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| 8/27/2018 11:46:00 AM

Por Hidroituango, EPM y la ANLA están en la mira de la Contraloría

Aunque han pasado más de tres meses desde la emergencia en el megaproyecto hidroeléctrico Ituango, las preguntas sobre las fallas siguen sin contestar. La Contraloría halló 35 presuntas irregularidades que tendrían consecuencias disciplinarias y penales.

Por Hidroituango, EPM y la ANLA están en la mira de la Contraloría Por Hidroituango, EPM y la ANLA están en la mira de la Contraloría Foto: Cortesía

En un informe de 442 páginas, la Contraloría General muestra 35 presuntas irregularidades constructivas y de licenciamiento ambiental que encontró en Hidroituango. Según el organismo, hay problemas que podrían acarrar decisiones disciplinarias y penales.

Según el informe, EPM y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) habrían cometido delitos pues por “la ausencia de estudios ciertos y diseños reales, a lo largo de la ejecución del proyecto han tenido que generarse 12  modificaciones a la licencia ambiental, las cuales tampoco contaron con los estudios y diseños suficientes y detallados y la ANLA sin las bases suficientes en algunos casos, las ha otorgado”. Además, se asegura que el organismo ignoró las condiciones geológicas de la zona donde se construyó el embalse.

Ante dicho dictamen, la ANLA aseguró que no fue el organismo encargado de licenciar el megaproyecto hidroeléctrico, aunque sí tuvieron que autorizar las modificaciones de licencia. Una de ellas tenía como objeto la perforación del túnel que pasados unos años colapsó y terminó en la actual emergencia. Desde allí respondieron: “No consideramos correcto crear distracciones, endilgando a la ANLA responsabilidades que no le corresponden, tratando de generar confusión”.

Lo que sí es cierto es que la licencia la otorgó en 2009 el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y por entonces se creía que el proyecto estaba lejos de realizarse. El gran problema de este licenciamiento es que ha estado mediado por la “necesidad” que tiene el país de salvaguardar su futuro energético.

Por su parte EPM aseguró que “desde el principio de la contingencia, ha manifestado su interés en que se aclaren todas las dudas que se tengan sobre la obra. Por ello, y como es su deber y su voluntad, ha suministrado a las autoridades y los organismos de control la información requerida para que se adelanten las revisiones sobre la gestión y la ejecución del proyecto”. Además aseguraron que “varios aspectos relacionados con los hallazgos anunciados por la Contraloría General de la República se encuentran desde hace varias semanas en proceso de investigación por parte de Auditoría Corporativa y Control Disciplinario de EPM”, como lo había anunciado hace unas semanas el gerente, Jorge Londoño de la Cuesta.

Además, la Contraloría también señaló que el área de influencia del megaproyecto también estuvo mal diseñada, por lo que a la hora de evacuar Puerto Valdivia (corregimiento de Valdivia, norte de Antioquia, que hasta el día de hoy está deshabitado) y determinar un espectro de afectación, todo fue desorden y caos: “De acuerdo con la licencia ambiental, el área de influencia del proyecto va hasta el corregimiento de Puerto Valdivia, sin embargo, dadas las situaciones de emergencia ocurridas desde el pasado 28 de abril, de la cual se desprende que los impactos y efectos físicos, sociales y ambientales tienen una cobertura mucho mayor que incide incluso en los departamentos de Sucre y Bolívar. Existe una deficiente identificación, caracterización y determinación del área de influencia asociada a este proyecto”.

Este último punto ha sido muy criticado por los opositores de Hidroituango, quienes han recalcado que los más afectados por la presa son los pueblos que están aguas abajo y que ahora viven bajo la zozobra de tener un mar a sus cabezas que podría venirse en cualquier momento. Por ahora el documento de la Contraloría ha sido el único instrumento que ha puesto el dedo en la llaga de Hidroituango, los damnificados y la sociedad esperan que las partes respondan con pruebas y la verdad.  

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