La congresista María Fernanda Cabal, candidata por el Centro Democrático a su reelección en el Senado, solicitó este viernes al Consejo Nacional Electoral retirar la acreditación de la Misión de Observación de la Internacional Progresista (IP), al tiempo que les solicitó a las autoridades su inmediata expulsión del país “por intervenir flagrantemente en los asuntos internos de Colombia”.
María Fernanda Cabal explicó que “la delegación de la Internacional Progresista vino para apoyar a los candidatos del marxismo y para propagar mentiras sobre las instituciones colombianas”. En un comunicado publicado, recordó Cabal, la IP apoyó las protestas del año pasado y condenó al Gobierno por supuestamente violar los derechos humanos. “Esa no es la función de una misión de observación electoral y viola abiertamente el manual de los observadores”, dijo la senadora.
Cabal denunció, además, que “el candidato Gustavo Petro pertenece a la directiva de la Internacional Progresista, por lo cual debemos suponer que el verdadero objetivo de esta misión es promover la desestabilización y desprestigiar a Colombia”. Según la senadora, esta no es la primera vez que la Internacional Progresista se inmiscuye en los asuntos internos de las naciones. “En las pasadas elecciones de Perú y Honduras, la IP trabajó en favor de los candidatos Pedro Castillo y Xiomara Castro. Ahora quieren hacer lo mismo en Colombia para favorecer a los candidatos marxistas. Esto es inaceptable”, sentenció.
La Misión de Observación de la Internacional Progresista señaló, en el comunicado al que refiere Cabal: “El domingo Colombia acudirá a las urnas para elegir un nuevo Congreso, en medio de una ola de asesinatos y represión contra líderes y lideresas de movimientos sociales. Por invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Internacional Progresista se moviliza para observar las elecciones legislativas, ya que sus miembros expresan temor a la violencia”.
“Ha pasado menos de un año desde la represión militarizada de las históricas protestas populares de 2021, y sin embargo, esta violencia es solo una parte de una campaña más amplia de exterminio de la que las autoridades estatales colombianas siguen siendo cómplices. El mes pasado, Teófilo Acuña y Jorge Tafur, dos líderes del movimiento campesino, fueron asesinados en la noche en una vivienda del corregimiento de Puerto Oculto, municipio de San Martín, en el departamento del Cesar. Jorge Tafur había sido elegido recientemente como miembro de la Junta Nacional del Coordinador Nacional Agrario, Teófilo Acuña era expresidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, así como un querido portavoz del Congreso de los Pueblos, miembro de la Internacional Progresista”, agregó la Misión, dejando entrever su posición política sobre Colombia.
“Pocos días antes de sus asesinatos, denunciaron el acoso a las comunidades campesinas por parte de la policía, lxs grandes terratenientes y políticxs locales. Su sangre, y la de miles de personas más, ha manchado el proceso democrático en Colombia desde mucho antes de que comenzaran los preparativos para estas elecciones legislativas. Desde la firma del internacionalmente anunciado Acuerdo de Paz de Colombia en 2016, 306 firmantes de estos acuerdos han sido asesinadxs, según Indepaz, una ONG de control. En total, más de 1.320 líderes y lideresas sociales han sido asesinadxs durante ese mismo tiempo”, agregó dicha misión. “Por este motivo, el Observatorio de la Internacional Progresista envía una delegación a Bogotá: para garantizar que el proceso electoral sea libre, justo y, sobre todo, pacífico”, puntualizó el organismo.
Este 13 de marzo de 2022 se realizarán elecciones legislativas y consultas interpartidistas en Colombia. De igual manera, el 29 de mayo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. Los colombianos conocerán los nombres de los candidatos presidenciales por el Pacto Histórico, de la Coalición Esperanza y Coalición Equipo por Colombia.