de 1995 y bajó al 55 por ciento en julio del mismo año, subió al 73 por ciento en marzo de 1996 a nivel nacional. Y según una encuesta de Teledatos, llegó al 74 por ciento en Medellín en julio. Esta última encuesta arrojó, además, dos cifras significativas: el 68 por ciento de la población de Urabá _la más afectada por la violencia_ considera buena la gestión de Uribe Vélez y el 85 por ciento piensa que ha contribuido a mejorar la situación de seguridad. Represión y pedagogía No todo el mundo, sin embargo, está de acuerdo con él. Algunas personalidades, como el ex gobernador Ramiro Valencia Cossio, piensan que Uribe Vélez ha concentrado todas sus energías en el problema de cómo combatir la subversión, habiendo muchos otros asuntos por resolver. Tanto que, según Valencia Cossio, en Antioquia hay un buen gobernador y un mal gobierno: "El gobernador se dedicó al orden público y no ha habido quien lo ayude en lo demás, no hay coordinación entre los secretarios y los entes de gobierno, cada secretario es una isla que maneja sus propios intereses, y eso se manifiesta en la ejecución presupuestal que ha sido muy bajita". Esa crítica tiene razón en un aspecto. Aunque Uribe se niegue a reconocerlo, su gran prioridad ha sido enfrentar a la guerrilla. Esto no quiere decir que los otros frentes estén desatendidos (ver recuadro). Pero sí significa que el gobernador de Antioquia se está jugando una carta muy riesgosa que no dejará satisfechos a todos: reconocer que para resolver los problemas sociales de Antioquia hay que solucionar primero el del orden público. Trabajando en llave con su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, el gobernador está aplicando una estrategia integral contra la violencia, que, según él, debe combatirse simultáneamente en muchos frentes. Además del apoyo decidido a la Fuerza Pública está aplicando dos programas que son una verdadera innovación en Colombia: el impulso a las asociaciones de vigilancia ciudadana, Convivir, y la Pedagogía de la Tolerancia. Las Convivir fueron propuestas originalmente por el ex ministro de Defensa, Fernando Botero, para ser establecidas en todo el país con el nombre de Cooperativas de Seguridad. Como ese nombre producía reservas, por las malas experiencias con los grupos paramilitares, se le cambió al de Convivir, que tiene connotaciones más positivas. Su función es informar a las autoridades de las irregularidades que se presentan en su área de acción con el fin de facilitar la captura de los delincuentes y ayudar en la judicialización de los procesos. Están conformadas por una agrupación de ciudadanos, un comité coordinador y una central privada de comunicaciones, y obran en estrecha colaboración con la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Procuraduría. Su papel es de inteligencia y comunicación, y por el momento sólo cuentan con armas de corto alcance. En días pasados, sin embargo, Uribe Vélez levantó una gran polvareda al proponer que se dotara a las Convivir con armas de largo alcance con el fin de convertirlas en grupos de reacción inmediata en apoyo de las Fuerzas Armadas. Pedir armas de largo alcance era regresar a la idea original de Botero. Pero eso era precisamente lo que consideraba necesario el gobernador. Y lo que provocó la protesta de sus opositores, encabezados por el ex gobernador Ramiro Valencia Cossio, quien dijo que la idea de armarlas desnudaba la verdadera naturaleza de tales asociaciones. Pero Uribe se muestra muy seguro de lo que está haciendo y por eso no le molestan las críticas. "Este año hemos recibido visitas de Amnistía Internacional y de Americas Watch, y ninguna de las dos organizaciones ha encontrado nada irregular en el funcionamiento de las Convivir. Desde que fueron creadas las asociaciones sólo se ha registrado un caso de extorsión, que fue rápidamente neutralizado. Hay consenso, en cambio, en el papel tan positivo que han jugado en materia de seguridad. Y no son pocos los finqueros que han regresado a sus fincas gracias a la existencia de las asociaciones", dijo el gobernador a SEMANA. En el momento existen 48 Convivir en 46 municipios de Antioquia, y lo cierto es que la colaboración entre la ciudadanía y la Fuerza Pública ha empezado a dar resultados. Uno de ellos es la entrega en las últimas semanas de 75 guerrilleros del EPL y de las Farc. Otro, la muerte del comandante 'Juan Pablo' del ELN, tristemente célebre en Antioquia por su sevicia e historial delictivo, y de otros cuatro subversivos, gracias a la información de una Convivir. Este comandante guerrillero era un hombre de confianza del cura Manuel Pérez y uno de los principales recolectores de dinero para el ELN. En los últimos dos años había cobrado 10.000 millones de pesos por rescates. Pero no todo es guerra para Uribe Vélez. Partiendo de las cifras del Informe Nacional de Salud, que muestran que el 85 por ciento de la violencia en Colombia se genera en la vida cotidiana y sólo el 15 por ciento en problemas relacionados con el conflicto armado, está aplicando, con asesoría de la Universidad de Harvard, el Programa de Paz y Convivencia Ciudadanas, basado en la llamada Pedagogía de la Tolerancia, cuya filosofía esencial es que la violencia no sólo se combate sino que es posible prevenirla. En Antioquia, donde las disputas suelen resolverse a bala o machete, hablar de cambiar esa realidad suena utópico, pero el gobernador, desafiando a muchos escépticos, cree tanto en la pedagogía como en la represión. A través de un plan intensivo de educación en prevención y resolución de conflictos hasta el momento se han capacitado en talleres de paz 21.000 personas en el departamento, 5.000 de las cuales viven en la región de Urabá.

Sentimiento colectivo
Tal vez lo que más le llama la atención a cualquiera que visita Antioquia no es tanto la actitud del gobernador, sino la coincidencia de ésta con la de la ciudadanía. No se sabe si Alvaro Uribe Vélez interpreta el sentimiento colectivo o si con su liderazgo lo ha impuesto. Pero el hecho es que los antioqueños, conocidos por su empuje y eficiencia, están canalizando esas virtudes hacia la solución de sus problemas de orden público. La realidad es que la clase dirigente paisa, tal vez la más sofisticada y pacífica del país, está en pie de guerra. La palabra no gusta, pero no hay una mejor. No es una guerra ofensiva sino defensiva. Pero Antioquia tiene claro que después de haber sufrido, soportado y derrotado el narcoterrorismo, no se dejará amedrentar por la escalada subversiva que está viviendo el departamento. No es una decisión improvisada ni emotiva. Los antioqueños, con su gobernador a la cabeza, han llegado a la conclusión de que sin paz no podrá haber desarrollo. En este sentido el departamento se ha convertido en un caso piloto y el resto de los colombianos están mirando con atención este experimento. Hasta el momento los resultados han sido bastante halagadores. Medellín, capital del narcoterrorismo hace apenas cinco años, es hoy la capital con mejor calidad de vida y de mayor dinamismo del país. Después de superar muchos problemas, tiene hoy un tren metropolitano que es orgullo de todos sus habitantes, unos servicios públicos que son la envidia del resto de los colombianos y un desarrollo urbano organizado. Si el estado de ánimo de los bogotanos es el de que su ciudad es un infierno con pocas posibilidades de cambiar, los paisas piensan exactamente lo contrario: Medellín funciona y cada vez va a ser mejor. Otra región que está cambiando es Urabá. Después de 12 años Empresarios bananeros están regresando paulatinamente a sus fincas. Nadie desconoce la incidencia de los grupos paramilitares en la retirada de la guerrilla de la zona. Pero la acción del Estado también ha sido importante. Una estrecha coordinación entre la Fuerza Pública, la gobernación y la ciudadanía se ha traducido en la captura de más de 300 personas y se ha comenzado a respirar un nuevo ambiente. Como dice Adolfo Arango, el discreto e influyente presidente de Cemento Argos y una de las cabezas del Sindicato Antioqueño, "la manera tan positiva como ha manejado el gobernador las relaciones entre la autoridad civil y la autoridad militar, con reuniones permanentes y colaboración de unos con otros, sin duda alguna ha traído beneficios, como vemos en Urabá, donde ya se nota cierta pacificación y cierto comienzo de orden. Pero todavía falta mucho por hacer". Uribe, quien trabaja siete días a la semana, 18 horas diarias y espera el mismo rendimiento de su gabinete, se encuentra en el ojo del huracán por su política de "mano dura". En el manejo del orden público es donde se ha jugado todo su prestigio. Aquí los empresarios son unánimes en resaltar su valentía en "ponerle el pecho" a un problema con enormes costos personales y políticos. Hace unos meses la guerrilla incendió la finca de la familia Uribe, su mamá y sus hermanos, y asesinó al mayordomo. El año pasado, en el municipio de Vegachí, el gobernador y su comitiva presidían un consejo comunitario regional cuando fueron atacados por guerrilleros del ELN que buscaban tomarse el pueblo. El gobernador Uribe es consciente del riesgo que está tomando; por algo preside diariamente a las siete de la mañana un consejo de seguridad. La pregunta es si, como afirma el ex alcalde Luis Alfredo Ramos, le dedica demasiado tiempo a ese problema, corriendo el peligro de descuidar otros, o si, como lo afirma él, "no puede haber mayor prioridad para Antioquia que la paz". Del resultado final de toda esta política dependerá no solamente la suerte del departamento sino del gobernador. A los 44 años Alvaro Uribe Vélez es sin duda alguna una de las cartas que tendrá el liberalismo para jugarse en las futuras contiendas presidenciales. Hoy no es aún una figura nacional reconocida. La gestión de un gobernador no califica todavía para llamar la atención del país en materia de sucesión presidencial. Sin embargo, si esta gestión resulta en la pacificación de un departamento tan convulsionado y tan importante para el desarrollo del país como Antioquia, este criterio podría cambiar radicalmente.
LOS OTROS FRENTES
Apesar de que sus críticos afirman que Alvaro Uribe Vélez ha centrado toda su gestión en el problema de orden público y ha descuidado los otros problemas del departamento, los datos oficiales muestran otra cosa. En materia de educación la administración Uribe ha creado 72.000 cupos nuevos en primaria y secundaria, mediante un sistema de contratación con entidades sin ánimo de lucro que le ha traído dificultades con las asociaciones de docentes que lo acusan de privatizar la educación, pero que casi todo el mundo reconoce como uno de sus mayores logros. Otra de sus obsesiones son las obras públicas. "Antioquia _dice_ es un departamento muy pobre para darse el lujo de tener carreteras tan malas". Por eso su meta es triplicar el kilometraje de carreteras pavimentadas en Antioquia. Hasta enero de 1995 existían 305 kilómetros de vías departamentales con pavimento, y en este momento están en gestión cerca de 600 kilómetros más, de los cuales 429 se están financiando con el sistema de valorización. En salud ha logrado extender a los 124 municipios del departamento la cobertura de las instituciones creadas por la Ley 100 de 1993, de la cual fue ponente en el Senado. Su meta es que 1.300.000 personas de los estratos más pobres de Antioquia queden cubiertas por el régimen subsidiado de salud, y hasta el momento ha logrado vincular a un poco más de 500.000 personas. Ningún otro departamento del país ha podido avanzar tanto en esa materia. Ha conseguido grandes avances, también, en materia de desburocratización. Cuando recibió la gobernación había 14.000 empleados, hoy son 8.900 y al final de año se espera que sean 7.100. Sus críticos consideran que eso no es un logro sino una injusticia social, si se tiene en cuenta que en Antioquia el desempleo está alrededor del 15 por ciento. Son mayoría, sin embargo, quienes apoyan la poda. "Uribe se ha enfrentado con otros grupos políticos que creen que la gobernación es una bolsa de empleos. Hay que aplaudirle su actitud", dice Carlos Alberto Estrada, de la firma antioqueña Inversionistas de Colombia. La administración de Uribe Vélez ha desarrollado también acciones ambiciosas en otros frentes, como la creación de un programa de largo plazo en materia de ciencia y tecnología, la capacitación para el trabajo _con prioridad en las madres cabezas de hogar_, la apertura de bancos cooperativos de ahorro y crédito, la construcción de polideportivos en las zonas rurales del departamento y el desarrollo de un ambiente cultural activo a nivel local, que incluye la creación de una banda de música en cada uno de los 124 municipios del departamento. Todo, según él, como un complemento necesario a la búsqueda de la paz, que es su mayor prioridad.