Procuraduría abre investigación a dirección del UNGRD por presunta contratación irregular

El contrato por el que se abre la investigación es el suscrito entre UNGRD y la sociedad Proalimentos Liber S.A.S para la adquisición de kits alimenticios, que suman 2.340 millones de pesos y cuyos recursos corresponden al presupuesto destinado para enfrentar la pandemia de la covid-19, señaló en un comunicado de prensa la Procuraduría General de la Nación.

El material probatorio que están analizando demostraría que la sociedad Proalimentos Liber S.A.S habría sido contratada de manera directa, contrario a lo que dispone la ley, pues no se revisó que había una sanción anterior impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, por cartelización y presenta múltiples quejas por presuntas prácticas de abuso monopolístico en productos y precios, información que no fue tenida en cuenta a la hora de adjudicar el millonario contrato.

Uno de los puntos que también estarán bajo la lupa del ente de control es el hecho de que desde la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres habría suscrito un documento presuntamente irregular, denominado “Acuerdo de entendimiento y colaboración con el Minsalud”, entre González Angulo y Lubín Burgos Bernal, secretario general del Ministerio de Salud, para adelantar estos procesos contractuales y estructurar los componentes económico, financiero y jurídico de los procesos de selección de contratistas, que al parecer venían siendo realizados antes de la pandemia por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Lo que se pretende establecer desde la Procuraduría es “si las situaciones fácticas denunciadas constituyen falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se cometieron y la responsabilidad de los sujetos investigados”.

Para lo anterior, solicitaron las copias de los contratos mencionados, las de las resoluciones de declaratoria de urgencia manifiesta emitidas por la Unidad para agilizar estos procesos, así como la del Acuerdo de Entendimiento y Colaboración con sus respectivas modificaciones, y los antecedentes contractuales que sirvieron de base para negociar directamente con Proalimentos Liber S.A.S.

Cabe recordar que en 2018 Proalimentos Liber S.A.S. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante Resolución No. 46587 del 5 de julio de 2018, formuló pliego de cargos contra diez contratistas, una asociación de empresarios del sector de alimentos y 18 personas naturales proveedoras de productos alimenticios, requeridos por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá para su Programa de Refrigerios Escolares en el período comprendido entre 2007 y 2017.

Según la entidad de control, la práctica anticompetitiva imputada a los contratistas investigados, tenía como finalidad repartirse, entre ellos, las distintas zonas de la ciudad respecto de la contratación de dicho programa, que beneficia a más de 780.000 niños en edad escolar, matriculados en el sistema educativo oficial de la capital del país.

Es así como la SIC estableció que los contratistas más grandes, antiguos y consolidados del mercado se habrían cartelizado para no competir por cada una de las zonas objeto de adjudicación, con el objeto y/o el efecto de distorsionar o manipular el resultado de los mencionados procesos de contratación pública.

Así mismo, de acuerdo con la entidad, con su conducta anticompetitiva, los investigados habrían afectado procesos de contratación pública por un presupuesto aproximado de 1,5 billones de pesos.

Los investigados de ese entonces fueron los contratistas investigados son Aerodelicias SAS, Servicial SA, La Campiña SAS, Industrias Alimentos y Catering SAS - Catalinsa SAS, Diseral SAS, Fabio Doblado Barreto, Iberoamericana de Alimentos y Servicios SAS, Proalimentos Liber SAS, Alimentos Spress SAS, Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda. y Asociación Colombiana de Empresas Proveedores de Alimento – Asoproval.