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| 7/15/2019 11:08:00 AM

¿Por qué Petro pide llamar a Arias a declarar sobre Odebrecht?

El senador solicita que el exministro también sea escuchado en el marco de ese proceso. Estos son los elementos que vinculan al extraditado exfuncionario con ese caso.

Petro pide a la Fiscalía que llame a testificar a Arias por Odebrecht Según Otto Bula, Arias "era un hombre cercano a Odebrecht, y Odebrecht le tenía como una gratificación o le regalaba una plata mensual al exministro". Foto: Foto: Revista SEMANA

La tormenta política que generó el regreso de Andrés Felipe Arias a Colombia sigue creciendo. Este lunes, Gustavo Petro le agregó un nuevo ingrediente a la polémica que rodea al exministro. En un trino le pidió al fiscal general, Fabio Espitia, escuchar al exministro en el caso de Odebrecht. 

Cuando se destapó ese escándalo y Arias se encontraba en los Estados Unidos, Otto Bula había asegurado que el exministro tenía un contrato de asesoría con esa firma multinacional. Esto habría ocurrido entre 2009 y 2010, cuando la empresa aún no estaba inmersa en sus líos judiciales, y él acababa de renunciar al Ministerio de Agricultura para aspirar a la Presidencia de la República. "Era un hombre cercano a Odebrecht, y Odebrecht le tenía como una gratificación o le regalaba una plata mensual al exministro", dijo Bula en su momento. 

Un video revelado por ‘Noticias Uno‘ dejó clara esa cercanía que existía entre Arias y Marcelo Odebrecht, el presidente de esa constructora. En este el empresario brasileño visita con Arias la Casa de Nariño para encontrarse con el entonces presidente Álvaro Uribe. Aunque es normal que los empresarios se reúnan en Palacio, las imágenes confirmaban la cercanía que en su momento tenía Arias con esa compañia. 

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El exministro ha sido el eje de la conversación política esta semana por cuenta de este pedido del senador de la oposición, pero también por la solicitud de que se tramite una doble instancia en su caso. Respecto a esa salida, Arias tiene dos vías que en este momento le abren una esperanza judicial. La primera es la petición de su abogado, Víctor Mosquera, quien formuló una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia para que revise la sentencia por ese motivo. La segunda, una ley que se está tramitando en el Congreso para darle esa posibilidad. 

Hace poco menos de un año, y tras una reforma legal, la corte creó las salas especiales de Instrucción y Juzgamiento, con lo cual ahora los aforados tienen garantizada la doble instancia, tal como lo demandó Naciones Unidas. El problema es que la figura opera hacia adelante, no para atrás. Con ese argumento, la Sala Civil de la corte ya negó la tutela de Arias. Estos magistrados concluyeron que no podían atribuirse la facultad de revocar fallos en los que hay cosa juzgada. Además, como la Sala Penal –la que profirió la condena– es la última instancia, se requeriría un superior jerárquico, que no existe, para que revise los fallos emitidos.

La tutela del exministro ahora está en apelación en la Sala Laboral, y si la rechazan, Arias aún podría presentarla para revisión de la Corte Constitucional. El exministro tiene mayores expectativas en este tribunal. Hace apenas unas semanas los magistrados constitucionalistas fallaron una tutela en la que le ordenan al Congreso legislar para rediseñar la arquitectura judicial del país, de tal forma que se garantice efectivamente la doble instancia para todas las personas, incluyendo los altos dignatarios juzgados por la Corte Suprema de Justicia sin un segundo árbitro.

El exministro también abriga otra gran expectativa: que su partido, el Centro Democrático, logre sacar avante en la próxima legislatura un proyecto de ley que le abra paso a la doble instancia retroactiva. En los pasillos del Capitolio la llaman la ‘ley Arias’. “Que todo colombiano que haya sido sujeto de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en única instancia tenga derecho a la segunda instancia, porque hacia adelante eso se está dando y lo que se necesita es que tenga efecto retroactivo”, explicó el expresidente Uribe, primer abanderado de la iniciativa.

El expresidente y senador Álvaro Uribe es el principal abanderado del proyecto de ley que busca abrirle camino a la doble instancia retroactiva. El proyecto, por supuesto, tendrá el apoyo del Gobierno. Y la llegada de Arias en condición de extraditado hará que la iniciativa más que nunca se vuelva prioridad en la agenda política. Pero la ley deberá superar no pocos escollos. Según el representante Juan David Vélez, ponente del proyecto, no más de 250 sentencias emitidas por la Corte Suprema revivirían para ser revisadas, de ser aprobada la ley. La cifra en sí misma no es menor, y se hace más compleja al tener en cuenta que se trata de reabrir la historia judicial del país frente a casos altamente complejos como el proceso 8000, la yidispolítica y cada uno de los 70 congresistas condenados en la parapolítica.

También hay que tener en cuenta que otros condenados en única instancia van a solicitar que se les aplique la ‘ley Arias’. Por ejemplo, personas no aforadas que han sido absueltas inicialmente, pero que luego un tribunal superior condenó en segunda instancia. Se calcula que allí revivirían otros 500 casos. Tampoco hay idea de cuánto puede significar en demandas contra el Estado la posibilidad de que revivan centenares de expedientes. El proyecto del Centro Democrático tiene el desafío de resolver esos dilemas, además de señalar cuál instancia se encargaría de revisar las sentencias.

La esposa de Arias, Catalina Serrano, ha sido la más aguerrida defensora del exministro. Ha estado junto a él en Colombia y en Estados Unidos donde finalmente fracasó su intento por obtener asilo.

Aun resolviendo esos escollos y suponiendo que el partido de gobierno logre el consenso político para triunfar en el Congreso, una vez la ley se convierta en realidad podría terminar en la Corte Constitucional, vía demanda. Y allí bien podría hundirse de haber sido concebida con errores de forma o de fondo. Por toda esa complejidad e incertidumbre, no sería descartable que Arias consiga primero la libertad condicional luego de otros tres años de cárcel.

Como el Centro Democrático y otros sectores consideran injusto el caso Andrés Felipe Arias, es previsible que el Gobierno haga lo posible por ayudarlo dentro del marco de la ley. Ese margen, sin embargo, tiene límites. Por haberse fugado, el juez de ejecución de penas no puede concederle la casa por cárcel. Sin embargo, las condiciones y el lugar de reclusión dependen directamente del Inpec, órgano sobre el que manda el presidente Iván Duque. Eso significa que es muy probable que Arias no vaya a una cárcel, sino a una guarnición militar como el Centro de Estudios Superiores de la Policía o que regrese a la Escuela de Caballería del Cantón Norte de Bogotá, donde ya estuvo dos años detenido.

Vea en video el camino que llevó a Arias a su extradición

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