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| 3/12/2019 8:43:00 AM

“Objetar la estatutaria de la JEP es una inconveniencia política”: Alfonso Gómez Méndez

El exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez explica el galimatías en que está el gobierno de Iván Duque ante el incierto trámite de las objeciones a la estatutaria de la JEP en el Congreso.

“Objetar la Estatutaria de la JEP es una inconveniencia política” Alfonso Gómez Méndez Alfonso Gómez Méndez, ex Fiscal General de la Nación, ex Procurador y ex Ministro de Justicia Foto: Juan Carlos Sierra / SEMANA

SEMANA: En su última columna usted le aconsejó al presidente no objetar la ley estatutaria de la JEP. ¿Por qué cree que el camino de la objeción no era el adecuado?

Alfonso Gómez Méndez: Creo que es una inconveniencia política. Algunas de las objeciones podrían tener cierto sentido en el terreno jurídico. Pero la verdad es que el país ya había pasado la página de la justicia transicional. En ese sentido, yo hubiera querido que el presidente sancionara inmediatamente el proyecto de ley que ya tenía el visto bueno de la corte. Aquí el Gobierno lo que hizo fue reabrir un debate que ya se daba por cerrado. Esto, de alguna manera, me recuerda a lo que pasó con el plebiscito. Como ministro de Justicia le recomendé al presidente Santos que no sometiera los acuerdos a una refrendación popular porque no era necesario. Santos, y el país, se hubieran ahorrado muchos dolores de cabeza si él hubiese utilizado los mismos instrumentos que usaron sus antecesores en el pasado para consolidar la paz. Aquí pasó algo parecido. Objetar la ley, aun cuando es jurídicamente viable, es políticamente inconveniente.

SEMANA: ¿Por qué resulta políticamente inconveniente?

A.G.M.: Porque ahora el Gobierno tiene que atender una serie de flancos adicionales a los que ya tenía. Fíjese, los dos periódicos de más circulación, El Tiempo y El Espectador, coincidieron en eso. Muchos sectores, no necesariamente desafectos al Gobierno le habían pedido al presidente que no abriera esta tronera. En términos legislativos cosas tan importantes como el Plan Nacional de Desarrollo, el tema de las TIC, la reforma política o la reforma a la justicia pasarán a un segundo plano. Como elemento adicional, esto puede llevar al presidente a ceder en un tema en el que había sido inflexible: el de la no mermelada. Al ser este un punto de honor para Duque, puede que los parlamentarios se aprovechen de esa necesidad para someterlo a una especie de chantaje burocrático.

Muchos sectores, no necesariamente desafectos al Gobierno le habían pedido al presidente que no abriera esta tronera.

SEMANA: ¿Existe alguna posibilidad de que las objeciones pasen sin tener que dar puestos?

A.G.M.: Yo diría que absolutamente ninguna. Así como todos los acuerdos de paz pasaron con puestos porque, de una tiempo a esta parte, el único lenguaje que se entiende entre el Ejecutivo y el Legislativo es el de los puestos. Muchos de los parlamentarios que fueron partidarios de los acuerdos hoy lo son de las objeciones. Eso le da una idea de cómo funciona la cosa. Aquí veo que pueden pasar dos cosas: que esto rompa aún más la cohesión congresional o que le sirva al Gobierno para alinear y consolidar las fuerzas de derecha. Lo que es seguro es que este tema se convertirá en caballito de batalla para las elecciones que vienen.

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SEMANA: ¿Esta decisión dificulta el propósito que se había planteado el presidente de pasar la página de la polarización?

A.G.M.: Pues yo tengo la idea de que la polarización política per sé no es mala. Es decir, si se entiende por polarización política que haya visiones distintas de país. Hecha esa aclaración, yo sí pienso que esto va a agudizar mucho más las controversias. Probablemente se complique la relación entre el presidente y el poder judicial.

Vea aquí la intervención del presidente Iván Duque donde anuncia las objeciones

SEMANA: ¿Está entonces el país ante el comienzo de un choque de trenes entre las dos ramas?

A.G.M.: Se pueden revivir ciertos episodios del pasado. La Corte Constitucional ha sido prudente y no ha hecho declaraciones pero es evidente que esto no le va a gustar. Así las objeciones sean por inconveniencia, esa corporación no va a ver con buenos ojos que el presidente cuestione una norma que ya tenía su aval.

SEMANA: ¿Cual es la razón para que el Gobierno objete unos temas y para otros plantee proyectos de ley para modificar el acto legislativo?

A.G.M.: Ahí hay temas delicados. El de la violencia sexual contra menores, por ejemplo. En el acuerdo se contempló que aun esta violencia terrible podría ser parte de la JEP. Cuando eso pasó por el Congreso algunos parlamentarios presentaron una propuesta para que la cosa no pasara. La corte luego declaró inconstitucional esa modificación diciendo que los acuerdos ya incorporados a la Constitución decían lo contrario. Entonces en ese sentido es válido que el Gobierno diga que en temas como este necesitaría una reforma constitucional.

Yo sí pienso que esto va a agudizar mucho más las controversias. Probablemente se complique la relación entre el presidente y el poder judicial.

SEMANA: Hay quienes dicen que sacar el tema de la violencia sexual de la JEP acabaría con el proceso de paz porque muchos exguerrilleros pueden tener delitos de ese tipo...

A.G.M.: Esa fue una consideración que los negociadores tuvieron en cuenta en los diálogos de La Habana. Hay que decir en todo proceso de paz hay que hacer concesiones y está claro que esta es una concesión que muchos colombianos hubiéramos preferido que no se hiciera, pero que se volvió indispensable. Ahora, esta y otras reformas pueden llevar a que se desbarate el proceso de Paz.

SEMANA: Al no haber jurisprudencia sobre objeciones de este tipo, hasta ahora todo está en el terreno de la especulación. Miremos los escenarios. ¿Si las objeciones pasan en las dos cámaras qué pasa?

A.G.M.: Si pasan en Senado y Cámara desaparecerían las 6 normas que fueron objetadas y el Congreso tendría que reemplazarlas por otras. Ahí se armaría un galimatías jurídico grande porque, al tratarse de una nueva ley, tendría que volver a pasar por la Corte Constitucional para que se repita el proceso que estamos viviendo pero ahora en relación a esas nuevas normas que surgirían. La corte podría determinar que se ajustan a la constitución y enviarlas para sanción presidencial, o definir lo contrario y volverlas a tumbar.

La verdad es que la implementación de los acuerdos viene fallando desde el Gobierno pasado.

SEMANA: Mientras se surte ese proceso, ¿Qué pasaría con las normas de la ley estatutaria que no fueron objetadas?

A.G.M.: No entran a regir porque la ley es integral. Es decir, una ley no puede regir por partes.

SEMANA: Si las objeciones pasan en el Senado pero se caen en la Cámara, ¿Cuál es el escenario?

A.G.M.: Se ha dicho que en ese escenario se caería la ley estatutaria completa pero eso no es verdad. Se caerían esas objeciones puntuales porque para ser aprobadas tienen que pasar en la plenaria. De todas maneras, pase lo que pase, la cosa tendrá necesariamente que volver a manos de la Corte Constitucional.

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SEMANA: ¿Pero si en todos los escenarios la cosa va a terminar en la corte, no se está metiendo el Gobierno en un desgaste innecesario que va a acabar en los mismo?

A.G.M.: Como dice en la poesía: "Tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas quiero amigo que me digas ¿Son de alguna utilidad?"

SEMANA: Hasta ahí el escenario jurídico. En términos de afectación a la paz, ¿Qué efectos tendrá esto en la implementación?

A.G.M.: Pues esto hay que decirlo claramente. La verdad es que la implementación de los acuerdos viene fallando desde el gobierno pasado. Los incumplimientos no son de ahora y el mismo ex presidente Santos lo ha reconocido. Ahora, un hecho como este si contribuye a que se enturbie el proceso y da una sensación de inseguridad jurídica muy complicada.

SEMANA: De todo este desgaste que se viene, ¿Qué es lo que gana el Gobierno?

A.G.M.: Por lo general todos los procesos de paz molestan a la gente. Ver en el Congreso a guerrilleros que han cometido delitos atroces no es fácil. En esa medida, y lo hemos visto en las encuestas, irse en contra de esos esfuerzos es popular. Pero en estos temas hay que ir más allá de la coyuntura y olvidarse de la popularidad momentánea. Cualquier proceso de paz, por imperfecto que sea, es mucho mejor que la continuación de la guerra.

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SEMANA: ¿Incumplir los protocolos firmados con el ELN y objetar la JEP no deja la sensación del que el Estado colombiano no cumple su palabra? ¿No complica esto un eventual intento de negociación en el futuro?

A.G.M.: Sin duda esto no ayuda a la consolidación de futuros procesos de paz por que estos están edificados sobre el supuesto de que hay que cumplir. Cuando un juez trató de desconocer los acuerdos alcanzados con el M-19 muchas personas, incluido Álvaro Uribe, salieron a decir que había que respetar los acuerdos inclusive amnistiando los actos terroristas del Palacio de Justicia. En ese entonces se consideró que la paz era un bien superior. La popularidad que hoy tienen personas como Petro o Antonio Navarro nos muestran que tarde o temprano la gente logra perdonar.

SEMANA: ¿Cómo ve la cosa con la comunidad internacional? ¿Queda mal parado el Estado Colombiano?

A.G.M.: Frente a eso una sola observación. La comunidad internacional le pidió al presidente que no objetara la ley. Como lo hizo, pues uno pensaría que la gente que ha pedido algo y no le hacen caso no queda contenta.

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