Los peros del fiscal al Tribunal de paz

El acto legislativo que materializará todo lo acordado por el gobierno y las Farc en La Habana empezó su tránsito expedito en el Congreso y desde la primera jornada fue objeto de cuestionamientos. Durante más de diez horas en la Cámara intervinieron representantes de todas las bancadas, y funcionarios del gobierno, para defender o criticar el diseño institucional que plantea el proyecto “para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”. Sin embargo, resonó con más fuerza la voz del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien expuso una lista de observaciones.

Martínez se enfocó en los alcances y competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Es decir, en la médula del sistema de justicia transicional al que concurrirán los integrantes de las Farc, los militares y terceros para zanjar los hechos de más de 50 años de guerra. Cuestionó en primera instancia que el proyecto, tal como está redactado, extendería los beneficios y las penas alternativas de la justicia transicional también a guerrilleros disidentes y reincidentes. En concreto, el fiscal señaló que, por ejemplo, la prohibición de extraditar cobijaría también a guerrilleros que decidan marginarse del proceso de paz.

También pidió aclarar cuál será el tratamiento para quienes sigan delinquiendo después de la firma del acuerdo de paz con las Farc. “Los delitos continuados en que eventualmente incurran las personas desmovilizadas deben ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria cuando se extiendan más allá del 1 de diciembre de 2016”, dijo en el Salón Boyacá del Capitolio.

En otro punto, Martínez llamó la atención sobre la duda que abre el proyecto cuando habla de que la JEP enviará a la Cámara de Representantes los hechos que conozca y que “comprometan a una persona que ha ejercido la Presidencia”. La Constitución señala que la Comisión de Acusación de la Cámara es el ente competente para investigar a los presidentes por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de sus funciones, y el fiscal ve con sospecha que el texto en discusión podría comprender hechos en que haya incurrido un presidente antes o después de su cuatrienio oficial.

La observación, de inmediato, generó debate en el Congreso, donde se alcanzó a decir que se buscaba complicarle la vida a Álvaro Uribe Vélez. Las Farc también reaccionaron. Iván Márquez aseguró desde su cuenta en Twitter: “El fiscal está empeñado en destruir lo construido con tanto esfuerzo en La Habana. Desde hace rato quiere dañar la JEP y el Acuerdo de Paz”.

Pero en los mismos pasillos del Congreso y en las intervenciones posteriores a la del fiscal empezaron a aflorar también respuestas oficiales a sus peros. El gobierno dice que no hay inconveniente en introducir precisiones al texto y encomendó a los congresistas ponentes reunirse con Martínez para convenir las claridades que se requieran.

El viernes, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz expidió un comunicado breve y contundente que responde a varias de las preocupaciones del fiscal. “Quien no participe del proceso de dejación de armas en los términos establecidos en el Acuerdo Final, es decir, que hace entrega de sus armas a las Naciones Unidas en las zonas veredales, no podrá tener acceso a los tratamientos penales especiales previstos en el sistema. Quien se salga del proceso de paz, perderá todos los beneficios y será investigado por la jurisdicción ordinaria”, dice el comunicado.

El gobierno asegura que la próxima semana, cuando el proyecto continúe su tránsito en la plenaria de la Cámara, se verán reflejadas en el texto las claridades y precisiones necesarias para tranquilidad de todos, empezando por el fiscal general.