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Procuraduría pide procesar al hombre que destrozó la bandera LGBTI en Medellín

Para el órgano de control no se puede calificar como un ejercicio de libertad de expresión "sino que es un acto de hostigamiento, pues busca promover la discriminación" hacia los integrantes de esta comunidad.

5 de julio de 2019

Luis Emilio Arboleda sigue en el ojo del huracán. Este jueves, la Procuraduría le solicitó a la Fiscalía investigar por hostigamiento agravado a este hombre que el destrozó con una navaja la bandera LGBTI que las autoridades locales izaron en el Cerro Nutibara de Medellín, conocido por el Pueblito Paisa. “Tráigannos la de Antioquia”, se escucha en un video que circula en redes sociales, mientras el grupo de hombres usan una navaja para bajar la bandera del asta y luego la cortan y la botan a la basura. 

Para el ente de control, este comportamiento constituye un acto de hostigamiento, "pues buscaba promover un acto de discriminación hacia los integrantes de la comunidad LGTBI, tradicionalmente segregada por su orientación sexual". Contrario a lo que algunos defendieron en redes sociales, el comportamiento de Arboleda no se enmarca como ellos creen en un ejercicio de libertad de expresión.

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En el documento que el procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, Carlos Medina Ramírez, le hizo llegar al fiscal encargado, Fabio Espitia Garzón, le pide priorizar el caso y adelantar las acciones pertinentes para sancionar este comportamiento.

A pesar que el ente investigador informó que ya tiene a un fiscal al frente del caso, la Procuraduría es la primera que solicita que el proceso se lleve a cabo por hostigamiento agravado. Esto en parte se debe a que las personas involucradas en el acto vandálico no se limitaron al daño de un bien público, sino que fueron más allá y "buscaron un daño moral, materializado en un ambiente de odio, respecto de las personas que ostentan tal condición sexual, por quienes en el momento presenciaban tal comportamiento y con la posterior difusión".

Otro detalle que agrava su situación es que la bandera de la comunidad LGBTI había sido izada en el marco de una iniciativa de la Alcaldía de Medellín, en asocio con organizaciones que defienden la igualdad, para promover la tolerancia y el respeto por la diversidad, que a su vez, constituía "una invitación a respetar, reconocer y valorar la diversidad sexual y las identidades de género en la ciudad".

Por todo esto es que el procurador se para en la raya para que Arboleda sea procesado por el delito de hostigamiento, porque el contenido de su comportamiento (bajar, rasgar con un arma blanca, y botar la bandera, acompañado de un discurso de odio), constituye un acto que promueve e incita a la violencia e intolerancia del conglomerado social, respecto de las personas que no comparten su orientación sexual, traducido en un daño moral a quienes hacen parte de esta minoría.

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Entre otros artículos y sentencias de las que echa mano para argumentar su postura, está el artículo 134c del Código Penal que indica que las penas previstas se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando: "La conducta se ejecute en espacio público, establecimiento público o lugar abierto al público". También cita fragmentos de la sentencia C-091-2017 de la magistrada María Victoria Calle de la Corte Constitucional quien hace un tipo hizo énfasis en que: "El tipo penal de hostigamiento se inscribe en la Ley Antidiscriminación, cuerpo normativo que persigue el fin imperioso de erradicar un fenómeno que atenta contra la igualdad, la dignidad humana, y se encuentra prohibido de forma definitiva o absoluta en las normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos".

A Arboleta su acto de intolerancia le saldrá más caro que el monto que le impuso la Policía el día que lo multó. Ahora, si la Fiscalía decide darle eco al llamado de la Procuraduría, tendrá que llevarlo ante los estrados judiciales. Con sus acciones promovió la violencia, según la Procuraduría. Esto en otras sociedades es reconocido como actos de odio.